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Violencia machista Las denuncias por violencia de género caen casi un 10% en un trimestre marcado por la covid-19

Los datos relativos a la violencia machista en el primer trimestre del año hechos públicos por el CGPJ, apuntan a que la pandemia y el confinamiento han podido dificultar la interposición de denuncias. Las órdenes de alejamiento y las de  prohibición de comunicación se incrementaron, a pesar de registrarse menos solicitudes en los juzgados.

Un gran lazo morado cuelga del Parlamento de Canarias, comunidad en la que se ha producido el último asesinato machista./ Ramón de la Rocha (EFE)
Un gran lazo morado cuelga del Parlamento de Canarias, en honor a una de las víctimas de violencia machista./ Ramón de la Rocha (EFE)

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El número de denuncias por violencia machista en el primer trimestre de 2020, marcado por la situación de alerta sanitaria, ha disminuido un 10%, alcanzando las 36.185, al igual que el número de víctimas, que fue de 34.837 (un 9,8 % menos).

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos judiciales acordaron 7.607 órdenes de protección, un 2,21 % más que hace un año, pese a que las solicitudes disminuyeron un 2,8 %. 

La mitad de las víctimas mantenía una relación afectiva con su agresor cuando se solicitó la orden de protección, y dos de tres denuncias del total fueron presentadas por la víctima directamente en el juzgado o en comisaría.

El Poder Judicial reconoce que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo ha repercutido en la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer, aunque fue declarada esencial y no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada en ningún momento.

Si se relaciona la estadística con los datos del primer trimestre de 2019, las cifras de estos tres primeros meses del año ponen de manifiesto que también se redujeron, en un 2,8%, el número de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y ante los juzgados de guardia.

Sin embargo, se ha apreciado un aumento del 2,21% en las que fueron acordadas por los órganos judiciales, que representan el 71,68 % del total de las solicitadas en el trimestre.

Siete de cada diez sentencias fueron condenatorias

En cuanto a las sentencias, de las 11.515 dictadas el 70,13 % han sido condenatorias, un punto y medio más alto que en el primer trimestre del año pasado (68,58 %) y muy próximo al 70,54 % del conjunto de 2019, que marcó un máximo histórico.

Siete de cada diez denuncias fueron presentadas por la víctima, mientras que los familiares de la víctima presentaron el 1,69 % (612 denuncias), un leve aumento respecto al mismo trimestre de 2019 (1,59 %).

En el periodo analizado, el número total de víctimas fue de 34.837; la tasa de víctimas de la violencia de género en toda España fue de 14,4 por cada 10.000 mujeres, mientras que hace un año fue de 16,11.

Los datos del CGPJ desvelan que no todos los territorios se comportaron de la misma forma, sino que algunas incrementaron el nivel de denuncias. Por comunidades autónomas, la tasa más alta es la de Baleares -con 20,3 víctimas por cada 10.000 mujeres- y también están por encima de la media nacional Murcia (19,8), Canarias (18,5), Andalucía (15,9), Madrid (15,5) y Cantabria (15,2). Los territorios con una ratio más baja han sido Aragón (8,9), Galicia (9,8) y Extremadura y Castilla y León, ambas con 9,9.

De las mujeres que se acogieron a la dispensa de no declarar 2.319 eran españolas (9,97 %) y 1.404 (12,12 %) tenían otra nacionalidad. Además, los juzgados adoptaron 18.952 medidas civiles y penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares.

Incremento de órdenes cautelares de protección

Si bien los datos de los tres primeros meses desveladas por el CGPJ este lunes afirma que el número de peticiones de órdenes de protección disminuyeron ligeramente en los juzgados, comparados con las cifras del año pasado, las medidas cautelares, sin embargo se incrementaron. Las medidas penales más frecuentes han sido las órdenes de alejamiento (5.904) y las prohibiciones de de comunicación (5.586), que representan, respectivamente, el 76,04% y el 63,43% de las medidas adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer. Las primeras aumentaron un 3,5% respecto a las acordadas en el primer trimestre de 2019; las segundas disminuyeron un 6,9%.

Las medidas civiles acordadas sumaron 3.737; el 19,28 % estaban relacionadas con la prestación de alimentos, el 16,05 % con la atribución de la vivienda; el 3,44 % supusieron la suspensión del régimen de visitas y el 3,36% la de la guarda y custodia.

Estos juzgados ingresaron en el trimestre 49.331 asuntos penales, un 4 % menos que entre enero y marzo de 2019, cuando recibieron 51.568 asuntos; un total de 4.652 personas fueron enjuiciadas por estos órganos judiciales; 4.642 fueron hombres y 10, mujeres.

Por su parte, los juzgados de menores enjuiciaron el primer trimestre del año a 75 menores de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer (74 menores entre enero y marzo de 2019).

Se impusieron medidas (equiparable a una sentencia condenatoria) en 71 casos (el 94,67 % del total), de los cuales 62 eran relativos a menores españoles y nueve a menores extranjeros.

Reflejo del estado de alarma

Para la responsable del Observatorio, estos datos empiezan ya a reflejar las consecuencias de la declaración del estado de alarma. Para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del CGPJ, "el confinamiento impuesto ha podido ser la causa que ha hecho aún más difícil para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades".

"En los momentos de confinamiento, la actuación del entorno de la víctima deviene esencial para evitar el sufrimiento que suponen los malos tratos para la mujer y para sus hijos e hijas", destaca.

Carmona asegura que, con todo, hay datos que permiten acreditar que el sistema institucional funciona y es cada vez más eficaz: el aumento del porcentaje de órdenes de protección acordadas y del número de sentencias condenatorias.

"Ello nos lleva a afirmar que la valoración del riesgo de las víctimas y la acreditación de los hechos en fase instructora y en el juicio oral va perfeccionándose y, en consecuencia, la víctima está mejor protegida; las instituciones mantienen intactos sus esfuerzos para que estos delitos tan execrables no queden impunes", asevera.

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