Con la inauguración deprisa y corriendo del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal –el también llamado hospital de pandemias–, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recurre a una vieja fórmula que ha hecho fortuna en el PP a lo largo de los últimos 25 años: mucho ladrillo, obras faraónicas y grandes eventos como emblema de su gestión.

Una receta que sin embargo ha dejado una ristra de proyectos fallidos e infraestructuras vacías que han terminado por convertirse en auténticos monumentos al despilfarro de dinero público.

La lista de las obras faraónicas que terminaron en fiasco es larga, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el País Valencià, feudos en los que el PP gobernó durante años a su antojo, en el segundo hasta 2015. Por eso sorprende el empecinamiento de Díaz Ayuso en repetir un modelo tan polémico y apostar una vez más por el ladrillo para tapar otras carencias de su gestión. Al igual que hicieron Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Botella o Francisco Camps entre otros, la presidenta madrileña vuelve a caer en el error de inaugurar a bombo y platillo una infraestructura sin terminar, con grandes sobrecostes financieros y cuya utilidad no está del todo clara.

Estos son algunos de los proyectos fallidos del PP, bien porque su utilidad era dudosa o porque terminaron costando mucho más de lo inicialmente previsto. Madrid y País Valencià se llevan la palma, pero estos auténticos monumentos al despilfarro –la izquierda también tiene alguno en su haber– se extienden por todo el país. De hecho, un estudio ya acreditó en su día que España despilfarró 80.000 millones de euros en obras e infraestructuras innecesarias entre 1995 y 2016.

La Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre

Dejando aparte el lodazal de corrupción en el que se convirtió la Comunidad de Madrid bajo su presidencia, Esperanza Aguirre dejó para la posteridad un verdadero monumento al despilfarro: la Ciudad de la Justicia. Aguirre lo anunció a bombo y platillo en 2007, pero lo que iba a ser un complejo de doce edificios en Valdebebas que aglutinaría todos los edificios judiciales de Madrid acabó convirtiéndose en un secarral (precisamente en esos terrenos se ha construido el hospital de Ayuso) en el que sólo llegó a construirse un edificio que aún permanece vacío. El despilfarro de dinero público alcanzó los 105 millones de euros. Un juez llegó a abrir una investigación para saber qué pasó.

El soterramiento de la M-30

La obra faraónica por antonomasia, muy contestada por su impacto ambiental, aunque finalmente sí que mejoró el tráfico en la ciudad de Madrid. Fue la gran promesa de Alberto Ruiz-Gallardón para llegar a la alcaldía de la capital en 2003. El coste final del proyecto, tras largos años de obras, llegó a los 9.400 millones de euros cuando en un principio estaba proyectado en bastante menos de la mitad. La obra generó una enorme deuda para la ciudad que aún tardará años en pagarse y que terminó por lastrar proyectos posteriores.

Las autopistas radiales y la M-45

Corría el año 2003 y el entonces ministro de Fomento en el Gobierno de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos, quiso dar satisfacción a Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, y autorizó e impulsó la construcción de cuatro radiales (R-2, R-3, R-4 y R-5), para teóricamente aliviar el tráfico de entrada y salida de la capital por las autovías correspondientes (A-2, A-3, A-4 y A-5). Iban a ser autopistas de peaje y el negocio parecía redondo. Era en plena época del boom inmobiliario y constructoras y bancos se metieron hasta el cuello en el proyecto.

Pero el tráfico no cumplió ni de lejos las expectativas y las expropiaciones de terrenos para realizar las obras costaron seis veces más de lo previsto, elevando sobremanera los costes. Las empresas concesionarias acumularon una deuda cercana a los 4.000 millones de euros, las radiales entraron en quiebra y al final tuvo que salir el Estado al rescate poniendo más de 2.000 millones sobre la mesa. 

