El exmagistrado del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha criticado que el tribunal del que formó parte haya admitido a trámite una denuncia en contra del candidato del Pacto Histórico a las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, pocas horas después de que este lograra la victoria en la primera vuelta de los comicios presidenciales.

En un artículo publicado este lunes en el diario colombiano El Espectador, titulado 'El lawfare, las elecciones colombianas y nuestra Audiencia Nacional', Garzón cuestiona que entre la celebración de la primera y la segunda vuelta de las elecciones en Colombia "alguien desde la Justicia española ha decidido introducir un misil político con hedor a lawfare", que claramente perjudica a Gustavo Petro, ganador de la primera vuelta.

Asimismo, ha señalado que lo que le "ha impactado" es que el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, "haya esgrimido nada menos que el principio de jurisdicción universal para desarrollar una acción difícil de entender desde parámetros legales y jurisprudenciales".

"Como magistrado-juez titular que fui del Juzgado Central de Instrucción número cinco algo aporté al desarrollo e implantación de la jurisdicción universal en España y en el mundo, por lo que lamento profundamente que una herramienta tan digna de lucha contra la impunidad y defensa de las víctimas se esté utilizando de esta forma tan gratuita por un togado español", señala en su artículo Garzón. 

En concreto, la denuncia relata que el candidato presidencial colombiano participó en el secuestro, en 1981, del periodista Fernando González Pacheco, fallecido en 2014 y de origen español, cuando militó en la guerrilla del M-19, pero una periodista que fue testigo de aquellos hechos asegura que se trató de una entrevista pactada con el entonces líder guerrillero, Jaime Bateman, una práctica extendida en el país en aquellos años para facilitar las entrevistas con los líderes de las guerrillas. Días después de que se conociera la admisión de la denuncia, Petro señaló que "no tuvo el placer de conocer personalmente nunca" a Pacheco. 

Garzón considera que la resolución de Gadea se basa en una "denuncia generalista, llena de contradicciones, que relata unos hechos cuyo origen se instala en fuentes abiertas y sin sustento probatorio alguno", por lo que el exmagistrado concluye en que esta "solo tiene una finalidad: señalar a Gustavo Petro como copartícipe de aquellos hechos arbitrariamente acumulados en su contra".

Asimismo, el exmagistrado esgrime que la denuncia solo ha "encontrado respaldo" en España, donde "se encauzó hacia una comisión rogatoria previa abierta con Colombia, lo que haría sospechar algún tipo de premeditación previa con autoridades del otro lado del Atlántico, y en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia que ha apelado la admisión a trámite de forma directa ante la Sala de lo penal de dicho tribunal".

"Sorprendente" resolución judicial

Por otro lado, Garzón señala en su artículo que, a su juicio, el auto del juez Gadea "no especifica bien qué delitos y en qué grado de participación serían atribuibles al candidato Gustavo Petro, aunque se intuye al remitirse a la denuncia, que la imputación es la de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra". Sin embargo, señala que "todo jurista sabe que cada una de estas categorías tiene unas particularidades específicas, con importantes consecuencias procesales diferentes en cada caso, por lo que no valen las meras invocaciones vacías, como en este supuesto acontece".

Además, el exmagistrado hace hincapié en que para poder juzgar esas tres categorías, "la ley española exige que la persona resida o se encuentre al menos en España, requisito que, evidentemente, no se cumple". Del mismo modo, Garzón cuestiona y tilda de "sorprendente" que la resolución judicial invoque, "en busca de una legitimidad espuria, que ha encontrado una posible víctima española". Además, recuerda que en su auto, Gadea obvia el art. 23.6 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), donde se afirma que estos crímenes "solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal".

Por último, Garzón incide en que "por el tiempo y el espacio" en los que se dicta esta acción judicial "puede tener graves consecuencias y se aproxima a aquellas que utilizan la justicia con fines espurios (lawfare)". Además, recuerda que aunque esta ha sido recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y, por lo tanto, le augura escaso recorrido, "ese auto habrá jugado un papel, un rol desestabilizador" entre el día 30 de mayo, fecha en la que se filtró la decisión del magistrado, y el día 19 de junio, cuando se celebrará la segunda vuelta de las elecciones en Colombia.

Y concluye: "Para tener toda la panorámica un dato más, el juez de instrucción Gadea finaliza servicios en la Audiencia Nacional el 22 de junio, tres días después de la segunda vuelta electoral colombiana".