Abdoulaye Diallo tenía solo 15 años cuando abandonó su casa y puso rumbo a España. Guinea, Mali, Argelia y Marruecos. Esta es la ruta que tuvo que seguir para llegar a Lanzarote. Salvamento Marítimo lo rescató y las autoridades canarias lo trasladaron a un centro de menores, donde "lo único que hacía era comer y dormir". Abdoulaye vive ahora en Madrid y atiende a Público nada más salir del trabajo, tres días después de que PSOE y Junts acordasen nuevos criterios para el "reparto" de menores migrantes no acompañados. Él también fue un adolescente que llegó soñando con "un futuro mejor", otra víctima de las mafias, un chaval sin recursos; un MENA, una cifra, una "herramienta electoral". 

Es muy posible que el de Abdoulaye sea el primer nombre propio de un joven migrante que aparece en los medios en las últimas semanas, a pesar de que la redistribución de los mismos ha marcado la actualidad política tras el acuerdo alcanzado entre los socialistas y los posconvergentes, al que ha sucedido la negativa primero de Carlos Mazón (País Valencià) y ahora de Jorge Azcón (Aragón), ambos presidentes autonómicos del Partido Popular, de acogerlos en sus territorios.

"¿Cómo que nos van a repartir? Es que hablan de nosotros como si no fuéramos humanos, nos tachan de criminales, nos diferencian del resto de la sociedad. Llegamos solos [a los centros] y salimos solos, parece que nadie nos quiere", continúa Abdoulaye, que responde contundente a los titulares y discursos –generalmente de las derechas– que relacionan migración y delincuencia: "Sí, habrá algún chaval que robe y alguno que tenga mala actitud, como ocurre con la gente de cualquier país, pero no podemos generalizar. Es como si digo que España es racista porque algunos españoles lo son. No estaría bien, ¿no?".

Lo mismo opina Ismael Jaber, que también pasó por varios pisos tutelados y centros de menores antes de "independizarse" y tener su propia habitación en Barcelona. "Los políticos nos utilizan para ganar votos, hacen propaganda con discursos que no son verdaderos, no saben de lo que hablan. Los menores migrantes no somos un número, no somos cuatro letras, cada vez que escucho cómo nos tratan siento que nunca vamos a encajar y pienso en quitarme del medio", reconoce. Ismael tiene ahora 22 años y trabaja para una organización que vela por la integración de niños, niñas y adolescentes que han llegado aquí en su misma situación.

Preguntado por el acuerdo político para la reubicación de 4.400 menores migrantes en España, responde: "Es imposible buscar soluciones a un supuesto problema sin saber la historia completa; no puedes legislar sobre nosotros sin escucharnos ni hacernos visibles, sin buscar nuestra integración", denuncia. Ismael recuerda su etapa en los centros por los que pasó "como algo trágico", los compañeros no lo trataban del todo bien y "los trabajadores tenían comportamientos racistas". Lo que le gustaría ahora es crecer profesionalmente y "ser un referente" para otros chavales migrantes.

"Se trata a los niños como paquetes"

Vox exigió a un Carlos Mazón acorralado por la gestión de la DANA que no llegara ni "un mena más" al País Valencià para pactar con él los Presupuestos valencianos que le han mantenido en el cargo. Y Mazón compró el discurso. Dijo que la comunidad autónoma que preside ha "rebasado su capacidad" y que no aceptará "más repartos de inmigración ilegal".

Pero fue un paso más allá. En su intervención también afirmó lo siguiente: "Buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias". El president valenciano obvió, en esas palabras, una realidad que le afeó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una comparecencia ante los medios en el Congreso de los Diputados.

"No se puede pedir que esos niños, niñas y adolescentes vuelvan con sus familias porque, en muchos casos, no tienen familia". Rego pidió "empatía" a la derecha y la extrema derecha y lo hizo en una semana particularmente dura y áspera en cuanto a los términos en los que se ha discutido, negociado y comunicado sobre los menores migrantes.

