El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha solicitado ante el Tribunal Supremo la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que le condenó por atentado contra un agente de la autoridad. Rodríguez, representado por los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, ya anunció el pasado domingo que no tenía previsto presentar una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras su decisión de retirarle el acta de diputado aunque advirtió que formalizaría un recurso ante la condena.

Según Efe y Europa Press, Rodríguez reclama también que en caso de que no se acepte esa suspensión de la ejecutoria se "inste y advierta" a la presidenta del Congreso de los Diputados a que proceda a la ejecución en los términos en que viene establecido en la sentencia "sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta".

La defensa del exdiputado considera que la pena "ya se encuentra en ejecución", aunque todavía no ha transcurrido el plazo previsto para que el condenado pueda agotar los mecanismos legales para oponerse a ella. Del mismo modo, critica que Batet se haya adueñado de "competencias propias y exclusivas" del Supremo y que ademas, haya convertido la inhabilitación en "una de privación del acta de diputado, que, entre otras cosas y no estando prevista en el ordenamiento penal, resulta ser de mayor intensidad y duración que la establecida". Así, los abogados consideran que la sentencia deberá ser ejecutada, pero "en sus justos y precisos términos". 

Rodríguez fue condenado a cumplir un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad pese a que la agresión no quedó acreditada en el juicio. Sin embargo, aunque la la Mesa del Congreso acordó el pasado martes, con los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos, mantener el escaño de Rodríguez, finalmente Batet cedió a la presión del Supremo y le retiró la condición de diputado al que fuera miembro de la formación morada. 

Esto sucedió después de que el presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, advirtiese de que la inhabilitación de Rodríguez era "obligada". Cabe recordar que el exdiputado pagó una sanción de 540 euros en sustitución de la pena de cárcel, tal como impuso el Alto Tribunal en su sentencia.

Tormenta política

El debate jurídico sobre si se debía retirar o no el acta de diputado a Rodríguez se resolvió el pasado viernes cuando se conoció la decisión de Batet. Podemos pidió a la presidenta del Congreso su dimisión "por dignidad". Sin embargo, el PSOE defendió la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados por estar "basada en la legalidad".

En este sentido, aunque este martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que el proceso que desencadenó en la retirada del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez está "plagado de irregularidades", En Comú Podem no se ha sumado a la petición de su socio en el espacio confederal de exigir la dimisión de Meritxell Batet.