Aunque el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no se reunirá hasta el 5 de noviembre para tomar una decisión definitiva al respecto, la mayoría de los grandes bancos dan por hecho que en el futuro recaerá sobre ellos el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que grava las hipotecas.

Las entidades financieras son conscientes de que un nuevo giro jurisprudencial es prácticamente impensable, porque deterioraría aún más la credibilidad del Tribunal, muy dañada ya por los acontecimientos desencadenados tras la sentencia del 18 de octubre que anuló el artículo 69 del reglamento del AJD.

Este artículo, que se venía aplicando ininterrumpidamente desde 1995, señalaba como sujeto pasivo del impuesto a los prestatarios, a pesar de que los principales interesados en que quede constancia documental de la concesión de una hipoteca, a efectos de ulteriores reclamaciones, son los prestamistas.

La sentencia del 18 de octubre, dictada por la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo, supuso un giro de 180 grados en el criterio mantenido hasta entonces por Supremo, cuya última manifestación se produjo el pasado mes de marzo, cuando la Sala de lo Civil volvió a eximir a los bancos de soportar el IAJD en estos casos.

El cambio de criterio sembró inmediatamente el pánico en las Bolsas, donde los valores pertenecientes al sector financiero experimentaron fuertes caídas, en previsión de los multimillonarios costes que podría generar la sentencia, sobre todo en el supuesto de que tuviera que aplicarse con efectos retroactivos.

Ante esta situación, el presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, adoptó la controvertida decisión de convocar un pleno para revisar la sentencia, escudándose en su “enorme repercusión económica y social”, y paralizó la tramitación de los recursos pendientes sobre la misma materia.

El escándalo fue mayúsculo y obligó a intervenir al máximo responsable del Supremo, Carlos Lesmes, quien recordó que la sentencia era firme e inamovible, reconoció el derecho de Díez-Picazo a convocar el pleno de su Sala y pidió perdón públicamente por la mala gestión que se estaba haciendo de un asunto tan sensible.

Algunas fuerzas políticas también entraron en la polémica, como es el caso de Podemos, que anunció una querella por prevaricación contra Díez-Picazo, acusándole de servir a los “intereses políticos y económicos de los poderosos”, según su dirigente y vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo (aunque la querella fue archivada por defectos de forma).

En este clima, los bancos no albergan ninguna esperanza de que la reunión prevista para el próximo día 5 recupere el criterio previo a la sentencia del 18 de octubre, porque el Supremo es consciente de que se echaría a la opinión pública encima y alimentaría los crecientes recelos ciudadanos en la justicia.

Sí confían, en cambio, en que la Sala de lo Contencioso Administrativo haga un pronunciamiento en materia de retroactividad que les favorezca, toda vez que la sentencia de la Sección Segunda no hacía la misma mínima referencia al momento a partir del cual tendría efectos la anulación del artículo 69 del reglamento del AJD.

La cuestión no es baladí, pues en el futuro la banca puede repercutir al cliente el coste de asumir el impuesto, ya sea encareciendo los tipos de interés o las comisiones o ambas cosas a la vez, pero hacia atrás no tendría nada que hacer.

Los principales representantes del sector han asegurado en los últimos días que la retroactividad sería injusta, ya que las entidades se han limitado a cumplir la legalidad vigente en cada momento: el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán;  el presidente del Sabadell, Josep Oliú; el futuro presidente del BBVA, Carlos Torres Vela; el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el del Santander, José Antonio Álvarez; el de Bankia, José Sevilla; y la de Bankinter, María Dolores Dancausa.

Estas manifestaciones no sólo han sido interpretadas como una manera de trasladar su estado de ánimo al Supremo, sino como un anticipo de por dónde iría su argumentación en la batalla judicial que sin duda está dispuesta a librar la banca si finalmente la decisión del Tribunal va en contra de sus intereses.

Según los expertos, existe dos posibilidades: que la retroactividad sea de sólo cuatro años, que es el plazo de prescripción en materia tributaria, o que alcance hasta 1995, cuando entró en vigor el artículo 69 del reglamento del IAJD que anuló la sentencia.