La M-45, una autovía privada impulsada por Gallardón que tampoco cumplió las expectativas, tuvo unos sobrecostes que alcanzaron el 74%. La Consejería de Transportes reconoció en la Asamblea de Madrid que esta carretera de 36 kilómetros cuya utilidad nunca estuvo del todo clara les costó a los madrileños más de 2.000 millones de euros. Los cálculos de Podemos elevaron esos costes hasta los 3.000 millones de euros, lo que supondría pagar la friolera de 82 millones por kilómetro, cuatro veces más que el AVE.

La Caja Mágica

Otra infraestructura en Madrid que ha terminado teniendo un uso menor al que se preveía y que ha costado más de lo previsto. De los 112 millones iniciales, el presupuesto se desvió un 45% llegando a los 176 millones durante su construcción. De nuevo, sobrecostes para una obra cuyo uso no ha sido el esperado desde que su inauguración en 2009.

El 'obrón' de Cibeles: 530 millones por un cambio de sede

Para muchos fue una actuación total y absolutamente innecesaria. Gallardón gastó a manos llenas mientras estuvo al frente del Ayuntamiento de Madrid. El perfecto ejemplo es este proyecto: se gastó 530 millones de euros simplemente para cambiar la sede del Ayuntamiento de Madrid al Palacio de Cibeles. Un capricho muy caro.

El Centro Acuático, un sumidero de dinero público

Los políticos del PP intentaron durante trece años convertir a la ciudad de Madrid en sede de los Juegos Olímpicos al precio que fuera. Tres veces lo intentaron y tres veces fracasaron, y eso a pesar de que no escatimaron ni en gastos ni en medios. Sólo en labores de consultoría, invitaciones, publicidad, marketing, viajes, labores de representación y otras menudencias se gastaron varios millones de euros.

El máximo exponente de este fracaso olímpico es el Centro Acuático. De los grandes proyectos incluidos en las candidaturas olímpicas, el del Centro Acuático es el más desastroso. Otros no llegaron a construirse (Villa Olímpica), fueron vendidos (estadio de La Peineta) o llegaron a terminarse y están en funcionamiento, aunque con menos uso del deseado (Caja Mágica). A día de hoy el centro acuático sigue siendo un esqueleto mastodóntico de pilares de cemento y forjado por el que se ha sumido el dinero público. El contrato inicial cifraba el coste de la instalación en 136,7 millones de euros, aunque llegó a los 191,5 millones antes de que se suspendieran las obras. De momento, la obra sigue inacabada.

No sólo Madrid acumula obras fallidas o innecesarias. El País Valencià, feudo inexpugnable del PP hasta 2015, también aglutina una buena colección. Esta es una breve selección.

L’Agora, un edificio de 100 millones de euros

El edificio llamado a ser la guinda de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València fue proyectado por el arquitecto Santiago Calatrava. Su coste inicial era de 45 millones pero finalmente la Generalitat valenciana desembolsó 90 millones de euros. Fue inaugurado en 2009 sin estar terminado, por el empeño del entonces presidente valenciano Francisco Camps. En 2014 L'Agora volvió a los titulares de prensa por los desperfectos que presentaba en su cubierta. Lo que en principio no era más que el desprendimiento de una "pequeña parte" del revestimiento cerámico requirió finalmente desmontar toda la cubierta del edificio. El coste de la reparación alcanzó los tres millones de euros.

La Fórmula 1 en València

Otro perfecto ejemplo de lo que es un proyecto vacío, megalómano, prescindible y caro. La Generalitat valenciana se gastó 116 millones de euros en el circuito urbano de València para que el llamado circo de la Fórmula 1 llegara a la ciudad. El Gran Premio de Europa de F-1 se celebró entre 2008 y 2012, pero la crisis económica obligó al sucesor de Camps, Alberto Fabra, a renunciar a las carreras por el alto coste que aparejaban cada año. A día de hoy algunas zonas del circuito urbano están abandonadas mientras la Generalitat deberá seguir pagando a los bancos el crédito que pidió para financiar el proyecto a razón de 7,5 millones de euros anuales hasta 2023. El caso acabó en los juzgados y Camps imputado.

