Empezó rompiendo las reglas impuestas por Italia y Malta en un momento crucial del debate migratorio europeo. Abrió los puertos españoles primero al Aquarius primero y después al Open Arms, en varias ocasiones. Parecía que venía para representar otra concepción de la política migratoria, pero no tardó mucho tiempo en dejar atrás los gestos y seguir a rajatabla los dictados de la Unión Europea.

En poco más de medio año, Pedro Sánchez ha pasado de acoger a los migrantes rescatados en el Mediterráneo central a bloquear la salida de buques de rescate de ONG españolas como el Open Arms o el Aita Mari. Este es, quizás, el cambio de rumbo más visible de la política migratoria del Gobierno. Incluso el vicepresidente italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, ha aplaudido el bloqueo de los barcos de rescate, uno de sus mayores caballos de batalla incluso antes de llegar al Gobierno.

Lo cierto es que Sánchez heredó de Rajoy una situación de aumento sin precedentes de la inmigración irregular hacia España. “No había previsión, ni respuesta ni foco”, lamentó el miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El bloqueo de la ruta italiana por el cierre de puertos y los acuerdos con Libia, unido al pacto Bruselas-Turquía para cerrar la ruta de los Balcanes convirtieron a España en el principal puerto de entrada de los migrantes por vía marítima en la segunda mitad del año. Más de 57.000 personas llegaron a las costas españolas en 2018, según datos del Ministerio del Interior, unas cifras que superaron las de la crisis de los cayucos de 2006, el año más intenso en términos de recepción de migrantes hasta el 2018. Y en lo que va de 2019, casi 4.000 personas han logrado superar la travesía marítima hacia España, según la Organización Internacional para las Migraciones, lo que hace augurar un año con números incluso superiores.

Apuesta por reducir las llegadas

Ante este panorama, el Gobierno se ha propuesto reducir un 50% la inmigración irregular, según ha publicado El País. Para ello, explica el diario citando fuentes del Gobierno, limitaría las actuaciones de Salvamento Marítimo, entre otras actuaciones. Una información que ha levantado polémica, más aún después del apagón informativo en las redes sociales de esta entidad pública sobre los rescates de pateras, algo que se impuso, curiosamente, tras la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía. Fuentes de CGT, el sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, aseguran que no hay directrices nuevas sobre sus actuaciones en los rescates de pateras, pero ponen el foco en la falta de medios materiales y en la eliminación de las tripulaciones de refuerzo que lograron arrancar al Ejecutivo este verano. También advierten de cierta militarización del cuerpo después de la puesta en marcha del mando único para la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho. “Próximamente tendremos siempre varios guardias civiles a bordo de uno de los barcos que van a operar en el Mar de Alborán. Eso no se había visto nunca”, ha declarado a Público Ismael Fuiro, delegado de CGT en Salvamento Marítimo.

La "necropolítica"

Para la activista Helena Maleno, experta en migraciones y miembro de la ONG Caminando Fronteras, la postura que ha ido dibujando el Gobierno no tiene tantas diferencias entre las que ya aplicaba o pretendía aplicar el PP. “Los postulados son los mismos. Que Sánchez pase de recibir al Aquarius a bloquear los barcos de rescate o a silenciar a Salvamento Marítimo no resulta raro ni difícil de entender. Ni siquiera para sus votantes”, asegura la investigadora afincada en Marruecos. “La base es el racismo institucional basado en privilegios, en el colonialismo. No somos la Europa de los derechos humanos. El votante, de derechas o de izquierdas, no quiere perder sus privilegios frente a otras personas, y llevamos muchos años diciendo a la gente que los privilegios no nos los quitan los banqueros o el poder económico, si no la gente que viene en patera”, sostiene.

Según Maleno, “puede que Sánchez tenga miedo a la extrema derecha, pero lo que está aplicando tiene un nombre y está definido desde hace años por el filósofo camerunés Achille Mbembe. Es la necropolítica, decidir qué vidas tienen más valor que otras. Ya no hace falta disparar pelotas de goma a los migrantes en el agua para que no crucen. Ahora sólo hay que dejarlos morir en el mar sin siquiera sentirnos responsables”, argumenta.

Antes de que llegara Vox

Pero esta deriva hacia una línea dura en materia migratoria no llega con la irrupción de Vox, que ha colocado la inmigración como uno de los grandes debates que puede inclinar la balanza electoral. Sánchez comenzó este giro tras la llamada crisis migratoria en el Estrecho del pasado verano, cuando advirtió a Proactiva Open Arms de que no podría volver a desembarcar en Algeciras a los rescatados en aguas del Mediterráneo central. Después llegaron las devoluciones exprés de los migrantes que saltaron la valla de Ceuta gracias al rescate de un acuerdo de devolución de migrantes con Marruecos, enterrado y sin apenas usarse desde su firma en 1992. Incluso se está planteando la devolución de menores extranjeros no acompañados (menas) a sus países de origen, sobre todo con los marroquíes, primando la condición de extranjero por encima de los derechos del menor.

Tampoco ha variado la línea respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tan sólo ha anunciado reformas en lo que numerosas ONG definen como “cárceles racistas”, y ha mantenido el proyecto del PP de construir uno nuevo en Algeciras.

El Gobierno sólo ha anunciado la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla cuando ha logrado que Bruselas dé un trato preferente a Marruecos, sobre todo en lo económico, para que actúe de gendarme de nuestra frontera, como ya se ha hecho con Libia, con Argelia, con Níger, con Turquía o con Senegal. De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha viajado durante los dos últimos días a Guinea Conakry (segundo país de procedencia de los migrantes que llegan a España, sólo detrás de Marruecos) y Gambia para ampliar y amarrar más acuerdos bilaterales para el control de los flujos migratorios.

La presión del Gobierno en Europa ha desbloqueado los fondos que han conseguido que la Marina Real Marroquí intervenga mucho más activamente a la hora de localizar e interceptar pateras que zarpan de sus costas, según confirman las ONG Caminando Fronteras y las tripulaciones de Salvamento Marítimo. Y en materia de derechos humanos, la postura que mantuvo ante el Tribunal de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente fue exactamente la misma que la argumentada por el PP cuando el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz trató de darles encaje legal con la figura del rechazo en frontera, lo que ha valido una condena al país.

"Evidentemente, con la inmigración instalada como asunto clave previo a varias citas electorales, Sánchez no quiere perder votos, pero tampoco se le puede achacar el efecto contagio de la ultraderecha xenófoba en sus políticas, como ha ocurrido en muchos países europeos durante los últimos dos años. Más bien, Sánchez intenta ser el alumno ejemplar de la Unión Europea”, aprecia Ana González-Páramo, investigadora sobre migraciones de la Fundación porCausa. "El problema es que el discurso antiinmigración ha calado tanto en toda Europa, en todas las instituciones, que si te conviertes en alumno modelo de Bruselas acabas aplicando medidas restrictivas en materia de derechos”, advierte. “Sánchez quizás tuvo buenas intenciones pero no ha tenido el coraje de mantenerlas y ni de buscar alternativas a nivel europeo, sobre todo cuando sus supuestos socios, Alemania y Francia, están librando su propia guerra interna en este campo”, añade.