El archivo del horror: la Audiencia Nacional guarda miles de documentos sobre los desaparecidos de Videla

Salir del infierno sin realmente abandonarlo. Sentir que ya no eres el que está atado a la camilla recibiendo descargas eléctricas en cada rincón del cuerpo, sino un simple espectador que presencia a unos pocos metros el sadismo de los verdugos. Para varias víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983), esa sensación extracorpórea llegaba cuando el dolor superaba toda frontera y se volvía, sencillamente, imposible de explicar. Era, al fin y al cabo, la única forma de huir, aunque fuese de forma imaginaria. 

En los archivos de la Audiencia Nacional hay testimonios que quienes sobrevivieron a esos demonios. Sus estremecedores testimonios aparecen a lo largo de miles de páginas con membrete judicial y en las que también están las  voces de quienes perdieron a sus familiares por obra y gracia del régimen de Jorge Rafael Videla, una de las dictaduras más sanguinarias que registró América Latina en el siglo XX.

En 1996, el juez Baltasar Garzón –quien en los últimos días se convirtió en noticia a raíz de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que dictaminó que fue inhabilitado en un proceso arbitrario– llevó adelante una larga investigación judicial sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Videla y sus secuaces. 

La causa de Garzón –que contaba como querellantes a la la Unión Progresista de Fiscales, Izquierda Unida (IU), el sindicato gallego CIG o la Asociación Pro Derechos Humanos de Madrid, entre otras organizaciones– se paralizó en 2003, cuando el Gobierno de Argentina que encabezaba Néstor Kirchner dio un paso histórico con la abolición de las leyes de impunidad, abriendo así el camino que permitió juzgar a los responsables de aproximadamente 30 mil desapariciones y cerca de 500 robos de bebés. No obstante, la investigación realizada desde la Audiencia Nacional llevó a la condena en 2005 del marino argentino Adolfo Scilingo, responsable de un amplio listado de torturas y asesinatos. 

Antes de que Scilingo acabara condenado, el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional logró recabar innumerables testimonios de víctimas que pedían justicia y entre las que se encontraban familiares de ciudadanos españoles secuestrados y desaparecidos por la dictadura argentina. 

La coruñesa Dionisia López Amado, una de las históricas madres de Plaza de Mayo, llevó al tribunal español el caso de su hijo Antonio Adolfo Díaz López, nacido en Ferrol en 1952 y secuestrado junto a su pareja, la enfermera Estela Maris Riganti, el 15 de mayo de 1976 en una localidad de la provincia de Buenos Aires.  

"La detención se produjo sobre las 23.00 con un dispositivo de militares al que precedía la Policía que hicieron apagar la luz a todo el barrio, acordonándolo de modo que nadie pudiera entrar o salir", relató la mujer. "Una vez frente al domicilio de su hijo, ametrallaron la puerta gritando 'abra la puerta carajo' (...) Los militares saquearon la casa y una vez detenidos los encapucharon, les ataron las con alambre las manos, les pusieron esparadrapo en la boca y los arrojaron en un coche, sacándolos de esta forma hasta el interior de una furgoneta donde los arrojaron y se pusieron en marcha con dirección a Campo de Mayo", uno de los principales centros clandestinos de detención.  

El hijo y la nuera de Dionisia López –quien falleció en noviembre de 2008 a los 80 años de edad– nunca aparecieron. La dictadura seguía así su cruel guion represivo, que incluía arrancar de sus hogares a personas vivas, someterlas a los más horrendos tormentos y luego fusilarlas o, incluso, arrojarlas vivas al mar.

Según constató la investigación realizada por la Audiencia Nacional, ese plan incluyó "la práctica sistemática de la tortura; el exterminio generalizado; los enterramientos en fosas comunes; los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves –conocidos como 'vuelos de la muerte'–; las cremaciones de cuerpos; los abusos sexuales" o los secuestros de "entre 20.000 a 30.000 personas", entre las que se encontraban "casi 600 españoles y descendientes de españoles".

De acuerdo a ese informe, el 70% de las "personas desaparecidas de forma violenta" eran hombres y el 30% mujeres, "de las cuales un 3% estaban embarazadas". El 77,51% de las víctimas tenía entre 21 y 30 años, mientras que un 30,2% del total eran obreros, un 21% estudiantes y un 38% aparecen bajo la categoría de "amas de casa".

