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Armas ¿Derechos humanos o negocio? Así se posicionan los partidos políticos ante la venta de armas a Arabia Saudí

Socialistas, PP y Ciudadanos destacan por su 'tibieza'. Los primeros reclaman un escrupuloso cumplimiento de la normativa; los segundos abogan por la "seguridad jurídica" y critican la "desinformación y los tópicos"; y los terceros, una "mayor concreción de los criterios" sobre exportación a "destinos preocupantes". Llama la atención que el PP exija la publicación de las actas de la JIMDDU, órgano encargado de autorizar o no la venta de armas y cuyas discusiones son materia reservada.

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Corbeta Avante 2200 de Navantia

Los partidos políticos se posicionan sobre la venta de armamento español, de material de defensa y de doble uso. Justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a la Cámara Baja para explicar los negocios de este tipo con el régimen de Arabia Saudí, las propuestas de resolución de cada grupo sobre la exportación de armas definen perfectamente las posturas de cada uno de ellos.

De esta forma, los grupos reaccionan al informe de venta de armas españolas durante el pasado año y sus recomendaciones han sido debatidas en la Comisión de Defensa del Congreso este martes.

Al final no ha habido sorpresas: PP y PSOE rechazan suspender la venta de armas a Arabia Saudí —rechazan diversas iniciativas de PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís—, con la abstención de Ciudadanos. A cambio, los grupos han abogado por reforzar los controles del material exportado a otros países para garantizar que no se utiliza vulnerando los derechos humanos ni la legislación internacional.

Hay entre los partidos, sobre todo, dos focos de interés: la venta de armas a regímenes que no respetan los derechos humanos —con el escandaloso ejemplo del régimen de Riad, tanto por su liderazgo en la sangrienta guerra de Yemen como por su descarado desprecio a los derechos humanos, ejemplarizado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi— y el grado de transparencia con que este tipo de exportaciones tienen lugar.

"En líneas generales, gran parte de las recomendaciones de los partidos recogen las ideas de nuestro 'contrainforme'", comenta a Público Alberto Estévez, uno de los portavoces de la campaña Armas bajo Control, formada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón. 

"Avanzan en la transparencia y en el mayor respeto a la legislación española, europea e internacional, e inciden en un mayor control", añade Estévez, pero apunta: "Habrá que ver el grado de cumplimiento de estas recomendaciones hasta ahora no ha sido el esperable". 

De las recomendaciones que se realizaron el pasado año sobre la venta de armas españolas el año anterior, "18 de las 37 aprobadas se cumplieron, otras 17 lo hicieron parcialmente y dos directamente no se cumplieron", subraya el portavoz de Armas Bajo Control, quien destaca que "lo importante es comprobar qué aprueba la Comisión de Defensa y vigilar si lo que se aprueba se cumple en su totalidad".

PNV

Los nacionalistas vascos piden una batería de medidas encaminadas a aumentar el control de la exportación de material bélico. Además de exigir que el Gobierno mantenga el control sobre exportaciones que pudieran contravenir la legislación, demandan expresamente la "denegación de exportaciones a países donde se violan los DDHH [...] a los implicados directamente en conflictos armados y que financien organizaciones terroristas" y la "suspensión en caso de contratos concluidos pero no entregados".

Este grupo cree que se trata de una política que debe establecerse en el conjunto de la Unión Europea, según ha expuesto el diputado Mikel Legarda. Y es que, según el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, la decisión de Alemania de suspender la venta de armas a Arabia Saudí hasta que no se aclare el 'caso Khashoggi' puede ser "legítima", pero sólo una actuación coordinada de toda la UE será realmente "eficaz".

Ciudadanos

El grupo naranja solicita la "estricta aplicación de las normas jurídicas vigentes" en esta materia, así como "mejorar los mecanismos de control mediante el seguimiento de las operaciones a los países de destino". Pide "realizar un análisis riguroso y exhaustivo del riesgo de desvío" del uso de material exportado. Asimismo, solicita una "mayor concreción y detalle acerca de los criterios que conducen a la denegación o autorización" de las exportaciones a "destinos preocupantes", aunque no realiza ninguna petición concreta en este sentido.

Este grupo ha ahondado en la necesidad de hacer una "estricta" aplicación de las condiciones de exportación e incrementar los medios para garantizar su idoneidad. Y a la vez, el diputado Guillermo Díaz ha pedido al Gobierno que "no caiga en contradicciones" porque "los españoles no merecen vivir todos los días con desasosiego perder sus puestos de trabajo". "Es necesaria mayor concreción y detalle acerca de los criterios que conducen a la denegación o autorización de las exportaciones a destinos preocupantes", ha justificado.

PDeCAT

El grupo catalán se posiciona directamente contrario a la exportación de material de defensa "a países donde se violen los derechos humanos", en una línea idéntica a la del PNV. Como dicho grupo, el PDeCAT exige la suspensión de las autorizaciones de exportación de armas en caso de contratos concluidos pero no entregados a estados en donde no se respeten los DDHH. Este grupo incluye expresamente a Arabia Saudí entre esos países, y solicita que se suspendan los envíos de material y la realización de nuevos contratos con el régimen de Riad.

La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha pedido la suspensión de las relaciones comerciales con Arabia Saudí para la venta de armas y ha emplazado a España a seguir los pasos de Alemania. Según su portavoz, Carles Campuzano, Arabia Saudí se merece "una crítica dura" y un alto nivel de exigencia.

