Público
Público

Sardinas en lata para comer en la residencia del grupo de Florentino Pérez donde agonizó una anciana sin atención

Las trabajadoras del centro Concepción Arenal de A Coruña, gestionada por Clece, denuncian la falta de recursos tres años después de la muerte de la mujer, ahogada en su propio vómito una noche en la que no había ni médicas ni enfermeros.

Imagen combinada de Florentino Pérez, la residencia Concepción de A Coruña y una hoja de trazabilidad del servicio de cocina donde se registra el menú 'de emergencia' a base de sardinas enlatadas.
Imagen combinada de Florentino Pérez, la residencia Concepción de A Coruña y una hoja de trazabilidad del servicio de cocina donde se registra el menú "de emergencia" a base de sardinas enlatadas. Clece / Europa Press / Público

El 10 de diciembre de 2019 una mujer de 85 años interna en la residencia pública autonómica para mayores Concepción Arenal de A Coruña murió por broncoaspiración como consecuencia de un atragantamiento sufrido horas antes. Llevaba horas con fiebre, taquicardia y la respiración alterada, pero pasó sus últimas horas de vida sin atención médica porque la empresa privada que gestionaba la residencia no había destinado esa noche al centro más personal sanitario que tres auxiliares para encargarse de cerca de 150 personas mayores distribuidas en cinco plantas. No había médicas ni enfermeras de guardia. Sólo las tres auxiliares. Cuando llamaron a un médico de la sanidad pública, ya era tarde.

Casi tres años después, y cuando aún no se ha celebrado el juicio por la muerte de la mujer, trabajadoras, residentes y familiares de internos se manifiestan cada jueves a las puertas de la residencia. Aseguran que nada ha cambiado desde entonces, ni siquiera a raíz de la investigación por un supuesto delito de homicidio por imprudencia profesional que instruye un juzgado de A Coruña, y en el que están imputados varios altos cargos y técnicos de la empresa y la Xunta de Galicia como responsable civil subsidiaria.

Cuando la anciana murió, la residencia Concepción Arenal estaba gestionada por DomusVi, propiedad del fondo buitre británico Intermediate Capital Group (ICG) y del multimillonario francés Yves Journel. Desde el pasado junio, el contratista es la firma Clece Vitam, la división multiservicios del conglomerado empresarial de otro millonario, el constructor español Florentino Pérez, dueño de ACS y presidente del Real Madrid.

Clece lleva contratas públicas de jardinería, limpieza y mantenimiento de edificios, alumbrado público, servicios aeroportuarios… También la gestión de residencias como la de A Coruña, cuyos trabajadores apuntan que desde que la Xunta se la adjudicó, la situación ha empeorado, con aún menos personal y recursos para que puedan hacer su trabajo. Es decir alimentar, acompañar y cuidar a los residentes.

"El funcionamiento de la residencia pública Concepción Arenal es la indecencia personificada", asegura Paulino Campos, presidente de REDE, la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias. Denuncia que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda, la Xunta ha antepuesto los intereses de negocio del sector privado a la correcta gestión de las residencias. "Es el símbolo perfecto de la escandalosa y espantosa colaboración de las iniciativas pública y privada que domina el actual sistema de las residencias en Galicia", añade.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante su intervensión en la junta de accionistas de la constructora, en Madrid.
El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante su intervensión en la junta de accionistas de la constructora, en Madrid. CEDIDA/ACS

Campos recuerda que la Xunta paga a las sociedades de Florentino Pérez unos 1.400 euros mensuales por residente, cuando las mismas empresas cobran entre 1.965 y 2.550 euros por persona en sus centros privados de Oleiros, un municipio residencial a diez kilómetros de A Coruña, y de Vigo. "Si en estos dos centros privados se suceden las protestas de las familias por la desastrosa atención dispensada a las personas mayores, ya podemos imaginar lo que sucede en Concepción Arenal. ¿Quiénes pagan estas estrecheces? Los de siempre: las personas mayores y las trabajadoras", concluye.

Con respecto a las primeras, las quejas son continuas. En abril de 2019, seis meses antes de la muerte de la mujer, la inspección de la Consellería de Política Social de la Xunta constató en dos visitas al centro varios incumplimientos legales en los sistemas de seguridad, así como el mal estado de las instalaciones y varias deficiencias en los protocolos de aviso a las familias y de información acerca de las incidencias de salud de los internos. También se hizo eco de las denuncias de las trabajadoras sobre los excesos de jornada a las que las obliga la falta de personal y la vulneración de sus derechos laborales, que hoy, afirman, siguen manteniéndose.

El ejemplo más reciente ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando la dirección ordenó un "menú de emergencia" a la hora de comer que consistía en sardinas enlatadas. La emergencia se debió a que no había ningún cocinero en la residencia, tal y como prueban las anotaciones en la hoja de trazabilidad y servicio de la cocina de ese día a la que Público ha tenido acceso gracias a REDE, y que acompaña este artículo.

