"No hemos terminado, hemos comenzado y habrá que hacer más cosas. ¿Eso implicará debatir? Por supuesto, pero un Gobierno que no debate no es un Gobierno". El vicepresidente segundo y ministro de Agenda 2030, Pablo Iglesias, compareció el jueves para, entre otras cosas, marcar posiciones sobre una de las sonadas ausencias del primer paquete de medidas económicas del Gobierno, la cuestión del alquiler en tiempos de confinamiento y frenazo económico.

"Este Gobierno es perfectamente consciente de que hay mucha gente que se puede ver en la situación de no poder pagar el alquiler", admitió, para agregar que "no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y en lo social", a diferencia de lo ocurrido en 2008.

Su intervención se hacía necesaria para tranquilizar a inquilinos y pequeños empresarios que arriendan un local. De hecho, en apenas 24 horas, los sindicatos de inquilinas han lanzado una campaña para recopilar casos de afectados y ya han recibido más de 700 correos de autónomos, trabajadores con y sin paro, y pequeñas empresas que temen no poder hacer frente a la renta de abril. También han conseguido unas 14.000 firmas de apoyo a su iniciativa, no ya por una moratoria, sino directamente por una suspensión de pagos de la renta y de suministros básicos para los afectados, lejos de lo que, por el momento, plantean Iglesias y su entorno.

Pero el vicepresidente también tenía que dar respuesta a las declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta, Nadia Calviño, señalada por la formación como el principal obstáculo a una salida más social del atolladero dibujado por el coronavirus. Calviño había puesto el límite de lo posible e, incluso, de lo razonable, en la moratoria del pago de hipotecas. Con los alquileres "es una situación distinta", dijo, porque al otro lado "no hay un banco sino un ciudadano".

En medio de la pugna se encuentra el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, que reconoce que, "de momento" se ha impuesto la línea dura de Calviño. Fuentes del Ministerio lo justifican en una "prevención" doble. Por un lado, una moratoria de alquileres implicaría perjudicar al 95% de los arrendadores que, según argumenta, son particulares, pequeños ahorradores y también víctimas de esta crisis. Por otro lado, aducen un posible pánico entre propietarios que llevaría a sacar pisos de la oferta de alquiler y aumentaría los precios. "Puede ser contraproducente, por eso hay detractores de esta postura", afirman estas fuentes.

Por el momento, explican en el departamento de José Luis Ábalos, las únicas herramientas que se atreven a utilizar serían "partidas extraordinarias de los Planes Nacionales de Vivienda", aunque reconocen que, entre un consejo de ministros y otro, los escenarios cambian a gran velocidad. "No se descarta nada", conceden. Se mira a la casuística, a veces se apunta a "los grandes tenedores" de casas, como los fondos de inversión, pero con la distancia que generan las palabras "inseguridad jurídica", pese a la inseguridad económica y habitacional que ya padecen millones de personas.

"Van tarde"

En cualquier caso, para Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y expresidente de la extinta Sociedad Pública de Alquiler, "ya se va tarde con este asunto", aunque no cree que llegue una solución en el próximo Consejo de Ministros. "Calviño es un dique y el sector inmobiliario no lo va a permitir", sentencia.

Según este economista, es seguro que va a haber un número importante de impagos, tanto en alquiler de viviendas como de locales, debido a la caída de ingresos por culpa del parón del país. "Sólo es cuestión de tiempo, el Gobierno tendrá que intervenir sí o sí", afirma Inurrieta. Apunta como solución "fácil" una moratoria de los pagos en determinados supuestos, aunque advierte que generará malestar por casos discriminatorios.

También apunta que el umbral de la "vulnerabilidad" de un inquilino no puede ser el mismo que el establecido en las hipotecas, ya que los precios de los alquileres se han disparado en los últimos años y el porcentaje de ingresos que se come el alquiler es mucho mayor, un 40% de media entre los españoles, según la OCDE.

Por otra parte, considera que lo más lógico en el caso de los locales sería que el Estado asumiera los pagos, al igual que ha hecho con las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y trabajadores afectados por un ERTE. "Tiene capacidad para ello", sostiene.

El sector inmobiliario se adelanta

También da por segura una intervención gubernamental el sector inmobiliario. Tanto que ha empezado a anticiparse. Lazora, el grupo inmobiliario del fondo de inversión Azora, ha anunciado condiciones especiales de aplazamiento del pago de las rentas durante estado de alarma y un fraccionamiento durante un año de las rentas no abonadas. Posee 7.000 viviendas en el país, la mitad, viviendas sociales protegidas.

Incluso el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo dejará de cobrar el alquiler a los inquilinos afectados económicamente por la pandemia.

Suspensión frente a moratoria

Por su parte, desde los movimientos sociales por el derecho a la vivienda no se conforman con una hipotética moratoria. Los Sindicatos de Inquilinas de Madrid y de Barcelona han lanzado una campaña por la suspensión temporal del pago de los alquileres para los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios a los que la crisis del coronavirus les haya lastrado económicamente.

Tanto estos sindicatos como el economista Inurrieta consideran tramposo el argumento de Calviño de que el 95 % de los arrendadores en España son familias y pequeños ahorradores y el 5% restante son bancos, inmobiliarias y fondos buitre. "Las pocas estadísticas que hay sobre propietarios son de Barcelona, y hay un gran número de personas que poseen decenas e incluso bloques enteros de viviendas. También sabemos que pasa en Madrid. No son familias que necesitan el alquiler para sobrevivir, sino especuladores", critica Javier Gil, portavoz del sindicato madrileño.

Para Gil, la moratoria no es suficiente porque "sólo aplaza lo inevitable, que quien más va a sufrir esta crisis la acabe pagando, antes o después, como ocurrió hace diez años". Después de más de dos años peleando contra fondos de inversión y por la regulación de los precios del alquiler, ahora alertan de que sin una suspensión de pagos, la crisis inmobiliaria puede ser "peor que la de 2008" porque los impagos "se van a concentrar en pocos meses". "Va a ser un caos tanto para los inquilinos como para los propietarios, que tendrán que llenar los tribunales de denuncias por impago", pronostica Gil.

Llaman a los afectados a "no dejar de comer para pagar el alquiler ni a endeudarse", a contactar con los sindicatos de vivienda para organizar una "respuesta coordinada y conjunta" ante la situación y a sumar para tener más fuerza de presión. Han facilitado un modelo de burofax para remitir al propietario advirtiendo de los problemas generados por el virus y pidiendo negociar la nueva situación "mientras la crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 no se resuelva".

"Esperamos que el Gobierno actúe pronto, sabemos que es complejo y que hay muchas diferencias entre un fondo buitre y un casero que alquila su segunda residencia. Lo que debe hacer el Gobierno es tipificar los casos y evitar que esta crisis la vuelvan a pagar trabajadores, autónomos y pequeñas empresas", concluye Gil.