La extrema derecha ha vuelto a activar sus campañas de censura contra artistas. El grupo municipal de Vox en Fuengirola ha situado a la artista Samantha Hudson en su listado de blasfemas y ha pedido que se prohíba su actuación, prevista para este martes en el marco de la Feria de Nuestra Señora del Rosario. ¿El motivo? Un supuesto atentado contra los "sentimientos religiosos".

"Las letras que se van a cantar en la actuación musical son una falta de respeto hacia un colectivo, y no vamos a consentir que se ataque a cientos de asistentes encima de un escenario público", proclamó el partido de ultraderecha en un comunicado. 

La petición de censura contra Hudson contrasta con lo ocurrido el pasado fin de semana en el festival que celebró Vox en Madrid, donde un grupo musical de ultraderecha llamado Los Meconios cantó una canción declaradamente golpista. 

"Vamos a volver al 36"; "cabreamos siempre a los comunistas y feministas"; o "Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia", pudo escucharse en distintos tramos de la canción. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue esta actuación. 

Vox ha declinado pronunciarse sobre el contenido de esas frases, al tiempo que ha amplificado en redes sociales un mensaje de los autores de la canción en el que aseguran que no son ellos quienes quieren volver a aquella época golpista, sino que es "este Gobierno" el que "nos está llevando al año 36".

Lo cierto es que la tijera que la ultraderecha quiere aplicar en Fuengirola contra Samantha Hudson ya ha sido empleada anteriormente por esta formación política. En agosto del año pasado, Vox dirigió sus dardos contra Zahara, otra artista que, según los parámetros de la concejala ultraderechista María de los Ángeles Ramos, ataca la "libertad religiosa".

La portavoz de Vox en el ayuntamiento de Toledo ya puede incluir la censura a su currículum: en junio de 2021, Ramos reclamó que el Gobierno municipal prohibiese al rapero Frank-T, invitado para presentar un concierto de música hecha en esa ciudad.

"Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Toledo apruebe que uno de los autores de la canción 'Los Borbones son unos ladrones' sea el presentador de un concierto para reivindicar la música hecha en nuestra ciudad. Recordamos que esa canción es un guiño a Valtònyc y Pablo Hasél, condenados por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona", afirmó entonces Ramos.

Pocas semanas después, el partido de ultraderecha presionó al ayuntamiento de Zaragoza para que incluyera entre las cláusulas de los contratos con artistas y músicos "una mención explícita a la proscripción de los delitos de odio, calumnias o injurias en sus actuaciones".

La petición llegó después de una actuación del cantante Arnau Griso, quien criticó a Abascal desde el escenario del festival Música al Raso, en el marco de un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. El grupo municipal de Podemos en esa ciudad mostró su absoluto rechazo a esa medida.

En 2017, Vox solicitó al ayuntamiento de León que prohibiese un concierto de El Drogas. La ultraderecha sostuvo entonces que el excantante de Barricada hacía alusiones "a las actuaciones terroristas que durante muchos años sembraron España de sangre". 

Igual que el PP

Esta estrategia de la ultraderecha para tratar de silenciar a artistas tiene amplios antecedentes en el Partido Popular. Según datos recopilados por Público, la formación que hoy dirige Alberto Núñez Feijóo llegó a pedir la censura de una docena de bandas musicales durante los últimos 15 años.

Entre los afectados han estado varios artistas vascos, como Fermin Muguruza o el grupo Soziedad Alkoholika, cuyas canciones, según el PP, "mancillaban" la "dignidad de las víctimas del terrorismo" o daban "vítores a ETA". 

La censura de los populares alcanzó también a Los Chikos del Maíz o Def con Dos, a quienes también atribuían intenciones similares. En Madrid, el grupo municipal del PP dijo sin despeinarse en agosto de 2019 que no se contrataría a "grupos afines a Podemos ni a condenados por humillar a las víctimas del terrorismo".