Los tambores de guerra que golpean los líderes del norte global reverberan en la ciudadanía española. Un 57% de los españoles consideran que la Unión Europea (UE) no tiene suficiente capacidad defensiva y un 75% cree que debería aumentarla. Estas fueron algunas de las conclusiones recogidas en el barómetro de marzo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En él, el organismo público también preguntó por una de las medidas que podría incluir dicho aumento "de la capacidad defensiva": la creación de un ejército comunitario. De nuevo, la mayoría de los españoles –un 67% – se mostró a favor de que la UE tuviera su propia milicia, haciendo aceptable la hipótesis tantas veces repetida por líderes conservadores europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron, o el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Esta apuesta ha sido también adoptada por el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez.

Hace 22 años, este mismo porcentaje de la población española, un 67%, consideraba que España debía permanecer neutral ante el empeño de EEUU, entonces bajo la administración del republicano George W. Bush, de invadir Irak. La incursión en el país de Oriente Medio fue la fórmula con la que el estadounidense decidió vengar los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, que acabaron con la vida de unas 3.000 personas.

Aquellos ataques cambiaron la estrategia de seguridad del norte global, que a partir de ese momento se guio por el mantra de "la lucha contra el terrorismo". Este objetivo llevaba aparejado la persecución de Al Qaeda y especialmente de su líder, Osama bin Laden, que operaba entre Afganistán y Pakistán. También, el derrocamiento del líder iraquí Saddam Hussein, a quien EEUU acusó de esconder "armas de destrucción masiva". Hussein y EEUU eran enemigos conocidos que ya se habían enfrentado una década antes en la Guerra del Golfo.

En 2003, Bush llamó a sus aliados y amigos a sumarse a la cruzada antiterrorista. Entre los convocados se encontraba el popular José María Aznar, entonces presidente de España. El país se echó a las calles en repulsa a la invasión bajo el grito de "No a la guerra", dando lugar a uno de los ciclos de movilizaciones más multitudinarias de la historia de la democracia.

En febrero de aquel año, el CIS preguntó a los españoles si estaban de acuerdo con la intervención militar en Irak. Un 90,8% de la población dijo que estaba poco o nada de acuerdo y el 67% creía que, de darse una invasión, España debía mantenerse neutral, frente a un 21,3% que pedía apoyar a los aliados. La oposición de la ciudadanía resultó irrelevante para el Gobierno conservador: el 20 de marzo de 2003, EEUU entró en Irak con el apoyo de las tropas españolas.

Entre aquella guerra y la actualidad, se han producido varios acontecimientos mundiales traumáticos, como la crisis financiera de 2008 o la pandemia de la covid-19. Europa, además, ha experimentado de nuevo la guerra en su territorio, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Según los expertos, el impacto de este evento es una de las razones que explican el auge de las posturas militaristas en el continente. También en España.

La investigadora y presidenta del Centre Delàs de Estudios para la Paz, Tica Font, explica a Público que la manera en la que se vendieron las guerras de Oriente Medio, entre las que se encuentra Irak, pero también Afganistán o Libia, es que había que liberar a terceros. En Irak, "era del dictador Saddam Hussein, que machacaba a los chiitas", mientras que en Afganistán "había que liberar a las mujeres del yugo talibán". En todos estos países, evidencia Font, había un interés energético. "Y la población eso lo sabía, y lo que no quería era una guerra para mantener nuestro estilo de vida". La investigadora cree que es de este malestar de donde surge la oposición social a estas intervenciones militares.

En cambio, "con Ucrania la justifiacion es distinta", porque "pone sobre la mesa el debate de las guerras justas". Explica Tica Font que la población acepta el razonamiento de que es justo proteger la soberanía de los estados y que, por tanto, es legítimo involucrarse en una guerra justa. Es en esta nueva narrativa en la que se enmarca la guerra de Ucrania.

