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Corrupción en España La lista de espera de la corrupción: más de doscientos casos aislados pendientes de juicio

El incesante goteo de asuntos de malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias con políticos y funcionarios bajo sospecha refuerza la sensación de metástasis sistémica en las instituciones

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Un centenar de políticos y funcionarios cumplen penas de cárcel por delitos de corrupción en España/ Aragón Hoy

La corrupción tiene al cabo del año un coste de 90.000 millones de euros para las arcas públicas españolas, según un estudio del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, que duplica la estimación que realizó en 2013 la Universidad de Las Palmas, que cifraba ese lastre en 40.000. De resultar certeros esos cálculos, el saqueo de lo público habría alcanzado en la práctica, e incluso rebasado, la dimensión sistémica que el incesante goteo de ‘casos aislados’ ha instalado hace tiempo en el imaginario del país.

Y la actividad de los tribunales apunta en esa dirección: en España había el 31 de diciembre 110 presos por corrupción, 93 en cárceles del Ministerio del Interior y 17 en las de la Generalitat catalana. Solo ocho de ellos eran preventivos en los 226 casos con las pesquisas cerradas que tienen pendientes de enjuiciar los tribunales locales (211), las salas penales de la Audiencia Nacional (14) y el Supremo (1), a los que se añaden veinte asuntos recurridos, mientras otros 186 cargos públicos y funcionarios esperan para sentarse en el banquillo tras haber sido formalmente acusados o procesados en juzgados de Instrucción. Más de la mitad de los condenados (51) lo han sido por meter la mano en la caja o malgastar dinero público y otros 28 (más tres preventivos), por aceptar sobornos.

Los estudios y las cifras oficiales perfilan una inquietante metástasis de ‘chorizocracia’, la versión coloquial del culto “cleptocracia” (“sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”), que va mucho más allá de los casos de resonancia mediática como Nóos, los arbóreos (por las ramas) Gürtel, Lezo y Púnica o los EREs y que revela, con la excepción de Navarra, La Rioja y Extremadura, donde no hay casos abiertos ni pendientes de juicio, la expansión de las conductas corruptas.

Este es un repaso de los principales casos abiertos en las distintas comunidades:

Andalucía

La investigación de los cursos de formación, iniciada en Huelva, donde las primeras pesquisas fueron archivadas pese a cuestionar el juez la actuación de los responsables de los servicios de Empleo de la Junta, ha dado lugar a la apertura de diligencias en varias provincias andaluzas para investigar el presunto desvío de hasta 143 millones de euros en más de 5.000 ayudas para formar a trabajadores.

Aragón

La repetición del juicio del caso La Muela para los siete acusados que no pactaron sus penas ni resultaron absueltos en el primero y la vista oral para los tres imputados en el caso Plaza (de 25) que siguen defendiendo su inocencia cierra el carrusel de casos de presunta corrupción de los últimos años, que han arrojado un balance de medio centenar de condenas.

Asturias

Un total de 23 acusados de malversación se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder de la legalidad de los sobrecostes de 198 millones de euros en las obras de ampliación del puerto de Gijòn, El Musel. De la causa se desgajó una pieza en la que se investiga el trasiego de algo más de 900.000 euros en la financiación de un programa cultural titulado “A ver la ballena”.

Baleares

A las piezas desgajadas del caso Palma Arena pendientes de juicio se les añade en esta comunidad el caso Cursach, en el que la Fiscalía ha presentado cargos por prevaricación, cohecho, amenazas, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de drogas y revelación de secretos contra 24 presuntos integrantes de la supuesta trama de corrupción que dirigía el empresario hostelero Bartolomé Cursach. Junto a él se sentarán en el banquillo varios policías locales y funcionarios de los ayuntamientos de Palma y de Calvià, sospechosos de haber mirado para otro lado a cambio de sobornos.

Canarias

El juez Salvador Alba se enfrenta a una petición de diez años de cárcel por, presuntamente, manipular la investigación de un fraude fiscal que había iniciado su colega y exdiputada de Podemos Victoria Rosell para dañar su imagen. Según la Fiscalía, orientó la declaración de un testigo para introducir en la causa elementos que crearan la apariencia de que la magistrada había retrasado las pesquisas por la relación del imputado con su pareja. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó hace unos días otra polémica intervención de Alba en una causa iniciada por Rosell: la declaración de nulidad de la grabación que originó la investigación de la trama de sobornos a políticos de Lanzarote conocida como caso Unión.