Esquerra Republicana

Las recomendaciones de Esquerra son las más directas en cuanto a la exigencia al Gobierno que prohíba la venta de armas a Arabia Saudí —concretamente, por su participación en la guerra de Yemen— y a Israel, así como a cualquier país si existe el riesgo de que ese material termine en Irak, con la exigencia de que se revoque "de forma inmediata todas las autorizaciones efectuadas pero no realizadas".

El portavoz ERC, Joan Tardà, ha fijado igualmente posición en favor de la suspensión de los contratos llegando incluso a acusar al Gobierno de "prevaricación" porque considera que la ley impide vender armas a países que vulneran los derechos humanos y en cambio se vulnera por intereses económicos: "El negocio es el negocio", ha dicho ante los periodistas.

Grupo Socialista

El PSOE, en el Gobierno, se encuentra con la patata caliente de tratar de compaginar la defensa de los derechos humanos con los inteseses de la industria nacional. En sus propuestas de recomendación, por un lado, buscan "reforzar el control sobre las exportaciones que pudieran contravenir la legislación española, europea y los compromisos internacionales". Por otro, proponen la creación de un grupo de trabajo para diseñar un sistema de verificación "ex post" para controlar el uso que se hace del armamento y para cuando "surja alguna duda sobre su destino final". Este grupo de trabajo ya fue anunciado a principios de septiembre por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

"España cuenta con una de las legislaciones más estrictas y pioneras en materia de exportación, esperamos un amplio consenso en esta materia porque con él será posible compaginar el crecimiento de las relaciones comerciales del país en defensa con un respeto al tratado de comercio de armas", ha insistido la diputada socialista Miriam Alconchel sin nombrar directamente en ningún momento a Arabia Saudí.  

Unidos-Podemos

Por su parte, el principal socio del Gobierno en el Parlamento exige directamente la suspensión de las autorizaciones de exportación de armas, en general, cuando se demuestre que pueden ser usadas en situaciones en las que se incurran en vulneración grave del derecho internacional y humanitario. El grupo señala en concreto a Arabia Saudí —alineado con las declaraciones públicas de los responsables de la formación— "a la luz de las gravísimas y reiteradas violaciones de los derechos humanos de la población yemení que han quedado sobradamente documentadas".

La diputada de Unidos Podemos Carmen Valido cree que el Congreso debe poner "nombre y rostro" a los países que no cumplen la legislación y ha preguntado al PSOE y el Gobierno "hasta cuándo" va a "seguir diciendo que cumple la ley" y a la vez "mirando para otro lado mientras Arabia Saudí sigue cometiendo atrocidades dentro y fuera de sus fronteras". Una de las propuestas de Unidos Podemos reclama que el Ejecutivo busque un comprador alternativo para los contratos que puedan decaer por la suspensión de las ventas a Arabia Saudí y, en caso de que no sea posible, que invierta en la industria afectada por el mismo volumen de la carga de trabajo afectada.

Grupo Parlamentario Popular

Los 'populares' se muestran mucho más tibios a la hora de restringir las exportaciones de armas españolas. Así, denuncian la "desinformación" y los "tópicos" que observan en cuanto a la exportación de material de defensa, por lo que piden que se fomente "la divulgación referente a la ventaja de que ese material sea exportado por países occidentales".

Piden endurecer el control y mejores formas de verificación "en destino" del uso de este tipo de material, demandan eliminar el "partidismo" en esta materia y solicitan evitar "acciones que puedan ser interpretadas por los inversores y compradores internacionales como riesgo a la seguridad jurídica de los contratos firmados por las empresas españolas", en una clara referencia al reciente conflicto surgido con el asunto de la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser, un contrato puesto en duda por la ministra de Defensa, posteriormente desautorizada por Moncloa al estar en juego un importante contrato con Navantia para la fabricación de cinco corbetas.

También el PP cree que España cuenta con una de las legislaciones "más avanzadas, transparentes, férreas y restrictivas" en materia de exportación de material de defensa, aunque el diputado Jesús Postigo ha reconocido que requiere "alguna mejora" para siga siendo "de las mejores del mundo".

¿Más transparencia?

En las recomendaciones, casi todos los partidos exigen al Ejecutivo más transparencia en el asunto de la exportación de armas españolas.

Esta petición es llamativa y expresa en el caso del Partido Popular, que exige literalmente "hacer públicas las actas de la la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Materia de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) tras un periodo que proteja los intereses comerciales y confidencialidad de los contratos y siempre con posterioridad a que el contrato haya sido firmado y se haya iniciado su ejecución".

Las actas de la JIMDDU son material reservado conforme a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Otros grupos piden también una mayor transparencia en este asunto. El PNV solicita que esas actas no sean clasificadas con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. Por su parte, Esquerra Republicana exige que las actas de la JIMDDU en materia de exportación de armas a Arabia Saudí desde 2015 sean remitidas a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para que "el Gobierno rinda cuentas", algo que también exige Unidos-Podemos.

Los primeros clientes de la industria española en 2017 fueron los países de la OTAN y la Unión Europea encabezados por Alemania, al que se exportaron más de 1.200 millones de euros en 2017 y Reino Unido (950 millones). Fuera de estas alianzas internacionales, el mayor volumen de exportaciones se realizó a Arabia Saudí por 270 millones, seguida por Malasia (170 millones) y Australia (160 millones).

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