El periodista indio Shubham Mani Tripathi temía lo peor. Por eso dejó por escrito en su perfil de Facebook la amenaza que se cernía sobre él por haber osado investigar la extracción ilegal de arena en el estado de Uttar Pradesh. Días después seis balas acabaron con su vida. Tres de ellas directamente en la cabeza. Sus ejecutores sabían lo que hacían. Era preciso silenciar una voz incómoda que ponía en riesgo el gran negocio de la conocida como mafia de la arena. Su asesinato se produjo hace apenas dos meses. El 19 de junio. Y el jefe de la delegación local de Kampu Mail, el diario donde trabajaba el periodista tiroteado, no dudó en apuntar a una empresaria con intereses mercantiles en la zona.

Shubham Mani Tripathi ha sido el último reportero aniquilado por denunciar prácticas abusivas con los recursos naturales. Pero la lista es cada vez más larga. Informar sobre atentados de carácter medioambiental es ya un oficio de alto riesgo en todo el mundo. Poderosos grupos económicos no están dispuestos a que la insolencia de simples periodistas amenacen sus intereses crematísticos. Aunque para ello tengan que apretar el gatillo. Y así lo revela un informe de Reporteros sin Fronteras, que alerta de que, al menos, veinte profesionales han sido asesinados en la última década y decenas son objeto de persecución y cárcel.

India es el país más peligroso para escribir sobre protección del medio ambiente. Cuatro redactores han perdido la vida en los últimos años. Otros cuatro han sido procesados por ejercer su trabajo. Y cuatro más sufren intimidaciones de todo tipo, según revela el dosier de RsF. La mayor parte de ellos son víctimas de la mafia de la arena, cuyas prácticas extractivas ilegales ocasionan pingües beneficios a costa de la degradación del medio natural. Cubrir información sobre este asunto representa "una amenaza para muchas industrias y poderosos empresarios", afirma la periodista india Sandhya Ravishankar en el documento de RsF.

Asia y América aglutinan el 66% de las agresiones mundiales a periodistas que escriben sobre medio ambiente. María Efigenia Vásquez y Abelardo Liz dieron cuenta de ello con su vida. Los dos reporteros colombianos fueron asesinados por informar sobre el acaparamiento de tierras por parte de grandes grupos privados. Ninguno de los dos pudieron salvar el pellejo como sí lograron hacer Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, ambos del diario Natural Press, que se vieron obligados a tomar el camino del exilio y abandonar su país.

"Informar sobre el planeta es, sin duda, una profesión de riesgo", asegura Edith R. Cachera, vicepresidenta de RsF. "Junto a la cobertura de conflictos armados y el periodismo de investigación, el periodismo medioambiental se ha transformado en uno de los más peligrosos para los profesionales de los medios", agrega.

Las cifras así lo certifican. Desde el informe emitido en 2015 sobre el Clima hostil para los periodistas medioambientales, RsF ha registrado 53 violaciones del derecho a la información. México, Filipinas y Birmania han registrado asesinatos de periodistas en los últimos años. Y no siempre se han producido a manos de pistoleros a sueldo. Con frecuencia, son los propios gobiernos quienes hostigan a los reporteros. En Borneo, por ejemplo, Muhammad Yusuf murió cuando se encontraba encarcelado como consecuencia de sus investigaciones en un caso de expropiación ilegal relacionado con las actividades de una empresa productora de aceite de palma. La empresa lo había acusado de difamación y las autoridades sostienen que falleció de forma natural. Su esposa, en cambio, declara que su marido presentaba golpes en la nuca.

El periodista sudanés Joseph Oduha también dio con sus huesos en la celda por escribir sobre la contaminación de hidrocarburos. El Gobierno lo acusaba de "amenazar la seguridad nacional". Fue detenido y torturado, y tuvo que exiliarse de su país en 2019. No es el único. Nueve periodistas han sido procesados en los últimos años por desvelar actividades destructivas del medio natural. Y el delito al que suelen enfrentarse es el mismo: difamación.

Muchos gobiernos no solo no protegen el derecho básico a la información sino que lo persiguen. En demasiadas ocasiones porque sus intereses son coincidentes con los de las multinacionales que atentan contra la integridad del territorio. Reporteros sin Fronteras exige, en cambio, seguridad y amparo por parte de las autoridades. "Los gobiernos deben incluir en su agenda de protección del medio ambiente la protección del periodismo de medio ambiente", recalca Edith R. Cachera. "No se puede entender la protección de uno sin la protección del otro. Si queremos evitar el daño ecológico al planeta hay que permitir que quien informa sobre él pueda hacerlo en libertad".

La realidad sobre el terreno, sin embargo, dice otra cosa. El periodista Solidjon Addurakhmanov, de Uzbekistán, pagó con nueve años de cárcel su osadía de informar sobre las consecuencias ambientales del desastre ecológico en el mar de Aral. El reportero tailandés Pratch Rujivanarom fue acusado de difamación en 2017 por publicar un artículo sobre la contaminación del agua por las actividades mineras de la empresa MPC. La rusa Elena Kastyuchenko, del diario Novaya Gazeta, ha sido detenida en varias ocasiones por su obstinación en investigar la catástrofe ecológica de Norilsk. El guatemalteco Carlos Choc se enfrenta a penas de hasta 30 años de cárcel por alertar sobre la contaminación de un lago debido a las operaciones de la empresa minera CGN-Pronico.

Pero ojo. Los periodistas especializados en medio ambiente no solo peligran en países del tercer mundo o bajo regímenes de dudosa catadura democrática. También se exponen en el mundo desarrollado. En Francia, sin ir más lejos, Inés Léraud se enfrentó a varias denuncias por difamación tras investigar el impacto de la agricultura intensiva en Bretaña. Una persona influyente del sector agroalimentario actuó judicialmente contra ella, aunque terminó retirando la denuncia antes de la audiencia prevista. También en Canadá y EEUU peligra la seguridad de los periodistas. Decenas de profesionales de la información han sido detenidos entre 2016 y 2020 mientras cubrían manifestaciones de ecologistas o indígenas que se oponían a la construcción de un gasoducto.

"En países más desarrollados de Europa, entre ellos España, la cobertura de temas de impacto medioambiental se topa siempre con presiones y opacidades, especialmente en el ámbito del periodismo local, cuando no con frecuentes detenciones arbitrarias por cubrir las acciones de activistas medioambientales", señala la vicepresidenta de RsF. "Otra de las maniobras más frecuentes es empantanar al periodista en largos procesos por presunta difamación en sus artículos, que las poderosas industrias o poderes públicos pueden costearse y que, en ocasiones, acaban con el reportero en prisión".