El documento subraya otro factor estremecedor: un 15% de las desapariciones estuvo relacionada con la "vinculación étnica judía" de las víctimas, un aspecto sobre el que también se recogieron pruebas en la Audiencia Nacional. "Un trato especialmente inhumano, según ha quedado acreditado en esta causa, se dispensa a los detenidos que además son judíos", describe el documento.

En este sentido, la investigación había permitido establecer que "en los centros de detención los responsables profieren e imparten consignas antisemitas o hacen gala de adoctrinamiento hitleriano, a la vez que aplican esta doctrina practicando con los judíos sistemas de tortura especialmente inhumanos como el 'rectoscopio', consistente en la penetración del ano o la vagina de la víctima con un tubo metálico en el que introducen un roedor que, al buscar la salida, muerde y destroza los órganos internos de la víctima". 

Las víctimas judías de la dictadura de Videla también eran sometidas a otros tratos "sumamente degradantes, como el obligarles a levantar la mano y repetir 'yo amo a Hitler', o pintarles una esvástica con aerosoles en la espalda como sistema de identificación para ser golpeados más fácilmente, u obligarles a hacer el gato y maullar o el perro y ladrar –si no aullaba o ladraba a gusto del guardia, éste le golpeaba–, o compelerles a lamer las botas del guardia, amén de extorsionar a las familias de los detenidos judíos".

Las torturas, destaca uno de los informes, fueron aplicadas de forma sistemática contra las personas detenidas, "bien para extraer información, bien para lograr una confesión, bien para que describan sus bienes y efectos, que después les son sustraídos, o bien por mera crueldad y tormento por motivos ideológicos y/o religiosos, practicando sobre sus cuerpos y mentes una constante acción de destrucción física, anímica y psíquica de constante terror que les lleva a desear permanentemente la muerte".

"Fui interrogada en varias oportunidades bajo amenazas de muerte, fusilamiento. Fui golpeada con manoplas en diferentes partes del cuerpo; perdí el conocimiento en una de las oportunidades del castigo, producto de la fuerza de los golpes", contó al tribunal la sobreviviente Ana María Saa, detenida en diciembre de 1976 en la ciudad de Córdoba. 

"Aniquilar la subversión"

La querella tramitada en la Audiencia Nacional también permitió recoger distintos manuales y reglamentos de la dictadura argentina, mediante los cuales se daba sustento teórico al macabro plan de exterminio. Entre esos documentos figura el el Reglamento RC-9-1 de 1977, titulado "Operaciones contra elementos subversivos", en el que se dibuja cuál sería el alcance de la represión.

"El concepto es prevenir y no 'curar', impidiendo mediante la eliminación de los agitadores, posibles acciones insurreccionales masivas. En tal sentido, la detención de los activistas o subversivos localizados deberá ser una preocupación permanente en todos los niveles del comando. Ellos deben ser capturados de inmediato en el lugar en que se encuentren, ya sea el domicilio, la vía pública o el trabajo (fábrica, oficina, establecimiento de enseñanza, etc.). El ataque permite aniquilar la subversión en su inicio y mostrar a la población que las tropas son las que dominan la situación", advertía. 

Del mismo modo, el manual incluía una definición sobre la "subversión clandestina", término empleado para justificar el asesinato de miles de personas. "La subversión clandestina –argumentaba la dictadura– es la desarrollada por elementos encubiertos, que mimetizados en la población seguirán con su forma de vida habitual, accionando en la propia zona de residencia, en su ámbito de trabajo o trasladándose para actuar en otros lugares según la disponibilidad de medios".

"La acción militar es siempre violenta y sangrienta"

En esa línea, el régimen de Videla ordenaba "aplicar el poder de combate actuando con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren". "El logro de la adhesión de la población, aspecto fundamental en el ambiente operacional subversivo, se consigue no sólo guardándole todas las consideraciones, sino también infundiéndoles respeto". Pocos párrafos después resumía en una frase el horror de la dictadura": "La acción militar es siempre violenta y sangrienta, pero debe tener su justificación y el apoyo de operaciones sicológicas".

"Para graduar la violencia están las fuerzas de seguridad y policiales. El concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas debe ser aniquilado, dado que cuando las FFAA entran en operaciones contra estos delincuentes, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones", añadía.