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EEUU criminaliza el boicot a la ocupación israelí y lo compara al antisemitismo

El miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció en Jerusalén la adopción de medidas de castigo contra los grupos que combaten el apartheid de Israel en los territorios palestinos calificándolos de antisemitas. Las organizaciones propalestinas han replicado que el castigo tiene su origen en una administración que ampara a neonazis y supremacistas.

Mike Pompeo en su viaje a Catar.
Mike Pompeo en su viaje a Catar. REUTERS

eugenio garcía gascón

A la administración de Donald Trump se la ha reconocido a menudo por su apego a mentiras y falsedades. Esta semana el secretario de Estado, Mike Pompeo, volvió a hacer una de las suyas equiparando el pacífico apoyo al boicot contra la ocupación israelí con el antisemitismo, una comparación que continuamente realizan los israelíes y las organizaciones sionistas.
El jueves, un día después de las declaraciones de Pompeo en Jerusalén, en Nueva York, el director de Human Rights Watch para Oriente Próximo, Eric Goldstein, replicó que "en lugar de combatir el racismo sistémico y el extremismo de la extrema derecha en EEUU, la administración socava la lucha común contra el antisemitismo al equipararlo con los boicots pacíficos".

"Los americanos tienen una larga trayectoria de apoyo a los boicots pacíficos a favor de la justicia social y los derechos humanos, como los boicots por los derechos civiles de Misisipi o contra el apartheid en Sudáfrica", añadió Goldstein señalando dos boicots que tuvieron consecuencias positivas para los americanos y para el mundo.

En su último periplo por Israel, Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado que cruza la línea verde para visitar la colonia judía ilegal de Psagot, donde le han dedicado una marca de vino, y para visitar el Golán sirio ocupado desde 1967, saltándose las leyes y resoluciones internacionales en una acción que agrava los problemas derivados de la brutal ocupación.

No solo insistió en que los EEUU oficialmente ven el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) como antisemita, sino que agregó que Washington va a interrumpir la financiación de los grupos americanos que apoyan el BDS. Es otro paso de la actual administración contra la lucha por los derechos humanos y la justicia internacional.

Se da la circunstancia de que varios miembros del Congreso se han expresado a favor del BDS y que un sondeo elaborado este mes de noviembre entre los judíos americanos por el grupo de presión judío progresista JStreet, reveló que el 22 por ciento de los judíos estadounidenses menores de 40 años respaldan el boicot como medio para forzar a Israel a retirarse de los territorios ocupados.
La medida afectará a todos los grupos que defienden los derechos de los palestinos y combaten la ocupación desde EEUU. Algunos de los más conocidos son Students for Justice in Palestine, Jewish Voice for Peace, Code Pink, US Palestinian Community Network, US Campaign for Palestinian Rights o International Solidarity Movement, que automáticamente se convertirán en antisemitas.

Otros grandes grupos internacionales que abogan por los derechos humanos, como el citado Human Rights Watch, Amnistía Internacional u Oxfam, también podrán ser hostigados por la administración si se aplica el castigo adelantado por Pompeo. El año pasado Israel deportó a un empleado de Human Rights Watch y este mes de octubre se negó a renovar visado a empleados de la agencia de derechos humanos de la ONU.

Algunos de estos grupos ya han dicho que con esa medida se pretende criminalizar y deslegitimar todo el movimiento que lucha por los derechos de los palestinos. Muy probablemente la medida también repercutirá en las universidades impidiendo que los estudiantes expresen su apoyo a los palestinos. En muchas universidades se libra desde hace años batalla entre estos grupos y la administración Trump, dirigida por las influyentes organizaciones sionistas.

Un número creciente de países, con EEUU a la cabeza, está adoptando la controvertida definición de antisemitismo de la IRHA (International Holocaust Remembrance Alliance), que estipula que cualquiera que critique la ocupación israelí sin criticar a otros países cae en la categoría de antisemita. La polémica definición la han condenado decenas de grupos judíos así como centenares de profesores judíos de todo el mundo, incluidos israelíes.

Pero Pompeo no se quedó ahí sino que además anunció, a dos meses del relevo en la Casa Blanca, que los productos elaborados en los asentamientos de Cisjordania y el Golán, que la mayoría de organismos internacionales consideran ilegales, se etiquetarán en EEUU como hechos en Israel.
Estas medidas están destinadas a dificultar el trabajo a la próxima administración, y parece difícil que el nuevo presidente Joe Biden las revierta. Una vez que la actual administración tiene los días contados, Israel está presionando para que tome más decisiones a su favor y en contra de una resolución pacífica del conflicto por la vía del diálogo.

Esta actitud demuestra que Israel únicamente está interesada en completar la anexión y ocupar la mayor parte posible de Cisjordania, algo que es consistente con la expansión de las colonias y con la política de apartheid contra los palestinos. Joe Biden tendrá ante sí una tarea muy compleja y tendrá que enfrentarse al Congreso y el Senado si realmente desea resolver el conflicto creando un estado palestino, como ha indicado durante la campaña.
La israelí Sari Bashi, una abogada defensora de los derechos humanos, ha calificado de "insulto" las decisiones de Pompeo. "Quienes apoyan el BDS se oponen a Israel porque oprime a los palestinos y no porque el país esté dirigido por judíos", dijo a través de Twitter.

"La gente que apoya la intolerancia contra los palestinos no debería determinar qué constituye intolerancia contra los judíos", dijo en referencia a Pompeo Peter Beinart, conocido un escritor y analista judío de EEUU que ha publicado sus artículos en los medios americanos e israelíes más notorios.
Un comunicado de Amnistía Internacional califica de "particularmente hipócrita" el anuncio de una administración que "ha amparado a los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos que abogan por la violencia y la discriminación", y que "ha favorecido las políticas israelíes que institucionalizan la discriminación y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de millones de palestinos".

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