La propuesta encabezada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para contener los precios de los productos de alimentación básicos ha vuelto a revolver internamente al Gobierno. La iniciativa, lanzada a principios de la semana, va ganando cuerpo, especialmente tras una reunión con la empresa Carrefour celebrada este jueves y el anuncio de otro encuentro con las distribuidoras para el próximo lunes. El PSOE no ha acogido con buenos ojos la medida y lo enmarca en un intento de la política gallega en marcar perfil propio de cara al inicio del ciclo electoral. 

Varias han sido las declaraciones públicas de integrantes socialistas del Gobierno en reacción a las intenciones de Díaz. Una de las más contundentes, como suele ser habitual en estas disputas dialécticas, ha sido la ministra de Defensa. Margarita Robles criticó, en una entrevista con Antena 3, que "alguien quiera patrimonializar que está con los más vulnerables".

Además destacó el asunto de las competencias. "Cuando uno está en un órgano colegiado pues puede tener opiniones particulares, pero hay ministros que son los competentes, que son los que técnicamente saben todo y son los que tienen que tomar las decisiones", afirmó. Fuentes del Ejecutivo han deslizado esta semana también a Público que este asunto es competencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, que también puso en duda la medida esta semana.

Desde el Ministerio de Economía tampoco comparten la propuesta. Fuentes del gabinete que lidera Nadia Calviño consideran que lo necesario es que "el mercado funcione y se imponga la competencia". El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también se refirió a la propuesta como de "dudosa legalidad". 

En Moncloa tratan no obstante de rebajar las diferencias y se remiten a las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en un tono y sentido muy diferente a los anteriormente mencionadas. "El Gobierno se ajusta a las normas y todas las ideas, propuestas e iniciativas son bienvenidas para ser analizadas en los foros que correspondan", dijo este jueves. 

La portavoz señaló que ha explicado que si se propone un acuerdo de las distribuidoras para contribuir en la responsabilidad social con el ajuste de los precios es "sin duda es una medida bien recibida". 

"El bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno"

Fuentes de la dirección socialista reconocen que Díaz quiere "ganar espacio" y que "tiene que tomar la iniciativa" mientras sigue construyendo su proyecto 'Sumar'. "Es legítimo, todos estamos pensando en elecciones ya y ella también", apuntan desde Ferraz. "Somos dos fuerzas políticas distintas y es natural que se hagan propuestas diferentes", añaden. 

En este sentido también recuerdan que la pasada semana intentó también marcar su posición con el asunto del aumento del gasto militar. Sus declaraciones sobre la patronal respecto a la subida de salarios también fueron matizadas desde Moncloa, que no quiso entrar en críticas a la CEOE y alabó su papel durante toda la legislatura. 

El elevado precio de los alimentos y las dificultades de muchas familias para acceder a determinados productos como el pescado o la fruta de temporada es un elemento que lleva meses presente en el discurso de la vicepresidenta segunda, recuerdan desde su equipo. En este sentido, se esperaba que la parte socialista del Gobierno, en especial el Ministerio de Agricultura, pudiera dar respuesta a esta situación, pero no ha habido ninguna propuesta ni debate concretos.

Díaz habría trasladado su apuesta tanto al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como al propio Planas, y no habría recibido ninguna respuesta clara ni a favor ni en contra de la misma. En Trabajo recuerdan que la invasión competencial a la que apunta el PSOE no puede darse, ya que no se trata de una ley ni de una iniciativa que parte del Gobierno, sino que la propuesta se basa en que haya un acuerdo entre las grandes distribuidoras de alimentación y las organizaciones de consumidores para limitar los precios de algunos productos básicos.

Es por esto que rechazan cualquier argumento que tenga que ver con la intervención del mercado o las competencias de cada ministerio, ya que el Ejecutivo no tendría que adoptar ninguna medida, sino que simplemente ha puesto un plan sobre la mesa para que las empresas y los representantes de los consumidores la debatan.

En este sentido, insisten en que no se trata de un plan del Departamento de Trabajo o de la Vicepresidencia Segunda, sino que se despliega en nombre de todo el Gobierno, y que así la han enmarcado en la reunión que mantuvieron este jueves Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el CEO de Carrefour, Alexandre de Palmas.

La vicepresidenta fue preguntada por la invasión de competencias a la que apuntó Robles, y respondió que "el bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno". El lunes, Díaz y Garzón se reunirán con las principales distribuidoras de alimentación de España y se muestran optimistas con que este diálogo ayude a alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas.

"En este momento hay empresas que quieren arrimar el hombro, por imagen y por responsabilidad, como sucedió cuando los bancos adelantaron el dinero de los ERTE para los trabajadores en los peores meses de la pandemia del coronavirus", comentan desde Unidas Podemos. Díaz lanzó su propuesta el lunes, y el martes Carrefour pidió una reunión con la titular de Trabajo para explorar las alternativas.