El 28 de febrero Pablo González era detenido en su hotel por la ABW, la inteligencia polaca. No era la primera vez que el periodista tenía un encontronazo con los servicios secretos de un país. Unas semanas antes, en Ucrania había sido retenido por los espías de ese país y en España sus familiares y amigos recibieron días antes de su detención la visita del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En menos de un mes, tres servicios secretos de tres países diferentes se interesaron por este periodista con doble nacionalidad, española y rusa. Más tarde también lo definiría como espía el jefe del MI6 británico. Otra vez, sin presentar pruebas.

Pablo González es un experto en el espacio postsoviético. Estudió lenguas eslavas en la Universidad de Barcelona y un máster de Periodismo Multimedia en Bilbao. Y se formó en estas dos comunidades porque, desde que se trasladó a España desde la Unión Soviética siendo un niño, su vida se ha dividido prácticamente entre Catalunya y Euskadi.

Pablo nació en 1982 en Moscú. De hecho, ha cumplido 40 años encerrado en Polonia. Sus padres son rusos, pero es nieto de uno de los conocidos como niños de la guerra. Cuando tenía nueve años, sus padres se divorciaron y su madre se llevó a Pavel Aleksevich Rubtsov (el nombre de Pablo en Rusia) a España, a Catalunya, le cambió el nombre y le puso sus apellidos: Pablo González Yagüe.

El tribunal de Rzeszów que se encarga del caso utilizó este detalle como prueba de sus acusaciones. En el primer auto de prisión provisional, la Sala II de lo Penal de ese tribunal atribuía al periodista dos alias: Aleksey Rubtsov y Pavel Rubtsov. Una inferencia que partía del pasaporte ruso de Pablo González y que, en realidad, el primer alias solo refleja el patronímico por el nombre de pila de su padre, Aleksiej, que en el documento aparece como Aleksevich.

Este es el único detalle que ha trascendido de las supuestas pruebas que las autoridades polacas tienen contra el periodista. Para conocer algún detalle más acerca de los motivos de sus detención, solo se puede acudir a la nota de prensa que la Agencia de Seguridad Interna (ABW) que le detuvo publicó en polaco y en inglés.

En esas comunicaciones se aseguraba que Pablo González era un agente de la inteligencia rusa (GRU por sus siglas en ruso) y que había utilizado "su estatus periodístico" para "moverse libremente por Europa y el mundo, incluso por zonas afectadas por conflictos armados y regiones de tensión política" para acceder "a información cuyo uso por parte de los servicios secretos rusos podría tener un impacto negativo" en la seguridad de Polonia.

Además, se aseguraba que "con el detenido se obtuvo amplia evidencia" que se estaba analizando en detalle. Hoy, diez meses después de aquello, todavía no ha trascendido nada de esa "amplia evidencia".

Más de 300 días en prisión preventiva en pésimas condiciones

Los primeros días de encierro, Pablo González estuvo en una cárcel de la localidad de Rzeszów, cerca de Przemyśl, la ciudad donde fue detenido. Aquí permaneció hasta que a finales de abril fue trasladado al centro penitenciario de Radom, a unos 100 kilómetros de Varsovia.

Desde entonces, ha denunciado en varias ocasiones las malas condiciones en las que se encuentra. En un escrito presentado ante el Tribunal de Estrasburgo, explicó la constante vigilancia a la que se ve sometido y las carencias alimenticias que sufre. Pasa los días encerrado en una celda sin compañero alguno y solo puede salir, cuando se le permite, una hora al día sin tener contacto con otros reclusos. Además, con la llegada del invierno ha pedido ayuda a la Embajada de España en Polonia para que intercedan por él y pueda tener ropa especial para el frío. Por ahora, sólo ha conseguido una manta adicional.

La Embajada española y, concretamente, el cónsul Eduardo Merino de Mena, es uno de los pocos contactos con el exterior que mantiene. Junto a sus abogados, este diplomático es el que más veces ha podido visitar a Pablo González en prisión, al que las autoridades polacas han mantenido en una práctica total incomunicación hasta el pasado 22 de noviembre. Ese día, la madre de sus hijos, Oihana Goiriena, pudo entrar en la cárcel y hablar durante casi dos horas con el periodista. Aunque en todo momento estuvieron acompañados de una agente de los servicios secretos polacos.

Estos son los únicos contactos físicos que ha tenido con personas del exterior. El resto de noticias de fuera le llegan a través de las cartas que familiares y amigos le envían a la cárcel. De hecho, hace unas semanas se puso en marcha una iniciativa para que Pablo González recibiera textos de apoyo de cualquier que se los quisiera hacer llegar a la prisión.

La defensa legal de Pablo González, uno de los puntos clave del caso

Los abogados de Pablo González son de las pocas personas que han podido visitarlo en prisión regularmente. Pero no todos. El letrado Gonzalo Boye, que asesora al periodista desde que fuera retenido en Ucrania a inicios de febrero, todavía no ha podido verlo en persona.

El 28 de febrero, cuando los servicios secretos polacos detienen a Pablo González de madrugada, este llama a la madre de sus hijos y le pide que contacte con su abogado. Boye comunica por la mañana el arresto y comienza los trámites para poder asistir al periodista. Sin embargo, Pablo acaba declarando sin asistencia letrada y entra en prisión provisional.

A partir de este momento todo el caso ha estado envuelto en una enorme maraña de trámites burocráticos y problemas administrativos. En las primeras semanas de encierro, dos abogados de oficio fueron asignados al caso pero ambos renunciaron. Ante esta situación, el entorno del reportero decide contratar un abogado polaco: Bartosz Rogala.

Actualmente, debido a las complicaciones del caso -existe una acusación de espionaje- y lo particular que es el Derecho polaco, además de Boye y Rogala, se ha contratado el asesoramiento de un gabinete de penalistas polacos experimentados en procesos complejos.

El próximo mes de febrero Pablo González cumplirá un año en prisión provisional en Polonia sin que haya sido sometido a un juicio justo y sin que haya trascendido ningún detalle de las pruebas que hay contra él. El equipo jurídico que lleva el caso estudia ahora las acciones a llevar a cabo cuando se cumpla el plazo de la última prórroga concedida por el tribunal.