"Esta residencia es como el Titanic, llevamos años advirtiendo de que se hunde, pero ni siquiera con un suceso tan grave como el de 2019 nos hacen caso", asegura una delegada sindical, que prefiere guardar su anonimato por miedo a represalias. Acaba de enterarse de que en el registro de jornadas de Clece, que la compañía se ha negado a proporcionar al comité de empresa, hay hasta 20 tipos distintos de jornada laboral. En el caso de una trabajadora de limpieza, se le asigna una jornada de seis minutos a la semana. "0,1 horas", tal y como consta en la información que ofrece la Xunta a través de su Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

Hay otros trabajadores y trabajadoras con jornadas de 8 horas a la semana; de 11,64; 14,92 ; 15 horas semanales… Público ha intentado contactar con algún responsable de la empresa para aclarar el por qué de semejantes diferencias y conocer su versión ante las denuncias de la plantilla, pero no lo ha logrado. Tampoco ha respondido la Consellería de Política Social, cuya responsable es Fabiola García.

25/10/22Hoja de trazabilidad del servicio de cocina donde se registra el menú 'de emergencia' a base de sardinas enlatadas servido a los usuarios de la residencia el pasado 16 de agosto.
Hoja de trazabilidad del servicio de cocina donde se registra el menú "de emergencia" a base de sardinas enlatadas servido a los usuarios de la residencia el pasado 16 de agosto.

Sólo tres meses antes del fallecimiento de la mujer que murió sin atención médica, una médico y una enfermera denunciaron la situación laboral del centro ante los juzgados de lo Social, que acabaron archivando el caso. Su abogada, Belén Canosa, es la misma que ejerce de forma altruista la acusación en la querella por homicidio imprudente cuando la residencia la llevaba DomusVi. "A los dueños, los fondos buitre, les dan igual los derechos más esenciales de los residentes. Para ellos es un negocio en el que más dinero ganan cuanto menos gastan", afirma.

La defensa de Clece alega que no había enfermeras aquella noche porque es difícil contratarlas ya que todas se van a la sanidad pública. Canosa responde que ese argumento obvia que los salarios que les ofrecen son mucho más bajos. "Si no tienes personal para garantizar la prestación de un servicio público porque no le pagas lo que debes pagarle, entonces, sencillamente, no puedes prestarlo", señala la abogada. "Economizan en personal sanitario, pero también en jabón, en sábanas, en pañales, en alimentos", concluye.

La investigación del caso, a cargo de la jueza de Instrucción número 6 de A Coruña, recoge cómo el médico que supuestamente estaba de guardia localizada no atendió las llamadas en la madrugada en la que la residente comenzó a encontrarse en estado grave; que no había enfermeras esa noche; que tan solo había tres auxiliares para cinco plantas y 150 residentes, incluso que alguno de los supuestos auxiliares no lo era en realidad porque en su currículo sólo consta un curso municipal de tres meses.

Gran parte de las diligencias de investigación han sido practicadas ya, y fuentes cercanas al caso estiman que la jueza dictará auto de archivo o de apertura de juicio oral en el primer semestre de 2023.

Mientras tanto, las circunstancias actuales empiezan a parecerse mucho a las de los meses previos a la muerte de aquella mujer. Las trabajadoras presentaron en marzo pasado una denuncia en la Fiscalía documentando que  la falta de médicos y enfermeras en el centro durante varios turnos semanales es habitual, y en septiembre pasado se dirigieron otra vez a la consellería de Fabiola García para advertirle de que la empresa estaba incumpliendo la ley y poniendo en riesgo las vidas de los usuarios.

Según un correo electrónico del pasado 26 de septiembre al que ha tenido acceso Público, la inspección de la Xunta reconoce que ha constatado las deficiencias denunciadas con respecto al personal gerocultor y de enfermería, y que ha instado a la empresa de Florentino Pérez a enmendarlas bajo la amenaza de iniciar "las acciones oportunas al respecto".

Un mes después, las trabajadoras afirman que todo sigue igual. Este jueves se manifestarán junto a los usuarios de la residencia y sus familiares, para alertar del peligro de que una persona mayor pueda enfermar de nuevo y agonizar durante horas sin que le atiendan ni un médico ni una enfermera, por culpa del interés lucrativo de una empresa que, a su juicio, incumple la ley, y con la connivencia de la administración que debería protegerles.

Respuesta de la Xunta tras la publicación de este artículo

Con posterioridad a la publicación de este artículo, la Consellería de Política Social envió este texto como respuesta a las preguntas que le transmitió Público:

"La Consellería de Política Social e Xuventude tiene constancia de las denuncias formuladas contra este centro dirigidas a la inspección de servicios sociales, motivo por el cual se llevaron a cabo las correspondientes visitas de inspección.

Los incumplimientos detectados en las inspecciones realizadas en el año 2020 relativas a la falta de personal de enfermería 24 horas dieron lugar a la tramitación de un expediente sancionador firme en vía administrativa.

La entidad manifiesta dificultades para la contratación de este personal y acredita su busca. La Consellería de Política Social e Xuventude tiene constancia de la presentación de reclamaciones por irregularidades en el ámbito laboral, pero el órgano competente para tramitarlas es la Inspección de Trabajo.

De acuerdo con el establecido en la orden de 18 de abril de 1996 por la que se desarrolla o Decreto 28.7.1995, que regula el régimen de autorización y acreditación de centros, respeto a los requisitos de personal das residencias para personas mayores, estas deben contar con la presencia localizada de profesional médico 24 horas.

Por lo que respeta la querella criminal que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, este es un tema que está judicializado y será en esta vía en la que se diriman en su caso las responsabilidades".

Más noticias