El infierno también es tierra de negocios. La masacre en Gaza no sólo no ha interrumpido los acuerdos entre empresas de distintas partes del mundo –España incluida– y el Gobierno de Benjamín Netanyahu, sino que incluso ha dado lugar a nuevas oportunidades comerciales. Todo ello al calor de un genocidio que ha dejado ya 65.000 muertos y que amenaza con recrudecerse bajo las acciones del Gobierno israelí. 

Un informe de Amnistía Internacional dado a conocer este jueves identifica a 15 empresas de diferentes países que "contribuyen a la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional de Israel".

La fecha de publicación de este documento no es casual. Este jueves se cumple un año de la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante la que exigía a Israel que "pusiera fin a su ocupación ilegal del territorio palestino en el plazo de 12 meses desde su adopción". Un año después, el Gobierno de Netanyahu acelera su ofensiva terrestre sobre la devastada Gaza, mientras que Naciones Unidas señala que se trata de un genocidio. 

"El plazo de 12 meses que estableció la resolución de la Asamblea General de la ONU para que Israel se retirase del Territorio Palestino Ocupado expira hoy, pero Israel sigue sometiendo al hambre y matando a la población palestina a diario. La mayoría de los Estados miembros no han hecho casi nada para presionar al gobierno israelí para que cumpla la resolución", declaró Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.   

Entre las empresas señaladas en el informe figura la multinacional estadounidense Boeing. Amnistía Internacional ha documentado "el uso por parte del Ejército israelí de municiones de ataque directo conjunto y bombas de pequeño diámetro GBU-39 fabricadas por Boeing en una serie de ataques aéreos mortales que causaron la muerte de decenas de civiles palestinos en toda la Franja de Gaza, entre ellos muchos niños". 

El 29 de abril de 2025, la organización de derechos humanos escribió una carta al director ejecutivo de Boeing en la que exponía sus preocupaciones relacionadas con el "suministro continuo de bienes y servicios militares y de seguridad a Israel por parte de la empresa", pero no obtuvo respuesta.

El informe cita también a la empresa estadounidense Lockheed Martin debido a que "suministra y presta servicios a los F-16 y a la creciente flota de aviones de combate F-35, la columna vertebral de la Fuerza Aérea Israelí, que se ha utilizado ampliamente durante el bombardeo de la Franja de Gaza ocupada".

Otra de las empresas señaladas es Palantir Technologies, una compañía de software estadounidense que "ha estado suministrando productos y servicios de inteligencia artificial al ejército y los servicios de inteligencia israelíes, y está vinculada a las actividades militares de Israel en Gaza en la actualidad". 

"Es inaceptable que los Estados y las empresas sepan que sus ingresos proceden de la muerte, la destrucción y el inmenso sufrimiento de la población palestina, y aun así hayan decidido mirar a otra parte, mantener sus modelos empresariales sin importar el coste humano, y disfrutar de su riqueza", señaló Callamard. 

CAF y el tren ligero de Jerusalén

El informe de Amnistía Internacional identifica también al grupo empresarial vasco CAF. Según el documento, esta compañía "proporciona materiales y servicios de transporte a Israel para el proyecto del tren ligero de Jerusalén, que "facilita la expansión de los asentamientos israelíes".

El tren ligero "facilita el movimiento de los colonos y la expansión física de los asentamientos y su sostenibilidad económica, e integra estas entidades ilegales en Israel, violando el derecho internacional", apunta el estudio. 

Ante esa situación, Amnistía Internacional solicitó  a CAF que "suspenda inmediatamente el suministro de bienes y servicios a la red del tren ligero de Jerusalén, que conecta el territorio israelí con los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, y que no solicite ningún otro contrato público que pueda contribuir a la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel".

"CAF no puede seguir mirando para otro lado y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional en España lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel", afirmó Esteban Beltrán, director de esta organización de derechos humanos.  

El documento elaborado por Amnistía Internacional recoge también el caso de HD Hyundai. Esta multinacional coreana "fabrica maquinaria pesada que se ha utilizado ampliamente en la demolición de estructuras, viviendas y negocios propiedad de palestinos en los territorios palestinos ocupados entre 2018 y 2025". 

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Samuel Martínez

Amnistía Internacional recuerda que en un informe publicado en 2019 reveló que las "operaciones de empresas turísticas en línea como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor contribuían al mantenimiento, desarrollo y expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, concretamente en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en violación del derecho internacional". 

Según señala la organización de derechos humanos, "estas empresas figuraban en la base de datos de las Naciones Unidas sobre empresas comerciales relacionadas con los territorios palestinos ocupados en 2020 y, a la luz de la continuación de sus operaciones en los territorios palestinos ocupados, podrían volver a figurar en la próxima versión de la base de datos".

"Amnistía pidió a estas empresas que dejaran de hacer negocios en los asentamientos israelíes de forma responsable, pero siguen haciéndolo, lo que contribuye a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional asociadas a la empresa ilegal de asentamientos de Israel, su ocupación ilegal y su sistema de apartheid contra los palestinos en los territorios palestinos ocupados", señala el documento publicado este jueves.

Elbit Systems defiende sus actividades

El informe recoge la respuesta ofrecida por Elbit Systems, una de las principales empresas armamentísticas israelíes que fabrica y vende material para el genocidio en Gaza. En su contestación a las preguntas formuladas por Amnistía Internacional, Elbit alega que opera "de forma legal" y que suministra armamento a "un gobierno soberano, no sancionado y reconocido por la comunidad internacional", en alusión a Netanyahu. 

La empresa sostiene además que "no existe base legal" para "restringir" sus ventas. Según datos publicados por Elbit Systems en sus balances, entre los productos ofrecidos al Ejército de Israel para su campaña militar en Gaza se encuentran lanzadores de munición guiada de precisión, un misil supersónico de ataque de precisión aire-tierra de largo alcance y un sistema de vigilancia aérea.   

El pasado 9 de septiembre, el Ministerio de Defensa español publicó una resolución en el Portal de Contratación del Estado mediante la que notifica la anulación de un contrato adjudicado hace dos años a un consorcio de empresas españolas para la adquisición de 12 ejemplares del sistema de lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), desarrollado a partir del sistema Puls de la empresa israelí Elbit Systems, que también participaba en este proyecto.