Una docena de ayuntamientos catalanes, entre los cuáles Sant Pere de Torelló, Taradell, Montblanc, Arbúcies, Celrà y Calldetenes, han iniciado una campaña que emplaza a las instituciones locales a tramitar toda su carga fiscal en la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en lugar de en la Hacienda española. Un gesto con el que quieren reconocer que "el único ejecutivo legítimo es el Govern de Catalunya" y que "el expolio fiscal endémico que padecemos por parte del Estado español" impide atender las necesidades de la ciudadanía.

Bajo el nombre de Ayuntamientos de Catalunya por la Soberanía Fiscal, este grupo de consistorios quiere extender la propuesta a todos los municipios de Catalunya. Pero no sólo a ellos: si bien los primeros destinatarios son los entes locales, también se dirige a cualquier persona física, empresa, entidad, sindicato, patronal, asociación o partido político que desee transferir el conjunto de sus impuestos al organismo dependiente de la Generalitat. Un objetivo por el que cuenta con el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que mediante el portal creado por la comisión Fem República, ofrece el asesoramiento y documentación necesaria para realizar este trámite de forma ágil y esmerada.

Desde que se ha activado la campaña, una treintena de municipios ya se han añadido a la plataforma, entre los que destacan Vic, Manlleu, Igualada, Viladrau, Sant Pol de Mar, Roda de Ter, Folgueroles, la Secuita, Tona, Espinelves, Les Borges del Camp, Riudoms, Sant Quirze de Besora, Collsuspina o Alcoletge.

De los peajes a los impuestos

La iniciativa arrancó este pasado enero, pero según sus promotores es la continuación de otras que se han producido durante la última década. "Su origen es la campaña No quiero pagar de 2012, cuando varios activistas y partidos políticos reclamaron que se levantaran los peajes de las autopistas", explica Aleix Andreu, coordinador de la comisión Fem República.

Aquella campaña, que se mantuvo activa hasta el referéndum de 2017, entró en declive debido a la represión y los cambios de gobierno en algunos consistorios, si bien sentó las bases porque con la renovación del secretariado del ANC el año 2020 se recuperara la propuesta. "Ayuntamientos como Alella o Sant Pere de Torelló siempre han hecho soberanía fiscal, pero cuando Vic e Igualada anunciaron que se añadían, otros muchos consistorios se sintieron interpelados y se sumaron a la iniciativa", indica Andreu.

Para el representante del ANC, pese a inspirarse en las acciones del pasado, la campaña tiene un carácter eminentemente técnico. "Queremos evitar que los debates políticos la detengan y esto hace que, a diferencia de las mociones presentadas entonces, la actual suscite un mayor número de adhesiones de ayuntamientos, consejos comarcales y otras estructuras supramunicipales".

Aleix Andreu comenta que la decisión de empezar con los municipios es porque, fruto de su influencia social, pueden animar a entidades, empresas y personas a título individual para que den el paso. "Se trata simplemente de que, en el modelo 303 de Hacienda para liquidar el IVA, la persona o empresa deposite el dinero en la cuenta bancaria de la Generalitat a fin de que ésta lo traspase después al Estado". Un trámite que, lejos de los supuestos problemas con los que incurriría el titular, es perfectamente legal. Así lo recuerda Andreu: "el artículo 64 de la Ley General Tributaria estipula que, una vez ingresado el dinero en la Caja General de Depósitos u otros órganos equivalentes, como es la Agència Tributària de Catalunya, cumples con tu deber y recibes un justificante que así lo acredita. De modo que, si algún día la Generalitat entra en litigio con el Estado, estás liberado de cualquier responsabilidad".

La caja de la ruptura

La campaña auspiciada por la ANC surge en un contexto en el que los municipios aspiran a ser el motor que reactive el independentismo. "El municipalismo catalán es la administración que ha tomado una posición más clara e inequívoca a favor de la autodeterminación y la independencia de Catalunya", afirman desde la campaña.

A propósito de ello, sus impulsores confían en empoderar de nuevo al gobierno de Catalunya y predisponerlo a adoptar una política fiscal corporativa que facilite a los entes locales tramitar los impuestos a la Agència Tributària. Así también lo considera Aleix Andreu, que en una reciente reunión con el conseller de Economia, Jaume Giró, constató el compromiso del Govern de cara a que todos los organismos de la Generalitat acaben tributando en la ATC.

Según Andreu, a base de recibir los impuestos, la Generalitat conocería el dinero del que dispone y, en un futuro, esto le permitiría plantarse si el Estado no transfiere las partidas que le corresponde para un determinado servicio. "Así como cerró el grifo en las farmacias y la Generalitat tuvo que esperar un tiempo, nuestro gobierno tendría la caja del dinero y podría transferir las ayudas si creyera que es prioritario", subraya Andreu, para quien "al igual que muchos ayuntamientos tienen convenios de compensación, por el que no pagan al Estado determinados impuestos a cambio del dinero que le adeuda, la Generalitat podría actuar con el mismo criterio".

Desde una óptica independentista, pues, la ANC ve en la implementación de la soberanía fiscal una ventana de oportunidades para alcanzar la ruptura del Estado, puesto que "con un fondo importante en manos de la Agència Tributària, la Generalitat tendría margen de maniobra para encarar una eventual negociación con Madrid sin que los contribuyentes vieran peligrada su seguridad jurídica ni mermadas las prestaciones básicas".

En esta perspectiva, Ayuntamientos de Catalunya para la Soberanía Fiscal aspira a ser estímulo para que, cuando el momento lo requiera, el Govern disponga del dinero suficiente para proclamar y consolidar la República. "Hay que recuperar la iniciativa mediante bases sólidas como la soberanía fiscal", concluyen en el manifiesto.

Por ahora, ya son 53 los municipios que han secundado la propuesta, dotando a la Agència Tributària de una musculatura económica que, tal y como admiten, debe implicar a la mayoría de la sociedad si algún día el Ejecutivo catalán quiere avanzar en garantías hacia la liberación nacional.