El Gobierno prevé que la recaudación tributaria alcance en 2019 los 227.356 millones de euros, lo que supone un récord histórico que se sitúa un 9,5% por encima de la cifra lograda en 2018 de acuerdo al avance de liquidación (un 8,3% sobre de lo estimado en el Presupuesto del pasado ejercicio), gracias a las medidas fiscales incluidas en las cuentas públicas (gran parte de ellas, incluidas en el pacto con Unidos Podemos).

Las nuevas cuentas, que se han elaborado con una previsión de crecimiento del 2,2% para este año, un décima menos de lo estimado inicialmente, contemplan un incremento de ingresos de todas las figuras tributarias, especialmente del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación crecerá un 14,1%, hasta los 27.579 millones, debido al alza del tributo para las grandes empresas (se establece un tipo mínimo del 15%, ó del 18% para banca y petroleras). El gravamen para las pymes que facturen menos de un millón de euros se rebaja del 25% al 23%.

En concreto, el Ejecutivo prevé que la recaudación por IRPF se sitúe en 86.454 millones, un 4,9% más que en el avance de liquidación, mientras que el IVA ingresará 78.307 millones, un 11,7% más.

La recaudación de los impuestos especiales se situará en 23.057 millones, un 11,8% más.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas previsiones incluyen los nuevos impuestos diseñados por el Ejecutivo, entre los que figuran la tasa a las transacciones financieras y el impuesto a las grandes tecnológicas, así como otras medidas pactadas con Unidos Podemos, como la bajada del IVA de servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.

El proyecto de Presupuestos contempla también la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares. La ministra ha apuntado que esta medida tendrá un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año.

"La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios", ha asegurrado Montero, al tiempo que ha asegurado que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

El gasto en pensiones crece un 6,2%

Por su parte, el gasto en pensiones se llevará 42,1 euros de cada 100 según contempla el Presupuesto de gasto consolidado para 2019 -que incluye Estado, Seguridad Social y organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos-, por lo que sumará un importe de 153.864 millones de euros.

Según ha explicado Montero, el gasto presupuestado consolidado subirá el 3,1 % hasta situarse en los 365.520 millones. De este gasto total, el mayor capítulo está vinculado a las pensiones, cuyo gasto se incrementa el 6,2 %, seguido del importe de los intereses de la deuda pública, que supondrán 8,6 euros de cada 100, y del gasto por desempleo, que representa 5 euros de cada 100 y sube un 4 %

Montero ha destacado que el gasto sube en casi todas las partidas, salvo el relativo a los intereses de la deuda pública, que bajarán el 0,5 % y supondrá 31.398 millones de euros y el de la gestión y administración de la Seguridad Social, que desciende el 3,5 % hasta los 3.346 millones de euros.

Una de las partidas que más aumenta en los gastos consolidados se refieren al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que sube el 59,3% y representa el 0,6% del total hasta los 2.232 millones. Otras partidas como el gasto en acceso a la vivienda y fomento de la edificación supone el 0,2% del total de gasto presupuestado (679 millones de euros) y sube el 41%.

Parados mayores de 52 años

Los Presupuestos para 2019 contemplan la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, una medida recogida en el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos y acordada en el diálogo social, lo que explica en parte el aumento del 4% en el gasto en desempleo, hasta los 18.402 millones de euros,

El acuerdo al que se llegó en el diálogo social sobre el subsidio supone que las personas mayores de 52 años (el Gobierno del PP elevó la edad a 55 años y ahora el Ejecutivo socialista la devuelve a 52 años) puedan volver a tener derecho al subsidio, con una prueba de rentas individual; duración hasta la edad de jubilación por la que opte el beneficiario; cotización al 125% de la base mínima; prestaciones parciales que pasan a abonarse completas, o acceso al subsidio al alcanzar la edad aun habiendo agotado antes el resto de prestaciones por desempleo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere dar un impulso a las medidas sociales y para ello los Presupuestos recogen distintas medidas, como la supresión del copago farmacéutico, el aumento de las becas para estudio y ayudas para material escolar en etapas obligatorias (coste de 536 millones); un aumento del 40% de la dotación de Dependencia (515 millones); el Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables (Feder) (400 millones); la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores (coste de 315 millones) y el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas.

El techo de gasto se mantiene por un cambio del IVA

La ministra, además, ha explicado que el proyecto presupuestario de 2019 mantiene el techo de gasto avanzado por el Gobierno (pese a que se ajusta a un déficit más restrictivo del 1,3%) gracias a un cambio en el sistema de liquidación de IVA de las empresas, que aportará unos 2.500 millones de euros adicionales al Estado este año.

Concretamente, los Presupuestos corrigen el efecto de la aplicación del sistema de suministro inmediato de información (SII) de IVA, que desde 2017 retrasaba la fecha en que las empresas ingresan el impuesto. Esto supuso que en el ejercicio 2017 sólo se recaudó un importe equivalente a once meses -ya que diciembre computó en 2018-, con la consiguiente merma de los ingresos tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

Ahora, el Estado corrige esta situación, de manera que la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 2019 "equivale a 13 meses" -ha explicado la ministra- lo que supone unos 5.000 millones adicionales, que se reparten a partes iguales entre comunidades autónomas y administración central.

Los aproximadamente 2.500 millones que corresponden a la administración central, ha explicado Montero, se dedicarán en parte a compensar el impacto de tener que aplicar una senda de déficit más restrictiva de lo que pretendía el Gobierno -0,3 %, en lugar de 0,4 % del producto interior bruto (PIB) en el caso de la administración central, ya que la flexibilización fue bloqueada por la mayoría absoluta del PP en el Senado-.

Así, el Ejecutivo ha mantenido el límite de gasto no financiero en 125.064 millones, un 4,4 % más que en 2018, que es la misma cifra que había informado en julio del pasado año.