La invasión de Ucrania, el punto de inflexión

El 24 de febrero de 2022, Europa se despertó con la noticia de que el presidente ruso, Vladimir Putin, había dado la orden a sus tropas para que cruzaran las fronteras ucranianas. El ataque sacudió los cimientos de la UE, que respondió interponiendo sanciones económicas contra el gigante euroasiático. En marzo de aquel años, el CIS pidió a los españoles que dijeran cuál era el grado de acuerdo con la siguiente afirmación: "Si Rusia no se retira de Ucrania, la OTAN debería intervenir militarmente en ayuda de Ucrania". El 52% de los encuestados dijeron estar de acuerdo con esta idea.

Felipe Daza, miembro del Consejo del Instituto Novact de Noviolencia recuerda que el conflicto ucraniano no comenzó en 2022, sino en 2014, "con la anexión de Crimea y la ocupación parcial de las regiones de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia". Según explica Tica Font, aquel año se produce otro acontecimiento relevante. Washingtong, con el demócrata Barak Obama a la cabeza, decide empezar a redirigir sus esfuerzos económicos a confrontar a la que considera que es su competencia por la hegemonía mundial: China.

Es aquí cuando pide a Europa que comience a hacerse cargo de su propia defensa y cuando los 27 acuerdan subir este gasto al 2% de su PIB. "Estas mismas tesis las defenderá Donald Trump durante su primer mandato, luego Joe Biden y después otra vez Trump", abunda.

Pero un grueso de la población civil europea no era proclive a esto. Font afirma que: "Lo que nos ofrece Rusia es una oportunidad de propaganda para influir en la opinión pública y lo que nos dicen es que es necesario rearmarnos contra Rusia". En la misma línea Daza considera que la invasión fue "una oportunidad para Estados Unidos, Reino Unido o la propia Úrsula Von der Leyen [presidenta de la Comisión Europea] para aumentar el gasto militar que beneficiará al complejo militar e industrial, forzando a países tradicionalmente reticentes, como España, a aumentar su gasto en esta materia".

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Treinta años atrás, el centro sociológico también preguntó a la ciudadanía su opinión acerca de una posible intervención militar en Europa como medida para acabar con una guerra. En aquel momento, la respuesta de la mayoría de la población fue completamente diferente. Ocurrió en 1993, en el contexto de la guerra de los Balcanes, surgida tras la desintegración de Yugoslavia. Aquel año, la contienda se concentraba en el actual territorio de Bosnia y Herzegovina y enfrentaba a croatas bosnios, serbobosnios y musulmanes bosnios.

El CIS realizó en mayo de 1993 un estudio específico sobre la guerra de Bosnia para conocer el impacto que el conflicto estaba teniendo en la opinión pública. Entre otras cuestiones, preguntó a los españoles si estarían "más bien a favor" o "más bien en contra" de que el Gobierno español, hipotéticamente, "adoptase la decisión de colaborar activamente en las acciones militares, aunque ello pudiera entrañar una intervención armada de la fuerza multinacional para imponer la paz en Bosnia. El 54,5% de los españoles dijo estar "más bien en contra", frente a un 35% que consideraba más a favor.

Si bien la preguntas realizadas por el CIS en el conflicto de Ucrania y en el de Bosnia no son iguales, permiten hacer paralelismos que cristalizan en una evolución de la opinión pública española hacia posiciones más militaristas. Aún así, estos paralelismos requieren de varias aclaraciones. Para empezar, en 1993 España aún no formaba parte de la estructura militar integrada de la OTAN. Es decir, no tenía oficiales asignados a los mandos permanentes y la intervención de sus tropas en un conflicto no se hacía automáticamente, sino que lo decidía caso a caso el Gobierno nacional. De hecho, en el momento en el que se realizó la encuesta, la OTAN aún no había desembarcado en Bosnia y las tropas españolas estaban bajo el mando de la ONU en una misión de paz.

