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El juez del 'caso Lezo' archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo

En la misma línea de investigación, el magistrado ha propuesto juzgar al exdirector del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. El texto señala que está vinculada con la compra de fondos de la misma de la empresa brasileña Emissao, la entidad colombiana Inassa, las presuntas adjudicaciones irregulares del campo de golf del CYII y las obras del tren a Navalcarnero, donde se encuentra procesado el expresidente madrileño.

05/05/2022 Ignacio González
El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (c) en la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a 4 de mayo de 2022, en Madrid. Gustavo Valiente / Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha archivado la investigación por blanqueo de capitales contra el expresidente madrileño Ignacio González. Por el contrario, el magistrado ha propuesto este jueves juzgar al exdirector del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel por la misma causa de delito en una pieza separada del caso Lezo. Las partes cuentan con un plazo de 30 días para presentar sus escritos de acusación y defensa donde se ha investigado la ocultación y el afloramiento de capitales obtenidos ilícitamente.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha dado un plazo de 30 días a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa en esta pieza separada de Lezo donde se ha investigado la ocultación y el afloramiento de capitales obtenidos ilícitamente.

De Miguel recibió al menos 3.825,179,09 euros que ocultó al tesoro público español

Según Gadea, los hechos comprenden "la actuación desplegada entre los años 1999 y 2014 por el investigado Ildefonso de Miguel (2003-2009) para ocultar ganancias cuyo origen lícito se desconoce e introducirlas en el circuito legal". El magistrado ha recordado lo descubierto en las pesquisas de las piezas dos y tres cuando se abrió juicio oral al exdirector por delitos de cohecho.

"Se sabe que entre 1999 y 2008 se dispuso a través de cuentas abiertas en el extranjero de cuantiosos fondos —al menos 3.825.179,09 euros— cuya lícita procedencia no consta y que mantuvo siempre ocultos a la Hacienda Pública española", ha señalado el juez. "Hacia julio de 2008, se le hicieron llegar unos 2,5 millones de euros en efectivo", ha añadido Gadea.

El magistrado del caso Lezo explica que "con dicho fin, constituyó un entramado societario y financiero con presencia en Panamá, Liechtenstein, Suiza y Guernsey". Gadea indica que De Miguel utilizó estos entramados para ocultar sus fondos de origen desconocido y que posteriormente afloraron en España mediante la interposición de otras sociedades.

Gadea recalca que los fraudes del ex director suponen seis delitos contra la Hacienda Pública

El juez recalca que el que fue director del Canal Isabel II habría defraudado al tesoro público español 1,5 millones de euros entre 1999 y 2008, lo que supone seis delitos contra la Hacienda Pública, a no ser que el propio magistrado indique si han concluido.

De esta forma, Gadea pone el foco en "las diversas maniobras" que De Miguel habría hecho entre 2011 y 2014 "con el fin de aflorar en España esos fondos de origen desconocido" con el objetivo de conseguir "contratos simulados de préstamo en los que sus sociedades interponían como prestamistas o prestatarias y realizó otras inversiones".

Deja fuera al ex presidente madrileño

En la misma resolución, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional respecto a Ignacio González, Lourdes Cavero, Carmen Pilar Pazos y Concepción Ruano, sin dar mayores explicaciones. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha dado este paso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificara su decisión de dar por finalizadas las pesquisas de esta pieza 5, rechazando con ello la petición formulada por el PSOE para que siguiera indagando.

El titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, ya envió a juicio las piezas de esta causa sobre corrupción en el Canal Isabel II relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa, y con las presuntas adjudicaciones irregulares del campo de golf del CYII y de las obras del tren a Navalcarnero, donde está procesado el ex presidente madrileño.