El arranque de este reportaje bien podría ser un oxímoron, una concatenación de contradicciones en las que se superponen gobiernos de izquierda y de derecha con un desarrollo urbanístico de la época de la burbuja inmobiliaria, a la vera de una gran reserva natural, proyecto al que se ha llegado a dar carta blanca medioambiental cuando más escasea el agua y aprieta la crisis climática.

Todas esas contradicciones rodean a un proyecto turístico de 300 villas de lujo, hoteles y campo de golf  que se pretende construir en un terreno de de más de dos millones de metros cuadrados de las marismas desecadas de Trebujena (Cádiz), un privilegiado balcón al Espacio Natural de Doñana que se extiende en la otra orilla del río Guadalquivir.

Esta semana se ha dado a conocer la declaración ambiental estratégica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, en manos del PP, a la modificación del PGOU de Trebujena, gobernado por IU. La declaración, emitida hace más de un mes, pero difundida en plena campaña electoral, es favorable al macroproyecto turístico contemplado en la modificación del planeamiento urbanístico, al considerar la Administración andaluza que cuenta con los recursos hídricos necesarios.

Ese informe, sin embargo, fue duramente criticado por el Gobierno central a través de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que lo calificó de "absurdo".

Y este mismo viernes se ha difundido el que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente de ese ministerio, con un resultado desfavorable para el proyecto de Trebujena, porque está previsto en una zona inundable y, a su entender, carece de los recursos hídricos necesarios para su desarrollo. Este dictamen hace ya prácticamente inviable que salga adelante la macrourbanización turística.

Un proyecto de hace 20 años

Han ocurrido muchas cosas en una sola semana, pese a que el proyecto viene de lejos, de hace ya 20 años, porque se puso en marcha en 2003. Luego, el planeamiento entró en un periodo de letargo cuando la crisis económica de la primera década de este siglo llevó a la quiebra a su primer promotor, Bernard Devos, un empresario belga que se estrelló también con otra urbanización turística con campo de golf en la provincia de Cádiz, en el municipio de Benalup.

Entonces, el proyecto de Trebujena fue retomado por otra empresa, también de origen belga, Costa Guadalquivir, que es la que sigue ahora a la espera de que Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Confederación Hidrográfica decidan si se puede o no construir en unas marismas que se desecaron en la década de los 70 para dedicarlas a pasto.

La campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo se ha transformado en una gran caja de resonancia para un proyecto que se venía cocinando desde hace veinte años, sin que apenas trascendiera la oposición radical de organizaciones ecologistas, sindicales y sociales a su desarrollo en un enclave natural excepcional de un municipio de 7.000 habitantes que Izquierda Unida lleva 32 años gobernando de forma ininterrumpida, lo que lo ha convertido en uno de sus bastiones en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía.

El informe favorable de la Junta se ha difundido en plena batalla electoral y poco tiempo después de la fuerte polémica que desató el proyecto de ley que PP y Vox tramitaron por la vía de urgencia en el Parlamento andaluz para ampliar en cientos de hectáreas la superficie de regadío en el entorno de Doñana, iniciativa que ha sido rechazada contundentemente por la Comisión Europea.

El pleno que se suspendió por las repercusiones

Otra campaña electoral, la de las elecciones generales de 2019 que fructificaron en un Gobierno de coalición progresista, también afectó de lleno a la tramitación de este macroproyecto turístico.

Dos meses antes de los comicios, el que era entonces alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, desconvocó de improviso el pleno en el que la mayoría absoluta de IU iba a rechazar las más de 800 alegaciones que habían presentado contra el proyecto urbanístico varias organizaciones (WWF-Adena, Ecologistas en Acción, Seo-Birdlife y Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre otras) por graves riesgos ambientales, económicos y sociales para el entorno.

Fuentes consultadas por Público aseguraron entonces que la suspensión del pleno se produjo tras numerosos contactos y reuniones a diferentes niveles de la formación de IU, preocupados por la repercusión de una urbanización turística de tal calado a la vera de Doñana. El proyecto, sin embargo, no decayó y siguió su curso.