En cambio, cuando en 2022 el CIS pregunta sobre la intervención militar de la OTAN en el conflicto ucraniano, indirectamente también está preguntando sobre la participación de las tropas españolas en el conflicto, ya que desde 1999 estas sí están integradas en la estructura militar de la Alianza Atlántica. Estos hechos hacen que ambas preguntas, pese a estar formuladas de manera distinta y contar muestras diferentes, converjan en lo relativo a la intervención militar o no de España en un conflicto extranjero para acabar con la guerra.

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Las conclusiones del estudio de 1993 muestran a una sociedad española algo más alejada de la respuesta armada y más proclive a medidas que no implicaran una ofensiva militar, como el grado de acuerdo en el mantenimiento de tropas españolas para ayuda humanitaria o un posible aumento de las tropas para este fin. Ambas cuestiones fueron apoyadas por, aproximadamente, un 78% de los encuestados.

En cambio, las respuestas relativas a aumentar las capacidades militares recogidas en el barómetro de marzo de 2025 dan cuenta de un cambio de parecer. Esta visión favorable a la militarización también se refleja por otras encuestas, como en el estudio "España ante las amenazas globales" elaborado por 40db para El País. En él, el 57,6% de los españoles decían apoyar la creación de un ejército europeo, mientras que el 55% consideraban que España debía aumentar el gasto militar. 

Daza señala que es necesario tener en cuenta el papel que juega la industria militar en este repunte militarista y aclara que los planes europeos y españoles de inversión en defensa, "buscan reducir la dependencia de EEUU, pero no sustituir a la OTAN, sino complementarla". Tras estas decisiones, "no solo hay voluntad política, sino también la presión del complejo militar-industrial europeo y norteamericano, que promueve soluciones militaristas frente a enfoques diplomáticos y basados en la cooperación económica, la seguridad humana y los derechos humanos."

De izquierda a derecha

Los resultados de las encuestas de opinión de la guerra de Bosnia (1993), la invasión de Irak (2003) y la invasión de Ucrania (2022), así como del último barómetro (2025), permiten observar un patrón. Aquellos que se autoperciben de izquierdas son menos belicosos que los que se consideran más de derechas. Esta brecha, sin embargo, parece estar reduciéndose en la actualidad.

El estudio del CIS de 1993 sobre la guerra de los Balcanes mostró que, independientemente de la autoubicación ideológica del encuestado, los que se oponían a una hipotética colaboración de España en una ofensiva militar que impusiera la paz en Bosnia eran mayoría. Tan sólo cinco encuestados que se autodefinieron como de "extrema izquierda" se mostraron proclives a la participación de España en una ofensiva para lograr la paz.

Una década después, la invasión de Irak retrataba una opinión pública algo más dividida. Cuanto más de izquierdas se consideraba el encuestado, más proclive era a que España se mantuviera neutral en el conflicto y menor era la posición que alentaba a apoyar a los aliados. En el extremo derecho del tablero ideológico, la tendencia se invertía: la mayoría de aquellos que se percibían "de derechas" –un 54,5%– creían que había que apoyar la invasión.

Cuando José María Aznar dio luz verde al envío del contingente español a Oriente Medio, los ciudadanos más conservadores vieron con buenos ojos la actuación del Gobierno. El apoyo en la derecha fue proporcional al desprecio que evidenciaron las izquierdas. Si el 91% de los españoles de izquierdas consideran que la actuación de Moncloa en relación a la crisis de Irak había sido mala o muy mala, el 69% de los de derechas opinaban lo contrario.

Es importante recordar aquí que la invasión de Irak fue vendida por el Partido Popular de Aznar como la única respuesta legítima ante la amenaza que suponía Saddan Hussein y sus armas de destrucción masiva. Cuatro años después, el ex presidente español reconocería que tales armas nunca existieron.

Tras la guerra de Ucrania y, especialmente, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la población española se muestra más cercana a las propuestas militaristas. Esta tendencia debe entenderse en el contexto de la campaña de rearme lanzada por la Unión Europea ante la retirada del apoyo de EEUU a Ucrania, que ahora es más cercano al Kremlin.

