La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano", lo que el Ejecutivo comunitario entiende que contraviene la normativa europea.

Bruselas señala en un comunicado que la legislación europea "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios" y añade que, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".

"El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas", señala en un comunicado la Comisión, que añade que la Ley de Navegación Aérea española no permite que las aerolíneas apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano. 

Esta circunstancia "restringe su libertad para fijar precios y para diferenciar entre un servicio que incluye un mayor límite de equipaje de cabina y otro que no ofrece esa posibilidad y únicamente contempla el volumen mínimo necesario para el transporte", agrega el Ejecutivo europeo.

La Comisión Europea también subraya que España "ha impuesto sanciones a cinco aerolíneas por su política de aplicar cargos separados por el servicio de transporte de equipaje adicional en cabina" y sostiene que también infringen la normativa, al estar basadas en la citada sentencia del TJUE conforme a la legislación española de navegación aérea.

Ante este expediente, el Gobierno de España tiene ahora un plazo de dos meses para dar una respuesta a la solicitud de información de la Comisión. Después, el procedimiento podría pasar al TJUE, que será el que finalmente lo resuelva, pudiendo desestimar la demanda de la Comisión si considera que no tiene base, o instar a España a cambiar su legislación.

En cualquier caso, este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas low-cost por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial (cuatro de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra en la Audiencia Nacional), recuerdan desde el  Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. "La Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE", añade el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

El ministerio se reafirma en que estas sanciones se ajustan tanto a la legislación española como la jurisdicción europea, tal y como refiere la sentencia del TJUE del 18 de septiembre de 2014 (Vueling Airlines contra Instituto Galego de Consumo de Galicia. Asunto C‑487/12), que estableció que el equipaje de mano “debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables”. 

Además, en octubre del 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se fijaba esto mismo, que el equipaje de mano no puede ser objeto de un suplemento de precio en base a esta sentencia. Y este año, en junio de 2025, el Parlamento Europeo ratificó que cobrar por el equipaje de mano es ilegal, recuerda el ministerio.

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Laura Anido

Choque entre Bustinduy y Ryanair

La apertura del expediente a España se produce después de los ataques a Bustinduy del máximo responsable de Ryanair, Michael O'Leary, una de las aerolíneas sancionadas en España, con una multa de 107 millones de euros.

Ryanair ha recurrido la sanción y O'Leary, que llegó a llamar a Bustinduy "ministro loco comunista", ha presionado desde entonces al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas.

El pasado septiembre, Bustinduy afeó a Tzitzikostas que accediera a reunirse con O'Leary antes que con él y, tras improvisar el comisario una videollamada con el responsable español, el ministro le pidió que no "desoiga su obligación de defender los derechos de los pasajeros".

En paralelo, las instituciones de la Unión Europea están tramitando una actualización de las normas de derechos de los pasajeros, sin que haya aún acuerdo entre el Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo.

A la hora de fijar su posición, el Consejo centró el debate en el número de horas de retraso que deben dar lugar a una indemnización al viajero, mientras que la Eurocámara defiende que los pasajeros en la UE puedan embarcar en la cabina del avión con un bulto y una maleta pequeña gratuitamente.