Acompañado de las respuestas del Ayuntamiento a las alegaciones que no pasaron por el pleno, fue remitido a la Junta para que la Administración autonómica emitiera la declaración ambiental estratégica que, tres años y medio después, se ha conocido esta semana.

Jorge Rodríguez, que ahora es el coordinador provincial de IU, dijo tras suspender aquel pleno que el pueblo de Trebujena tenía "el derecho histórico" de poner en valor su entorno "a través de iniciativas de turismo sostenible", que le permitan diversificar su economía. Dicha economía era dependiente fundamentalmente de los viñedos y de los ingresos de decenas de vecinos que trabajan en centros sanitarios del entorno y de otras partes de España.

Rodríguez dejó de ser alcalde en marzo del año pasado, al poco de ser designado presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, donde la división del PSOE impidió que su mayoría en un organismo integrado por 19 municipios pusiera al frente a uno de los suyos.

El exalcalde, según informó Diario de Cádiz, se adjudicó un sueldo anual bruto de 50.000 euros, remuneración que sus precedentes en el cargo nunca habían obtenido, y dio paso en la alcaldía a Ramón Galán.

El nuevo alcalde ha asegurado esta semana que está "rotundamente" en contra de la macrourbanización turística planeada en su término municipal.

Tanto él como la organización de IU en Cádiz y en Andalucía han lamentado al unísono que la Junta de Andalucía haya avalado ese proyecto en el entorno de Doñana, "una decisión que abunda en la gestión kamikaze del agua que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla en un contexto de sequía severa y de escasez de agua", han afirmado.

Este periódico ha intentado hablar con Ramón Galán para saber qué hará ahora el Ayuntamiento con el proyecto de Costa Guadalquivir, pero no ha recibido respuesta. Por su parte, la organización provincial de IU se ha remitido a las declaraciones citadas, sin aclarar tampoco cuáles serán las medidas que se van a tomar desde el Ayuntamiento de Trebujena.

La empresa traslada al alcalde su "preocupación"

En el futuro de este proyecto también hay dinero en juego. En el primer convenio que el ayuntamiento trebujenero firmó con la sociedad Zanona S.A. de Bernard Devos, la promotora se comprometió a abonarle a la Administración municipal algo más de 5,5 millones de euros, en concepto de pago de tasas y costes de tramitación, cuando se aprobara definitivamente la modificación del PGOU que hiciera posible la urbanización turística.

Ese pago se redujo a 3,3 millones en 2012 al bajar la Junta la edificabilidad máxima de 750 a 300 casas, conforme al Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz aprobado en 2011, cuando el PSOE gobernaba la Administración andaluza. De esos 3,3 millones, elAyuntamiento ya ha recibido como anticipo 1,8.

La promotora, mientras tanto, no ha estado parada. El 6 de diciembre pasado, Costa Guadalquivir S.L. envió al alcalde una carta -a la que ha tenido acceso Público- en la que muestra su "preocupación" con la tramitación del expediente urbanístico de sus terrenos, ante los "últimos requerimientos efectuados por el Servicio de Dominio Público Hidráulico" de la Junta en Cádiz que no habían sido aún cumplimentados.

La empresa advertía al Ayuntamiento de que si no remitía en plazo la documentación sobre los recursos hídricos disponibles y las medidas adoptadas para reducir el consumo de agua, la Junta emitiría un informe desfavorable que impediría continuar con el proyecto.

Y en un escrito dirigido al alcalde de Trebujena, con fecha de salida 20 de diciembre, Jorge Rodríguez, como presidente del Consorcio de Aguas, responde a la solicitud de un informe de recursos hídricos que el Ayuntamiento le había remitido en octubre.

En ese escrito, Rodríguez comunica que, "visto el informe de explotación, se concluye que la disponibilidad del recurso prevista en la planificación hidrológica de 2009 -que sigue vigente- está garantizada", atendiendo a la evolución del consumo en los últimos cinco años, "en la que se aprecia la tendencia a mantenerse por debajo de las previsiones de planificación para el horizonte 2027".

