La Comunidad de Madrid ofrece becas de comedor escolar que pueden solicitar todos los alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo regula el precio de los menús en los centros 100% públicos, mientras que en los concertados las empresas tienen autonomía para fijar los suyos. Como consecuencia, cada año, la Administración termina pagando el doble por cada alumno que estudia en estos segundos.

Según datos recopilados por la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) Francisco Giner de los Ríos, el precio mensual por el comedor escolar en los colegios concertados ronda los 200 euros, frente a los 110 que cuesta en uno público (5,50 euros por día, tras la última subida que aprobó la Consejería de Educación el año pasado). 

Por lo que, aunque las becas que ofrece el Gobierno de Ayuso son en su mayoría ayudas de copago, es decir, solo cubren una parte del coste y el resto lo asumen las familias; aquellas que sí que financian el 100% suponen una inversión doble en la concertada, pues, tal y como afirma la Consejería de Educación, "las convocatorias son iguales para ambos".

Las normas que regulan el procedimiento de concesión así lo establecen en el apartado relativo a las cuantías, donde se especifica que se abonará hasta la totalidad del coste del servicio de comedor que establezca la Consejería, "salvo para los centros privados sostenidos con fondos públicos en los que la cuantía máxima será la totalidad del coste que establezcan dichos centros".

Podría ampliarse el número de gratuidades

De modo que, por cada beca en la concertada, se podrían financiar dos en la pública. O lo que es lo mismo, al menos el doble de niños vulnerables podría hacer una comida completa al día en las escuelas si el Gobierno de Ayuso decidiera regular también los precios en los privados concertados, igual que hace en los 100% públicos.

De cara al curso 2023-24, la Comunidad había presupuestado solo 5.500 gratuidades de los 130.000 alumnos que pertenecen a familias con rentas por debajo del umbral de pobreza. Si bien, tras la alarma generada entre las familias por la mala gestión de las solicitudes, decidió ampliarla a todas las familias que hubieran pedido la ayuda.

En los presupuestos de este año, de cara al curso 2024-25, no obstante, el número de gratuidades ha sufrido un tijeretazo y se reducirá a casi la mitad: 2.854, según ha denunciado Esteban Álvarez, responsable de Educación en el PSOE.

Un lucro para las empresas y un perjuicio para las familias

La FAPA critica la falta de regulación del precio del comedor escolar en la concertada y afirma que, en muchos casos, ni siquiera es la primera elección de las familias, sino que terminan en centros con esta titularidad por falta de plazas en la pública. La federación sospecha que "detrás de todo se esconde un lucro para las empresas, en detrimento de las familias". 

Por su parte, desde el PSOE, Álvarez sostiene que la política del PP en la Comunidad de Madrid consiste en "hacer negocio con todo, también con la educación". El número tres de Juan Lobato critica que la gestión de Ayuso consista en "un despropósito tras otro" y lamenta que las perjudicadas sean las familias, que "pagan más del doble por la educación de sus hijos que la media nacional".

A propósito de esto último, el diputado recuerda que mientras en los últimos presupuestos se destinan 300 millones más a la enseñanza concertada, se reduce la inversión en la enseñanza pública. En concreto, los conciertos y subvenciones crecen un 19% respecto a 2022 y un 72% respecto a 2009.

En la misma línea, la diputada María Pastor de Más Madrid considera  "inaceptable" la situación y reclama al Gobierno de Ayuso "actuar y proteger a las familias de prácticas abusivas que ponen en riesgo los derechos de los niños y niñas".