Tras cinco jornadas de interrogatorio, Villarejo, exhausto, ha concluido este viernes su declaración como encausado por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, extorsión y revelación de secretos en tres piezas de la macrocausa 'Tándem' o caso 'Villarejo'. La Fiscalía pide 109 años de prisión. El  resultado de este juicio será crucial para el resto de la causa. Sin embargo, el comisario jubilado no ha brillado en sus argumentaciones y ha exhibido cansancio y explicaciones confusas y enrevesadas. 

Villarejo está acusado, entre otras cosas, de haber aportado a sus clientes informes con datos confidenciales obtenidos de bases de datos policiales e información personal, fiscal, económica y tráfico de llamadas de personas investigadas. Sus clientes también están imputados: la empresaria Susana García Cereceda y otros responsables de la empresa Procisa, la promotora de la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (pieza 'Land'); los hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, este último, marido de Ana Rosa Quintana (pieza Pintor); y los responsables del despacho especializado en patentes Herrero y Asociados (pieza 'Iron'). 

Durante estas cinco jornadas, Villarejo ha contestado a las preguntas de todas las partes. Ha intentado, sin éxito, boicotear el juicio, en el que hay 24 personas encausadas, pidiendo su suspensión. Recusó al tribunal que lo juzga alegando falta de imparcialidad. Tras ser rechazada esa recusación, volvió a intentarlo con el magistrado Fermín Echarri, aduciendo su presunta participación en el pasado en un episodio relacionado con el rey emérito. Tanto él como su abogado han sido reprendidos continuamente por la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Estos han sido los pilares de la defensa de Villarejo:

"Puro marketing"

Entre otros argumentos, Villarejo ha quitado importancia a los informes que entregó a los clientes hasta el punto de indicar que eran de "corta y pega", "puro marketing", con datos extraídos de fuentes abiertas de Internet y de archivos públicos. Según el comisario, su grupo empresarial Cenyt era solamente una pantalla para salvaguardar su labor como agente encubierto; una tarea con la que ganar dinero y aparentar una actividad empresarial en el sector del análisis de inteligencia. "El 90% del contenido de los informes no tenía mayor trascendencia", ha dicho. 

Sin embargo, cuando las acusaciones le han preguntado cómo es posible que los informes de Cenyt plasmaran datos económicos y tributarios de empresas, así como direcciones, números de teléfono y tráficos de llamadas de las personas investigadas, Villarejo ha cambiado el argumento y ha indicado que se trata de material "manipulado" o directamente "sembrado", es decir, fabricado, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o por el CNI.

Víctima del CNI

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no sólo fabricaba los informes de las empresas de Villarejo, según su versión, sino que también grababa todas las conversaciones que este tenía a lo largo del día. Esto es lo que dijo el comisario juzgado, en un disparatado intento de renegar de la autoría de los numerosos audios que forman parte del sumario de la causa. Villarejo imputa a los servicios secretos las grabaciones de las conversaciones que tuvo con políticos, cargos del Gobierno, policías, etc. y que fueron halladas en los registros de sus propiedades. "El CNI tenía monotorizada mi vida entera", dijo. Según un pacto que tenía con los servicios de Inteligencia, estos le entregaban los audios para su "seguridad", por eso los tenía en su poder. 

La enemistad manifiesta con Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI tuvo su origen, según ha declarado este viernes Villarejo, en la negativa del comisario a entregarle sus archivos personales, que recogían información sobre misiones especiales. "El error de Sanz Roldán fue que como yo me negué a oficializar la entrega de esos archivos, él entendió que podía manejar una causa judicial [en contra de Villarejo] para apropiarse de esos archivos". 

Sembrar confusión

La estrategia del victimismo de Villarejo en el juicio ha incluido unas declaraciones contra el exdirector del CNI que han levantado una auténtica polvareda en Catalunya, sobre todo. El comisario primero dijo que los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 fueron un "error grave del señor Sanz Roldán que calculó mal las consecuencias para darle un pequeño susto a Catalunya".

Al día siguiente, rectificó y puntualizó que "la intención en absoluto fuera provocar un atentado, pero sí aparentar riesgo para que Catalunya sintiera la necesidad de la protección del Estado".

Resaltar su trayectoria

Villarejo ha dedicado buena parte de su última intervención, este viernes, para exponer su trayectoria policial y de colaboración con el CNI. Ha explicado que a finales de los años 80, estando en excedencia, el entonces director general de Seguridad, Manuel Ballesteros, le pidió que fundara una serie de sociedades en Uruguay para desarticular allí el aparato de financiación de ETA. "Se había detectado que ETA contaba en Uruguay con una serie de empresas, como restaurantes, y yo, con mis sociedades, les suministraba las bebidas". 

Ese fue el principio de una larga colaboración como agente encubierto para el Estado, según ha dicho. En 1993 reingresó en la Policía "con la condición de poner mis empresas al servicio del Estado". 

No fue el único, según ha querido resaltar, que trabajaba en esas condiciones en la Policía. "A partir de 1983, Corcuera [José Luis Corcuera, exministro del Interior] creó una unidad de agentes encubiertos". Sobre el exministro socialista, Villarejo ha declarado que le pidió que espiara a las grandes empresas españolas que a partir de 1992 conformaron el Ibex 35.

Sin fondos reservados 

Otra de las cuestiones que ha destacado en varios momentos de su declaración ha sido que no ha percibido fondos reservados para levantar esas empresas que forman parte de lo que en el pasado fue un emporio empresarial. Según ha explicado, en 1992 compró por un millón de euros, sin indicar de dónde sacó semejante cifra, unos terrenos que en 2007 vendió por diez millones. 

Se ha quejado de que para las misiones secretas encomendadas no recibió fondos reservados y tuvo que emplear los fondos de sus empresas para dichos fines. "Salvo en dos ocasiones, para los pagos de gastos para Victoria Álvarez [expareja del hijo mayor de Jordi Pujol y testigo del caso 'Pujol'], sí, me lo reintegraron, y en otro caso igual, para una persona que fue conductor [operación Kitchen]". 

Villarejo se ha mostrado como víctima y como héroe, al frente de operaciones de Estado, a partes iguales, en una estrategia que parece que hace agua.