Dos años después de las agresiones de la ultraderecha contra los participantes en la tradicional manifestación del 9 d’Octubre en València, el saldo de imputados alcanza, a día de hoy, la cifra de 26 personas, todos ellos hombres.

Un número que se podría elevar hasta la treintena si la Policía Nacional logra encontrar, al menos, a otras cuatro personas –tres hombres y una mujer- cuya identificación, localización y detención ordenó a principios de 2018 el juzgado de instrucción número 5 de València, tras analizar los escritos y las pruebas documentales aportadas a la causa por las acusaciones y la Fiscalía.

Según ha sabido Público, la policía judicial informó al instructor de no haber podido establecer ni filiación ni paradero de ninguno de los cuatro buscados. Algo que llama la atención, ya que al menos dos de estas personas son muy activas y conocidas en los ambientes de la extrema derecha valenciana. Uno de los hombres, de hecho, está vinculado a España 2000 y a la entidad Defenem Valencia -que ya cuenta con dos imputados en esta causa- y el otro, sin afiliación conocida, es abogado en ejercicio con despacho abierto en la capital valenciana.

Los delitos por los que se investiga a los investigados, inicialmente, lo son con relación al capítulo IV del Código Penal, que recoge el articulado relativo al “ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas”, conocidos como “delitos de odio”. En este caso, la causa se abre en relación al artículo 514.4, que dice literalmente: “Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo”.

A partir de aquí y cuando finalice la instrucción, se determinará en cada caso el grado de implicación en los hechos a los hasta ahora investigados, a los que cabría imputarles en su caso otros delitos específicos a cada uno en función de los actos delictivos que pudieran haber cometido.

Un ataque planeado desde las redes sociales

Los actos violentos contra la manifestación legal de la Diada del País Valencià de 2017, que se convoca ininterrumpidamente desde 1977, y que fue organizada por la Comissió 9 d’Octubre, estuvieron planificados desde varios días atrás.

De hecho, varios dirigentes de pequeños grupúsculos sociales del mundo bravero (la extrema derecha regionalista valenciana con implantación en la capital y su área metropolitana, que defienden la senyera con franja azul de la ciudad de Valencia) intentaron, mediante escritos a la Delegación del Gobierno y con acciones legales ante la Justicia, impedir la manifestación con el argumento de que “se trataba de un acto independentista y catalanista que pretendía humillar a los valencianos”, justo días después del referéndum del ‘procès’ celebrado en Catalunya el 1 de octubre.

“Salvar España” por las bravas

La Delegación del Gobierno no contestó y la Justicia les respondió que no había razones legales que respaldaran la medida que reclamaban. De inmediato, las redes empezaron a echar humo con mensajes y llamamientos a la ciudadanía a impedir la manifestación “catalanista” y para “salvar España y València”, porque, en esencia y desde su singular perspectiva ideológica, “ni el Gobierno de España ni la Justicia han querido impedir la humillación de los valencianos”.

Para ello, convocaron a sus acólitos a concentrarse en la plaza de Sant Agustí de Valencia a las 18 horas del lunes 9 de octubre, es decir, a la misma hora que estaba prevista la manifestación de la izquierda con motivo de la Diada, con las consecuencias por todos conocidas.

En el procedimiento judicial abierto se establecen varios perfiles de responsabilidad en los hechos. Por un lado, los convocantes y organizadores, que pretendieron con su acción impedir un derecho constitucional. Por otro, todos aquellos que acudieron a la convocatoria ilegal y que tuvieron diverso grado de implicación en los hechos. De tal manera que se establece una responsabilidad jerárquica en los sucesos de aquella tarde.

Por esta razón, entre los imputados cabe destacar la figura de Jose Antonio García Herrero, más conocido como Pepe Herrero, el cronista fallero, a quien se atribuye, desde las acusaciones personadas, el liderazgo en la génesis de los hechos investigados. Herrero trató en los días previos de impedir la manifestación por vías legales, actuando en compañía de otros dirigentes políticos regionalistas. El mismo que inmediatamente después, al fracasar en su intento, se lanzó a incitar a la ciudadanía a “defender València” impidiendo el normal desarrollo de la manifestación, haciendo uso de su entramado comunicativo, tanto de televisión, radio y redes sociales, con cuentas en Facebook, Twitter y grupos de Whatsapp.

El propio cronista fallero se reconoció autor de un artículo publicado en el digital “Valencia News”, en fecha 17 de octubre de 2017, en el que se enorgullecía de “su gesta”. Las acusaciones aportaron este texto durante su interrogatorio ante el juez instructor.

