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Juicio independencia El exnúmero 3 de Montoro no sabe si los observadores del 1-O se pagaron con el 155 ya en marcha

Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública, reconoce como testigo en el juicio al 'procés' que la Generalitat podría haber esquivado los controles del Ministerio: “Estos sistemas llegan hasta donde llegan”

Vista general del juicio en el Tribunal Supremo. (EFE)

Cristóbal Montoro se sirvió de varias herramientas durante su etapa al frente del Ministerio de Hacienda para controlar las cuentas de la Generalitat. El propio ministro presumía abiertamente de este control, mucho más duro tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien su exnúmero tres dice no saber si el Govern pagó gastos relacionados con los observadores del 1-O cuando el 155 ya estaba en marcha. 

Martínez: "Los controles llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen"

Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda y Función Pública, ha declarado como testigo este martes en el juicio al procés, en la 18 sesión y sexta semana de la causa. Preguntado por la letrada Judith Gené, abogada de los exconsellers y acusados Joaquim Forn y Meritxell Borràs, Martínez ha admitido no poder precisar si desde la Generalitat se pagaron las facturas relacionadas con los viajes de los llamados "observadores internacionales" que siguieron desde Catalunya la jornada del 1 de octubre de 2017.

De hecho, y como también hizo Montoro, su exnúmero tres ha reconocido que es imposible descartar que se destinasen fondos públicos al referéndum antes de la aplicación del 155, dado que la información remitida por la Generalitat a Hacienda era "incompleta" e "inexacta".

Hubo un "cumplimiento formal" de remisión de información, admitía, pero ello no significaba que esta información respondiera a la "realidad material de los hechos", por no hablar de los límites que tenían los controles del Ministerio: "Llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", dijo Martínez, incidiendo en que estos sistemas "no responden a la realidad material de los hechos". Los controles comenzaron en 2015 y se intensificaron en julio de 2017. 

"El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad"

De hecho, Martínez ha intentado evitar las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, que ha llegado a cuestionar directamente si el 1-O se pagó con dinero público: "El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad", afirmaba, insistiendo en que el resultado de este seguimiento no tiene que casar con la "realidad material de los hechos".

En la misma línea se expresó también Montoro, que mientras estaba en el cargo negó que la Generalitat pudiera cometer malversación, como hoy sostienen las acusaciones en la causa que debe enjuiciar la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, y como niegan las defensas. Sin embargo, en su comparecencia como testigo en el juicio, el hoy diputado del PP y exministro de Hacienda reconoció que sí podrían haber usado dinero público para sufragar gastos relacionados con el referéndum del 1-O.

Los avisos a la Fiscalía

En síntesis, Martínez ha explicado que los límites de estos controles radican en que Hacienda sólo podía controlar lo incluido en la contabilidad remitida por la Generalitat. Según su relato, cuando la información era "inexacta" o "incompleta" dieron parte a la Fiscalía General del Estado, si bien el número de avisos que él recuerda es distinto a los que recordaban el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el propio Montoro: Martínez sostiene que notificaron al Ministerio Público en tres ocasiones, Montoro habló de siete y Rajoy lo elevó a nueve.

Entre otros casos, el exsubsecretario de Hacienda ha hecho referencia a los pagos de Diplocat que, según testificó el exjefe de este organismo, Albert Royo, estaban destinados a costear las estancias en Catalunya de “visitantes internacionales”, y no observadores; pero también a la campaña para publicitar el referéndum Civisme (el famoso anuncio de las vías de tren), encargado por la Consellería de Presidencia (bajo el mando de Jordi Turull). Mientras la Generalitat les trasladó que el concurso quedó desierto, y así lo afirmaron varios testigos durante la pasada semana, Martínez ha asegurado que en realidad el Govern "había desistido". 

Finlamente quien compró espacios en los medios para su emisión fue la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). De hecho, la CCMA emitió dos facturas por la emisión de tres spots del 1-O por 90.000 y 180.000 euros. La Generalitat sostuvo que no se pagó nada por estos anuncios, si bien la Corporación sigue reclamando estos importes.

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