En todas las franjas ideológicas, son más los que consideran que la UE debe aumentar su capacidad defensiva que los que no. También ha tenido buena acogida en todos los segmentos ideológicos la idea de que la UE cree un ejército común. Especialmente entre los hombres.

El género es un factor que parece potenciar el belicismo. Por lo general, en todos los estudios realizados por el CIS, los hombres se muestran más proclives al militarismo, bien sea mediante el aumento de la capacidad de defensa de Europa o por el apoyo a la invasión de un tercer país. Dicho de otra forma, pese a que ambos géneros siguen una tendencia similar, las mujeres apoyan en menor medida las propuestas militares y se atreven más que los hombres a decir que no saben qué respuesta dar ante las preguntas del CIS.

Por ejemplo, si un 75% de los encuestados por el centro sociológico el pasado mes de marzo creían que la UE debía aumentar su capacidad de defensa, este porcentaje se alzaba casi dos puntos en el caso de los hombres (76,8%), mientras que decrecía si sólo se observaban las respuestas femeninas (73,2%). También ocurrió con las respuestas que el CIS incluyó entre las opciones sobre cómo creían los españoles que debía posicionarse el Gobierno ante la crisis de Irak. En este caso, un 69,5% de las mujeres apoyaron que el país permaneciera neutral, cinco puntos por encima de los hombres que respondieron lo mismo.

Las excepciones: votantes de EHBildu, BNG y UPN

En términos de recuerdo de voto, sólo el grueso de quienes votaron a EHBildu, BNG y UPN en las generales de 2023 rechazan mayoritariamente las propuestas militaristas presentadas en el último barómetro. Para Tica Font, esto puede deberse al recuerdo "de lo que fue vivir la dictadura y la Transición de España" que aún queda en algunos espacios políticos de ciertas regiones.

En el extremo contrario se situarían los votantes de EAJ-PNV. El 81,6% de quienes apoyaron a la formación regionalista vasca está a favor de la propuesta de un ejército comunitario. Por detrás se encuentran los partidos estatales del bipartidismo. En torno a un 77,7% de quienes votaron al PP en las pasadas generales confía en esta medida. También lo confirman el 77,3% de los votantes de Junts y el 75,3% de los electores del PSOE.

Un porcentaje similar de los votantes de Vox, ERC y Sumar, entre un 66,6% y un 65%, también comulgan con la idea de que la UE tenga su propio ejército. Justo después se encuentran el 53,2% de los electores que apoyaron a Podemos en las últimas elecciones. El hecho de que los votantes de Vox no apoyen masivamente esta idea a pesar del fuerte discurso militarista de la formación de extrema derecha se explica en su carácter eminentemente nacionalista y patriótico. Font lo resume así: "La extrema derecha está a favor de un ejército muy español, duro, con una capacidad represiva fuerte. ¿Estaría de acuerdo con que cada ejército nacional pierda poder en favor de uno europeo? No".

Pese a la hipótesis, la propuesta está lejos de materializarse. De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez, alentado por la Comisión Europea, ha anunciado esta misma semana un desembolso de 10.500 millones de euros extras en defensa. Una inversión que Moncloa promete hacer sin recortar las partidas sociales, y que tendrá que realizar con los presupuestos del pasado año.

En cambio, para Novact, "la principal amenaza para Europa no proviene de Estados Unidos ni de Rusia, sino de la captura corporativa [de la industria militar] que impide destinar los recursos públicos a políticas sociales y preventivas". Es decir, que "no es que falten alternativas a la escalada militar, sino que no se permite un debate real, amplio y plural sobre respuestas noviolentas y no militaristas a los desafíos globales que enfrentamos".

*Se ha modificado el texto original para incluir las aportaciones de Felipe Daza, miembro del Consejo de Novact y Tica Font, investigadora y presidenta del Centre Delàs