Éstas fueron sus palabras: “Yo estuve allí. En el 9 d’Octubre donde todo cambió en València. Frase que podremos decir los que el lunes 9 d’Octubre de 2017 estuvimos en el recorrido que tradicionalmente había sido territorio separatista desde el inicio de la democracia con total impunidad y que este año, cual plaza en una contienda, les ha sido arrebatado para dejar de ser símbolo del catalanismo y pasar a ser símbolo de la resistencia valenciana”.

Otra parte relevante de las pruebas de cargo aportadas por las acusaciones son grabaciones en vídeo que durante los incidentes realizó el propio Pepe Herrero, que cubrió y emitió en streaming desde la plaza de Sant Agustí a través de sus cuentas personales de Facebook. Su importancia es muy considerable, pues se recogen hechos significativos que ponen de manifiesto –al quedar grabada su voz– que el cronista fallero llegaba, incluso, a dar órdenes a los Ultras Yomus de cómo actuar.

La muerte de los Yomus

El otro personaje clave de estos hechos es Vicente Javier Estruch, alias El Alfarrasí, el nazi que el día de autos lideraba a los Yomus, los ultras del Valencia CF, con un bagaje delictivo histórico donde se mezcclan las peleas, las amenazas y el tráfico de drogas.

Sin lugar a dudas, la extraordinaria notoriedad y la brutalidad de las imágenes captadas en las agresiones de aquel 9 de octubre en València han sido para los Yomus como una riuà (riada). La organización no solo ha muerto, sino que ha sido expulsada con todo el equipo del estadio del Valencia CF por orden del propietario del club Peter Lim.

Radicales del equipo comportándose como una jauría desbocada

Las imágenes que dieron la vuelta al mundo donde se observaba a los radicales del equipo comportándose como una jauría desbocada fueron demasiado para el singapurense, incluso para los aficionados que durante años les rieron las gracias. Aun así, han tenido que pasar meses antes de que se adoptara una medida tan expeditiva, que ya en 1992 reclamó el entrenador holandés Guus Hiddink cuando ordenó retirar de las gradas una bandera nazi.

El historial delictivo de algunos de los Ultra Yomus imputados es inquietante. Hay casos por homicidio, tráfico de drogas, tenencia de armas, malos tratos en el ámbito familiar, amenazas y coacciones, e incluso, uno de los detenidos por las agresiones se encontraba de permiso carcelario y regresó a prisión ese mismo día. Sería una inspectora de la Brigada de Información quien tiempo después tuvo la fortuna de reconocer e identificar el rostro del sujeto y lograría detenerlo mientras este viajaba en un autobús urbano de València disfrutando de otro permiso.

Del medio centenar de miembros de Yomus que se estima participaron en las agresiones de aquel día, la policía solo ha podido identificar a 13, que a fecha de hoy representan la mitad de los investigados. Precisamente, la policía inició en abril del pasado año una investigacion específica sobre esta organización por orden del instructor.

Esta investigación atendía las denuncias contra Yomus por asociación ilícita planteadas tanto por la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, como por los abogados de las víctimas y por los letrados de la acusación particular que ejerce la Comissió 9 d’Octubre, organizadora de la manifestación atacada. No hay que olvidar que en el bagaje de Ultras Yomus, pesan 35 años con numerosos antecedentes por hechos violentos graves, protagonizados por todo el Estado español, tanto dentro como fuera de los estadios de futbol. La grada joven del Mestalla era en realidad un criadero de nazis, al menos desde 1992, al igual que ocurría en otros estadios de fútbol de este país.

Quedan meses de instrucción

Aún pasarán varios meses hasta que se cierre la investigación de estas diligencias previas, iniciadas en octubre de 2017, y la fiscalía emita su informe acusatorio. Además, aún quedan muchas preguntas que responder.

Las partes personadas en el procedimiento solicitaron en diciembre de 2017 las declaraciones en sede judicial de los mandos policiales que participaron en el operativo de seguridad y antidisturbios de la manifestación para que expliquen muchas cosas, y también la declaración de varios agentes actuantes aquella jornada.

¿Por qué la primera y única carga policial no se hace contra los atacantes sino contra los organizadores de la manifestación?

Preguntas tales como: ¿Por qué había tan pocos agentes en un operativo que ya se venía anunciando que iba a ser de alto riesgo tras la convocatoria de concentración en redes sociales de la extrema derecha? ¿Por qué la Policía Nacional no detuvo a nadie? ¿Por qué la Policía Nacional no identificó a ninguno de los ultras con los que incluso, tuvieron encontronazos durante los incidentes y que fueron grabados por las televisiones y captados por los fotoperiodistas entre los que se encuentran, al menos, tres de los ahora buscados? ¿Por qué la primera y única carga policial no se hace contra los atacantes, sino contra los organizadores de la manifestación?... Y, entre otras muchas preguntas, cabe cuestionarse: ¿La actuación policial se realizó siguiendo órdenes expresas? Si es así, ¿de quién partió esta orden?