El Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, ha tenido que socorrer en lo que va de pandemia a casi 60.000 trabajadores que se han quedado en la calle y sin cobrar después de que las empresas que los empleaban quebraran sin haberles pagado las correspondientes indemnizaciones por despido y/o los salarios de los últimos meses.

Las cifras, que abarcan los 19 meses transcurridos entre marzo de 2020 y octubre de 2021 empeoran con claridad a las del año inmediatamente anterior a la pandemia, con 32.878 trabajadores auxiliados en 2019, para volver a los niveles de 2018 (39.857) y de años anteriores, en un fenómeno que se está acelerando en un escenario que incluye elevadas probabilidades de que siga yendo a más en los próximos meses.

El cómputo incluye únicamente las intervenciones del Fondo de Garantía Salarial relacionadas con procedimientos concursales, el equivalente de la suspensión de pagos desde el cambio de terminología, y de normativa, de mediados de 2003.

Desde las primeras semanas de la pandemia está vigente una moratoria concursal que exime a las empresas que caen en situaciones objetivas de insolvencia o quiebra de la obligación de declararse en concurso de acreedores, como medida para proteger el tejido productivo ante los obvios problemas de liquidez y de solvencia generados por el parón de la actividad.

Sin embargo, y pese a esa moratoria, los concursos se han disparado, según indican los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y los registros del CGPJ(Consejo General del Poder Judicial), que cifran en 8.768 el número de empresas que se han declarado insolventes en el ‘año móvil’ que va del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Esa cifra supera en más de un 25% los registros de los dos años anteriores, que cerraron con 6.900 firmas concursadas, para regresar a cotas que en los últimos quince años solo se ven superadas por las de los dos años de mayor destrucción del tejido empresarial de la anterior crisis, que fueron 2012 y 2013, con más de 10.000 declaraciones de insolvencia en cada uno de ellos.

Y permite hacerse una idea de cómo se están intensificando las destrucciones de tejido productivo y de empleo, más acusadas cuanto menor es el estrato de empleados y el volumen de facturación de las empresas y a la que se le añade un factor sobre el que llaman la atención los abogados especializados en esta materia: buena parte de las declaraciones de concurso ya incluyen de entrada la solicitud de liquidación, sin ni siquiera intentar llegar a un acuerdo con los acreedores (entre los que suelen destacar por el volumen de deuda la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) para reflotar el negocio.

"Todo hace indicar que el número de concursos voluntarios aumentará exponencialmente en el momento que finalicen las moratorias y especialmente aquellos de pequeñas y medianas empresas", señalaba hace unas semanas a Europa Press Eduardo Molina, presidente del RAJ (Registro de Auditores Judiciales y Forenses).

Las condiciones del Fogasa

Ese aumento de los cierres sin liquidar los finiquitos, que en condiciones normales incluyen las indemnizaciones, la parte pendiente de las últimas nóminas y las prorratas de las pagas extraordinarias y las vacaciones no disfrutadas, ha obligado a Fogasa a movilizar desde el inicio de la pandemia algo más de 450 millones de euros, 141,7 en salarios y 309 en compensaciones por los ceses que las empresas no habían pagado a 59.127 trabajadores.

Esas cantidades, 224 millones en los últimos diez meses del año pasado y 226 en los diez primeros de este, resultan proporcionalmente superiores a las del año previo a la pandemia (253) y, como ocurre con el volumen de afectados, se sitúan en niveles similares a los de 2018 (273) y 2017 (275).

El Fogasa se hace cargo de los salarios y las indemnizaciones impagados que hayan sido reconocidos por sentencia y los vinculados a declaraciones de insolvencia de empresas, aunque con limitaciones como un techo de 120 días de sueldo con un máximo del doble del SMI en cuanto a las nóminas (Salario Mínimo Interprofesional) y como un tope de 30 días por año con un máximo de una anualidad y sobre dos SMI para los resarcimientos por cese.

El colapso que los juzgados de lo Social sufren en numerosas provincias, especialmente las más pobladas y de mayor actividad económica, está retrasando la llegada de reclamaciones al Fogasa, algo en lo que también influye el creciente atasco en los de la jurisdicción mercantil como consecuencia, precisamente, del número de declaraciones de insolvencia.

Los impagos a proveedores y subcontratas siguen impunes

En ese escenario, y mientras la proposición de ley del PdCat para establecer un régimen sancionador para las empresas que tarden más de dos meses en pagar las facturas de sus proveedores y subcontratistas sigue atascada en el Congreso, donde tampoco llegó a prosperar otra de Cs la pasada legislatura, el Gobierno ha eludido modificar ese aspecto de la normativa en los textos que maneja para la futura Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.

El ejecutivo, que sí prevé crear un observatorio sobre la morosidad comercial y extender el uso de la factura electrónica, incluye en su anteproyecto "la falta de pago, por el contratista a subcontratistas o suministradores (…) cuando los incumplimientos comprometan la ejecución de contrato", como causa para rescindir una adjudicación, pero sin aplicar medidas fuera del ámbito público.
Diferentes organizaciones de pymes y de autónomos llevan años señalando a la ausencia de ese régimen como una de las principales causas de activación de la cadena de insolvencias en los negocios pequeños y medianos.

Según las estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMSM), las empresas cotizadas españolas mantenían al cierre de 2020 una bolsa de 81.768 millones de euros (58.427 concentrados en las del Íbex35) en facturas impagadas a sus suministradores de bienes y servicios, con un plazo medio de 191 días cuando el máximo autorizado es de 60, mientras que sus cobros se mantenían dentro de los plazos admisibles.

Esta situación coincide con un repunte de los impagos entre empresas de menor tamaño, tal y como reflejan los datos del CGPJ, que indican que el número de demandas judiciales por deudas se disparó entre julio de 2020 y junio de 2021 por encima de las 800.000, una cota que únicamente se había superado en 2009 y 2010.