Un día después, en la víspera del vencimiento del plazo de respuesta del que advertía la empresa, el alcalde envió al Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta el informe del Consorcio, otro sobre el estado de la red de abastecimiento del municipio y su control de fugas, y una memoria técnica de estimación de la demanda urbana de agua en la localidad.

En la declaración ambiental estratégica de la Junta se señala que uno de los motivos del retraso de su dictamen se debió a que el Ayuntamiento de Trebujena no proporcionaba al Servicio de Dominio Público Hidráulico la documentación requerida sobre recursos hídricos y consumo.

Una vez recibida, la Administración andaluza hace el siguiente dictamen favorable: "Teniendo en cuenta que la demanda para el horizonte 2027 se encuentra por debajo de las estimaciones de la Planificación Hidrológica y que la dotación del consumo actual y del crecimiento no superan los 250 litros por habitante y día asignados por la planificación hidrológica para el municipio de Trebujena, se informa la disponibilidad de recursos hídricos en los términos planteados".

La intervención de la Fiscalía General del Estado

Del resultado de esa declaración de impacto ambiental también está pendiente la Fiscalía General del Estado, que en 2019 requirió al Ayuntamiento de Trebujena información acerca de la tramitación del macroproyecto urbanístico en un enclave natural especial.

El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo tuvo que remitir dos oficios al consistorio y esperar tres meses para recibir una respuesta sobre la modificación puntual del PGOU que permite la construcción de hoteles, viviendas y campo de golf en un espacio próximo a dos Zonas de Especial Conservación incluidas en la Red Natura 2000, Doñana y el estuario del Guadalquivir.

La Fiscalía General exhortó al Ayuntamiento a mantener informada a su Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de las novedades que se produjesen en la tramitación urbanística, dado que el consistorio le comunicó que correspondía a la Junta la aprobación definitiva del cambio puntual del PGOU y de la evaluación ambiental estratégica.

La batalla de dos formaciones separadas por 200 votos

Un proyecto turístico de esta envergadura es, evidentemente, también un tema de alta sensibilidad en medio del fragor de la batalla electoral por la alcaldía de Trebujena. En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo seis concejales y se quedó a sólo 200 votos de IU, que gobierna con la mayoría absoluta que le dan los otros siete ediles que componen la corporación municipal.

El candidato socialista, Miguel Guerra, se ha mostrado durante todo el mandato, como portavoz de la oposición, en contra de la macrourbanización en el balcón de Doñana, hasta el punto de haber solicitado la convocatoria de un referéndum para que los vecinos votasen si apoyaban o no ese proyecto.

Guerra sostiene que tanto el alcalde actual como el saliente "están jugando al despiste" con este proyecto turístico, diciendo por un lado que están en contra y emitiendo, por otro, informes que a la postre permiten "superar las dificultades planteadas por los técnicos" para la continuidad del expediente urbanístico.

"Espero que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir frene esta locura y que la Fiscalía General sea informada. Hay que frenar este desaguisado", dice a Público el portavoz socialista.

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Ana Carrera, también se ha mostrado contundente contra el emporio turístico de Trebujena. "Algo que jamás vamos a apoyar", ha dicho, tras emplazar al alcalde a aclarar su posición al respecto y criticar al PP por seguir utilizando el tema de Doñana en campaña electoral.

Un gasto de agua que duplicaría el actual

Las alegaciones de las organizaciones ecologistas contra la modificación del PGOU estiman que el gasto del agua de una urbanización con hoteles, 300 casas y campo de golf superaría los 800.000 metros cúbicos al año, una cantidad mayor incluso de la que gasta ahora un municipio de 7.000 habitantes como Trebujena.

Ese gasto aumentaría aún más, a su juicio, el impacto ambiental de tanta construcción en un balcón de Doñana, justo en medio de una crisis climática y una sequía pertinaz que ha reducido considerablemente los recursos hídricos en toda Andalucía.

Ecologistas en Acción, que ha definido este macroproyecto como un ejemplo "de la época más negra de la especulación urbanística", critica que Junta y Ayuntamiento hayan asegurado que la urbanización utilizará agua depurada del río "cuando Trebujena carece de depuradora".

"Y, en todo caso, cuando la tenga, la prioridad debe ser abastecer a la agricultura productiva, no a campos de golf", subraya esta organización.