El simbólico aeropuerto de Castellón

Fue el mayor símbolo del afán derrochador del PP. El aeropuerto sin aviones lo llegaron a llamar. El empeño del presidente de la Diputación de Castellón, el polémico Carlos Fabra, por que su provincia tuviera aeropuerto propio aunque no lo necesitara –a un tiro de piedra están los de Barcelona y València– puso en la picota el modelo de gestión del PP. Infraestructura innecesaria e inútil, llegó a inaugurarse sin aviones y sin tan siquiera contar con los permisos de vuelo: Fabra quería inaugurar como fuera, igual que ha hecho Ayuso con su hospital de pandemias.

El aeropuerto de Castellón tardó cuatro años y medio en tener vuelos comerciales. Casi diez años después el aeropuerto funciona pero no con el tráfico que preveían sus impulsores. Según el PP, la construcción de este aeropuerto costó 112 millones de euros. Hubo otras infraestructuras más caras, pero ninguna tuvo tanto simbolismo como ésta.

La Copa del América o cómo malgastar 300 millones

Otro proyecto deportivo que le salió caro a los valencianos bajo la presidencia de Camps. La competición de vela más prestigiosa del mundo se celebró dos veces en València pero para ello la Generalitat gastó unos 300 millones de euros en remodelar la dársena del puerto de la ciudad.

La Ciudad de la Luz: unos estudios ruinosos

La Ciudad de la Luz fue inaugurada en 2005 como unos grandes estudios cinematográficos que pretendían ser punteros en Europa: diez platós, 8.000 metros de talleres y almacenes auxiliares y un área de rodaje de exteriores de 220.000 metros. El coste total del proyecto alcanzó los 270 millones de euros a cuenta de las arcas públicas valencianas. El proyecto hizo aguas muy pronto a pesar de que se rodó alguna película importante ahí, pero nada compensaba su alto coste. En 2012 el Tribunal General de la Unión Europea sentenció que las ayudas públicas invertidas en estos estudios eran ilegales y debían de ser devueltas. El mismo tribunal recordó a los gestores valencianos un pequeño detalle que pasaron por alto: había mucha competencia en el sector.

Desde 2014, por decisión de la Generalitat valenciana, el complejo cinematográfico está cerrado y las instalaciones se encuentran en estado de abandono. 

Centro de Investigación Príncipe Felipe

Fue creado en 2005 como una fundación financiada por la Generalitat valenciana con ayuda de fondos europeos y dedicada a investigar nuevas terapias contra el cáncer o las enfermedades de corazón usando células madre. Tuvo un coste de 60 millones de euros, pero fue casi cerrado en 2011 por falta de fondos y una reducción drástica del presupuesto. Un ERE se llevó por delante más de un centenar de empleos y obligó a cerrar 14 líneas de investigación. A día de hoy, el centro funciona con un reducido grupo de investigadores a medio gas y muy lejos de lo que se tenía en mente.

Galicia, otro feudo histórico del PP, también está plagada de proyectos fallidos impulsados en épocas de bonanza y que el paso del tiempo y la crisis transformaron en serios problemas por sus sobrecostes y mantenimiento. Hay un proyecto que destaca sobre todos los demás, la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

El sueño de Fraga que costó 400 millones

La Cidade da Cultura fue un colosal proyecto ideado e impulsado por la Xunta de Galicia cuando Manuel Fraga era su presidente: pretendía construir un gran complejo de 142.000 metros cuadrados a las afueras de la ciudad de Santiago de Compostela en torno a seis edificios diseñados por el arquitecto Peter Einsenman. El presupuesto de la obra, que simulaba una vieira extendida sobre la ladera del Monte Gaíás, era de 108 millones que se habían convertido en 400 millones cuando a Feijóo no le quedó otro remedio que frenar la sangría porque el dinero se iba a velocidad de vértigo en un proyecto que arrancó sin contenido. Ahora, a medio terminar, la Cidade da Cultura se come cada año unos cinco millones de euros en gastos de funcionamiento, personal y mantenimiento.