Cantabria

La Fiscalía investiga el presunto fraccionamiento de contratos para adjudicar a dedo la contratación de suministros de material y aparatos para el Servicio Cántabro de Salud, varios de los cuales fueron adjudicados a empresas del entorno de dirigentes del PSOE, que detectó la Intervención de la comunidad.

Castilla-La Mancha

El exviceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Sergio David González, y el exalcalde de Chiloeches (Guadalajara), César Urra, son los principales encartados del grupo de 19 a los que investiga un juzgado por las supuestas irregularidades en la gestión de un vertedero de esa localidad en el que de ardieron miles toneladas de residuos.

Castilla y León

El juez investiga a 19 personas, entre ellos exaltos cargos de la Junta y directivos de Iberdrola y de la constructora Callosa por el presunto trasiego de 80 millones de euros en comisiones en la adjudicación y la construcción de parques eólicos en esa comunidad

Catalunya

Se trata de una de las comunidades con más investigaciones abiertas por asuntos de corrupción, entre los que destacan el ‘tres per cent’, sobre la presunta financiación irregular de la extinta CDC, y los manejos económicos del expresident Jordi Pujol y de varios de sus hijos.

Comunitat Valenciana

Es otro de los puntos neurálgicos de la corrupción, donde asuntos locales como Brugal, en el que los exalcaldes alicantinos del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo se enfrentan a peticiones de diez años de cárcel por el presunto favorecimiento de los intereses del empresario Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad a cambio de regalos que sumaban más de 700.000 euros, conviven con las investigaciones al expresidente Francisco Camps por las supuestas irregularidades en la visita del Papa a Valencia en 2006 en la adjudicación del estand de la comunidad levantina en Fitur 2009.

Euskadi

Una jueza de Azpeitia investiga el presunto pago fraudulento de más de treinta millones de euros en la gestión de los residuos de los desmontes del tramo Eskoriatza-Arrasate de la autopista AP-1 y en la construcción del túnel de Isuskitza, por los que están imputados tres exaltos cargos de Bidegi, la agencia de la Junta de Guipúzcoa que gestiona las infraestructuras de transporte, y dos responsables de las obras.

Extremadura

Elías Correas, alcalde de El Gordo, y su antecesor, Bautista Sánchez, ambos del PP, están a la espera de sentarse en el banquillo acusados de malversación por las obras de la residencia de ancianos de la localidad.

Galicia

Los casos Pokemon y Carioca son los principales asuntos de corrupción bajo investigación en Asturias. En el primero, disgregado en una docena de causas, otros tantos jueces tratan de esclarecer una presunta trama de sobornos a concejales de varios ayuntamientos gallegos por las empresas Vendex y Aquagest. En el segundo, la misma magistrada que lleva el anterior, Pilar de Lara, mantiene imputados en la causa principal a 21 sospechosos, entre ellos varios policías, de organizar una red que forzaba a mujeres a prostituirse en clubes de alterne. Fiscalía pide exonerar a 18 de ellos.

Madrid

Es la comunidad en la que se cruzan más tramas de corrupción, desde Púnica a Lezo pasando por las piezas separadas de Gürtel, en las que abundan los exdirigentes locales y autonómicos del PP imputados

Murcia

El expresidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha salvado con una absolución por motivos formales el primero de los tres envites judiciales que afronta: la jueza tardó más de seis meses en tomarle declaración como imputado en el caso Pasarelas, en el que estaba acusado de fraccionar contratos para adjudicárselos a dedo al mismo arquitecto. Tiene otra causa pendiente por la contratación, cuando era consejero de Educación, de una empresa implicada en la trama Púnica para que mejorara su reputación ante una eventual imputación por la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de esa localidad. La Audiencia Nacional ha archivado, en una decisión recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, la causa en la que era investigado por el pago del auditorio, licitado por seis millones de euros.

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