El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene la última palabra sobre el paso de fase en la desescalda. Una decisión fundamental que determinará cómo continúa evolucionando la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre sobre el riesgo de volver al confinamiento si los países no gestionan bien la desescalada. Este es uno de los mayores temores que recorre ahora España y el ministerio tendrá que concretar en varias órdenes sus últimas decisiones. 

El foco, sin embargo, no se distribuye por todo el territorio estatal. Está en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió este miércoles que pediría al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1. Lo hizo después de que la presidenta mostrara dudas sobre si cumplían los criterios que pide el Gobierno central. De hecho, más de 24 horas después de haber hecho el anuncio, la Consejería de Sanidad aún no había entregado el informe técnico que avala que cumplen con los criterios. Lo hicieron a las diez de la noche, con un retraso de más de un día.

La situación se complicó aún más para el Gobierno de Ayuso cuando se conoció que la responsable de Salud Pública, Yolanda Fuentes, dimitía de su cargo. Según pudo saber Público por fuentes del Gobierno regional, la dimisión ha tenido lugar dentro de una "reorganización" de la Consejería de Sanidad y reconocen que Fuentes se había mostrado contraria al paso de fase. Además, otras fuentes de responsables sanitarios reconocen que el Consejo de Gobierno tomó la decisión sin tener en cuenta lo que habían dicho los expertos previamente. Según cuentan, Fuentes no fue la única en mostrar su disconformidad y sus dudas. 

De aquí aseguran que se produce la reorganización de la Consejería de Sanidad. Minutos después de conocer la dimisión, Ayuso aseguró en una entrevista en Cuatro que no había hablado con Fuentes y que no conocía el motivo por el que había dimitido. De hecho, enmarcó la dimisión dentro de la "reorganización" y celebró el nuevo nombramiento que sustituirá a Fuentes, el director del hospital de campaña de Ifema, Antonio Zapatero.

De hecho, el revuelo ha traspasado las fronteras internas. Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía este hecho porque consideran que se podrían haber producido delitos de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento irregular. "Ayuso acaba de forzar la dimisión de Fuentes por haber rechazado firmar el plan para la desescalada. Habrá buscado poner a una persona de su cuerda. En lugar de escuchar a los expertos, los pone y los quita como marionetas. Es un escándalo sin precedentes", ha llegado a afirmar el portavoz de la oposición, Pablo Perpinyà.

La decisión de pasar de fase también sorprendió a otros gobiernos autonómicos. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha reconocido que le ha alarmado la decisión que han tomado sus compañeros de partido y del PP: "Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato", aseguró este jueves.

Sanidad decide en dos días sobre datos muy dispares

Las comunidades tenían, en principio, hasta el pasado miércoles a las 14 horas para enviar las solicitudes para pasar a la fase 1 de la desescalada. Varias de ellas llegaron más tarde, reduciendo el tiempo del Ministerio de Sanidad y sus expertos de tomar la decisión. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, indicó este jueves que la decisión tiene que llegar, como tarde, el viernes por la noche o el sábado. 

La evaluación la tienen que tomar sobre comunidades que presentan datos epidemiológicos muy dispares. Catalunya, Castilla y León y Andalucía han sido las únicas que no han presentado sus solicitudes para pasar de fase en toda la región. El resto, pese a que las autoridades sanitarias pidieron prudencia a la hora de mandar los informes, han decidido mandar sus solicitudes. 

Canarias, Baleares y Murcia llevan días siendo las regiones con mejores datos. Las tres han sido las regiones menos afectadas, con un sistema sanitario más fortalecido por no haber llegado a la situación casi de colapso vivida en otras comunidades y con la incidencia acumulada más baja. Madrid, en cambio, tiene una de las incidencias más altas y también ha pedido pasar de fase.

Sin embargo, más allá de los datos epidemiológicos es clave estudiar la capacidad del sistema sanitario de cada comunidad autónoma. Las solicitudes que mandan las comunidades autónomas tienen que mostrar que son capaces de disponer en cinco días entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas de hospital por 10.000 habitantes. Además, que realizan test a cada persona con síntomas y que pueden cumplir con la estrategia de detección precoz. 

Aquí es donde aún hay más dudas sobre las condiciones de la Comunidad de Madrid. La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso mostró horas antes de cambiar de opinión que tenía dudas sobre el cambio de fase por el elevado número de ingresos en UCI de la región. La Comunidad tiene aún 582 pacientes con coronavirus ingresados en UCI y 2.978 hospitalizados. Veinte han ingresado en las últimas 24 horas. La cifra más alto junto a Catalunya porque el resto de comunidades tienen cuatro o menos ingresos nuevos. 

Hay expertos madrileños que también ponen en duda la capacidad de detectar casos, hacer un seguimiento de ellos y organizar el rastreo de sus contactos. "Si no nos dan medios, el trabajo que tiene por delante Atención Primaria no se va a poder hacer. Sobre todo si hay un repunte. Esta semana nos empiezan a hacer los test después de ocho semanas. Pero falta definir estrategia y personal. El rastreo de los contactos de los nuevos casos conlleva mucho tiempo, unos quince minutos por persona con la que se contacte", valora Manuel Linares, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades e Infecciones de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

De hecho, una de las reclamaciones de los sindicatos es que la Comunidad contrate al personal sanitario del que ya ha rescindido y que contrate a más trabajadores para Atención Primaria. La previsión de la Consejería de Sanidad sobre esto es contratar a los 223 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, pero las deficiencias de Atención Primaria por los recortes de los últimos años son tan grandes que hay dudas sobre si será suficiente.