Su portavoz en Cádiz, Juan Clavero, asegura a Público que la declaración ambiental que ha emitido la Delegación Territorial de la Junta puede ser ilegal, ya que ha autorizado un expediente urbanístico sin contar con un informe previo de viabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Dicho informe aún no ha sido emitido, aunque su presidente ya ha anunciado que rechazará el proyecto debido a los riesgos de inundabilidad de la zona.

"Nosotros vamos a esperar a ver cómo se resuelve todo para estudiar si tomamos medidas legales contra los responsables", advierte Clavero.

Su organización ha exigido a la Junta que anule el informe ambiental favorable y al Ayuntamiento de Trebujena que deniegue la modificación del PGOU, desclasificando todos los suelos que fueron declarados urbanizables "de forma ilegal" para permitir la construcción del emporio turístico.

Juanjo Carmona, coordinador de WWF para Doñana, recuerda que los estudios científicos que se hicieron en 2010 sobre el dragado del Guadalquivir ya avisaban de los riesgos de inundación en esa zona de marisma, muy expuesta a una subida del nivel del mar con el cambio climático.

"Por una cuestión de seguridad, la ciencia ha marcado un camino y resulta que ese camino lo pones todos los días en peligro con proyectos como este", se lamenta el portavoz de otra de las organizaciones que ha presentado alegaciones contra la modificación urbanística de Trebujena.

WWF sostiene que la solución pasa por la restauración de los terrenos de marismas colindantes al Guadalquivir y la recuperación de su función tradicional como llanuras de inundación del río, nunca por la edificación.

Para ello, a juicio de su portavoz, resulta fundamental la coordinación entre todas las administraciones que tienen competencias en el estuario del Guadalquivir, local, autonómica y central. "Hay que prepararse para lo que viene, pero con la mayor coordinación posible", añade.

A la pregunta de si hay agua suficiente para el abastecimiento de una urbanización turística de esta envergadura, Juanjo Carmona responde que ese va a ser un debate permanente en los próximos años, en muchos ámbitos y territorios.

"La prioridad es determinar si hay agua, pero también hay que hablar del interés social del agua, a qué tiene que destinarse: a un campo de golf o a una pesquería. Y esto no se está poniendo sobre la mesa", concluye.

La Junta despacha las alegaciones que no fueron a pleno

Las respuestas del Ayuntamiento a las más de 800 alegaciones de las organizaciones ecologistas y sociales a la modificación del PGOU, que nunca se debatieron en un pleno municipal, fueron remitidas a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta.

Esta ha estimado en su informe que, aunque "la mayoría de ellas" no tienen un carácter ambiental, las contestaciones del Gobierno municipal, "que debieron ser trasladadas a los alegantes", "son aceptables".

Juan Clavero considera que la Junta de Andalucía debería de haber rechazado las respuestas del Ayuntamiento a las alegaciones, porque estas nunca pasaron por pleno. Además, lamenta que ninguna de las dos administraciones haya contestado aún a todas las objeciones que presentaron contra la modificación urbanística que permite un macroproyecto turístico a la vera de Doñana.

Ecologistas en Acción, según su portavoz, teme que ahora la promotora amenace al alcalde con querellarse contra él si da marcha atrás con el expediente urbanístico, por lo que van a pedir una reunión al regidor municipal para informarle de sentencias del Tribunal Supremo.

Esta institución, en casos similares, aseguran, ha dado la razón a la Administración local y ha negado el derecho a una indemnización debido al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto.

En su declaración ambiental, la Junta asegura que requirió hasta en tres ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sin obtener contestación, para ofrecer una respuesta coordinada a la solicitud del Ayuntamiento. En este caso, respecto a las medidas a adoptar para la resolución de las situaciones de inundabilidad que puedan estar provocadas por una avenida de periodo de retorno de 500 años.

El pasado miércoles, la CHG adelantó que en las próximas semanas emitirá un informe que será negativo y que rechazará la idoneidad de construir una urbanización turística en las marismas desecadas de Trebujena. Este informe ya ha sido emitido en la línea de lo anunciado.