Este mes de marzo, el PSOE y Junts han llegado a dos acuerdos sobre la materia. El primero, la cesión de competencias en inmiración y, el segundo, el pacto que desencalla la redistribución de menores migrantes que tanto ha costado alcanzar. Los posconvergentes informaron sobre el acuerdo con una idea fuerza: "Del total de menores que habrá que distribuir en la península (unos 4.000), a Catalunya llegarán entre 20 y 30 y a Madrid, más de 700". En esos términos numéricos y casi mercantiles, que, como señalan los expertos, contribuyen a la "deshumanización" de los menores migrantes, se ha conducido el debate.

Son voces del propio PSOE las que reconocen una cierta incomodidad. Un diputado importante dentro del Grupo Socialista lamentó, en conversación con periodistas, que no es agradable "hablar de 30 para acá y 700 para allá". Detrás de las decenas y centenares de menores migrantes que irán a parar a una comunidad u otra para aliviar la presión que sufren en la actualidad las Islas Canarias hay personas y, además, en extrema vulnerabilidad. "Y no sólo es la deshumanización, también la violencia institucional que reciben estos niños y niñas, una violencia que empobrece nuestra democracia", señala Irma Ferrer, abogada y voluntaria en la red de solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote.

El acuerdo, en general, no ha sido mal recibido entre las izquierdas del Congreso, porque debería contribuir a que los menores migrantes vivan en mejores condiciones. Fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también reconocen a Público que la propuesta "es un paso adelante", sin embargo, creen que "debería ser mejorada en su tramitación parlamentaria" y piden actuar "decididamente" ante los delitos de odio y "la discriminación" que sufren los miembros del colectivo.

Junts, por su parte, defiende que su posición no tiene nada que ver con una supuesta antiinmigración porque los números demuestran que Catalunya soporta, actualmente, una presión más alta que el resto. Sin embargo, a nadie se le escapa que el debate ha rezumado una cierta insensibilidad, esa de la que hablaba el diputado socialista. También en Podemos o ERC tienen recelos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la Cámara Baja, desconfía de las razones que han motivado el propio acuerdo porque "se trata a los niños como paquetes".

En los mismos términos fue criticada, unas semanas atrás, la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica que registraron en el Congreso PSOE y Junts sobre la cesión de competencias en inmigración a Catalunya. Hablaba de la inmigración como "un beneficio", pero "para la fuerza de trabajo". A la vez también la situaba como un "riesgo para la convivencia y la cohesión social".

A este escenario hay que sumarle los ya habituales eslóganes descaradamente antiinmigratorios –que sobrepasan con creces cualquier análisis conversacional porque se fundamentan en su convicción política– de extremas derechas como Vox, Aliança Catalana o, en el contexto internacional, Trump, Meloni, Ventura o Wilders, que han contribuido a una deshumanización progresiva de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Un ejemplo paradigmático de ello es su cosificación a través del acrónimo MENA.

España tiene capacidad para su acogida

CEAR pone el foco en "quienes han decidido convertir a unos chavales en carne de cañón" para sacar rédito de "una estrategia política" y recalca: "Se nos olvida que hablamos de menores en situación de desamparo". El organismo considera además que un país como España "tiene capacidad suficiente para responder" a la realidad migratoria "por mucho que haya aumentado" el número de llegadas; una tendencia que, insisten, sigue lejos del colapso. El Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria y el PP, llevaba meses defendiendo este discurso y exigiendo mecanismos para desbloquear "el reparto excepcional" de los 4.400 menores migrantes que atiende en estos momentos el archipiélago.

"¿Tenemos capacidad para acoger a 18 millones de turistas que vienen aquí todos los años, pero no podemos atender a 4.400 niños y niñas que llegan en busca de un futuro mejor?", se pregunta Irma Ferrer, que añade: "Es absolutamente miserable poner en la diana a la población más vulnerable: un niño negro, pobre y sólo". La abogada considera que "los datos no avalan la retórica de la saturación"; una idea que comparten tanto Ismael como Abdoulaye: "Es grave que los representantes políticos difundan este tipo de mentiras, porque luego la gente las replica". Ninguno de los dos espera nada del país al que llegaron con la mochila cargada de expectativas –"totalmente idealizadas", reconocen ahora–, pero piden, al menos, deshacerse de los estigmas; dejar de ser una cifra, un acrónimo, por mucho que lo de menas, visto lo visto, pueda llegar a tener sentido: "No nos sentimos acompañados, tampoco cuando llegamos aquí".