El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (UP) se ha volcado con las elecciones de Castilla y León. El anticipo electoral no ha interrumpido la labor ejecutiva del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. Desde que se convocaron los comicios autonómicos, el Consejo de Ministros ha continuado con la aprobación de normas tan importantes como la ley de vivienda. Pasado el ecuador de la legislatura, el Ejecutivo que lidera Sánchez tiene todavía muchos retos pendientes. "Vamos a duplicar la intensidad de los trabajos", afirmó este martes la ministra portavoz Isabel Rodríguez en rueda de prensa. El Gobierno ha convocado esta semana dos Consejos de Ministros y está confirmado también otro extraordinario para el 4 de marzo. La mirada está puesta en las próximas elecciones generales. 

"La gestión del Gobierno se valorará cuando se convoquen las elecciones generales", señalaba Rodríguez sobre si sentían que los resultados del pasado domingo suponían una impugnación de su tarea. "Es un momento muy oportuno de desplegar la acción de Gobierno", destacaba Rodríguez, pero destacando que el Ejecutivo "no está de campaña electoral". "Está centrado en la acción de Gobierno", añadía. 

Tanto fuentes gubernamentales como de la dirección del PSOE inciden a Público en que "el Gobierno lo que tiene que hacer es legislar, legislar y legislar". Y están convencidos de que los cambios, también gracias a la recuperación económica, llegarán a la ciudadanía. "En Castilla y León no se estaba votando al Gobierno de Sánchez, había otras muchas variantes", afirman fuentes de Moncloa. 

Entre los objetivos pendientes, en este caso fuera del Consejo de Ministros, destaca la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello es necesaria la voluntad del PP. Fuentes del Gobierno apuntan a que todavía no se ha avanzado tras las últimas conversaciones. También se incluye la aprobación de varias leyes de carácter social y abordar una negociación para una posible reforma fiscal. 

Hace un mes el Gobierno presentaba su Plan Normativo Anual para 2022. El documento contempla 368 propuestas normativas, entre las que se incluirán once nuevas leyes orgánicas y 81 ordinarias. "Podrían suponer una norma por día para garantizar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos españoles", señaló entonces el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. 

Más allá de las leyes en cuestión, el Gobierno tiene un asunto de especial calado pendiente. Se trata de la renovación del CGPJ. El poder judicial lleva bloqueado, tras varios giros estratégicos del PP, más de tres años. Una situación insólita. Parecía que Gobierno y oposición habían avanzado en la situación al lograr renovar otras instituciones constitucionales en el mes de octubre. 

A finales de año Sánchez dijo que la renovación, por el papel de los populares, era "altamente improbable" en lo que queda de legislatura. Lo que no quiere decir que desde las filas socialistas vayan a dejar de intentarlo. Las conversaciones, al menos, podrían acelerarse ahora tras el varapalo del periódico The Economist, que rebajó por esta cuestión la calidad democrática de España la semana pasada. 

El poder judicial lleva bloqueado, tras varios giros estratégicos del PP, más de tres años

Un debate que ya ha empezado a salir a la luz es el de la reforma fiscal. En Unidas Podemos están convencidos de dar la batalla ideológica en este asunto y así se ha vislumbrado en los últimos días. Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, están a la espera de recibir un informe del comité de expertos para iniciar unas conversaciones con sus socios que se antojan complicadas. Las reticencias del PSOE a implantar medidas de calado como impuestos a las grandes fortunas o tocar más aún el IRPF para rentas altas, marcarán los próximos meses en el seno de la coalición. En este sentido, los socialistas rechazaron este martes una Proposición No de Ley de UP que pedía aplicar estas medidas. 

En UP también marcan en rojo otras leyes de capital importancia para su formación política. Entre ellas destaca la Ley de Familias, que quiere impulsar la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. En este sentido, hace apenas unos días, coincidiendo con la aprobación de la reforma laboral, la dirigente de Podemos, junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaron que su intención es incluir un permiso por cuidado retribuido de hasta nueve días al año para cuidar y atender a familiares o convivientes. Determinadas ayudas incluidas en esta ley deberán ser también negociadas con Hacienda. 

La abolición de la prostitución será también otro de los temas clave en lo que queda hasta las próximas elecciones generales. El PSOE, con Sánchez a la cabeza, se comprometió a abordarlo a nivel legal en esta legislatura durante el 40º Congreso Federal de los socialistas celebrado en octubre en València. El encaje no está claro, en todo caso. En el Ministerio de Igualdad tienen pendiente la ley contra la trata y ahí podría establecerse. El Gobierno estudia la fórmula legal concreta.  

En Igualdad, además de la mencionada ley contra la trata, se encuentra pendiente la modificación de la ley del aborto, la aprobación definitiva de la ley trans y una modificación de la ley contra la violencia de género. También se incluyen asuntos como una nueva ley de servicios sociales o una ley contra el racismo, desarrolladas por el Ministerio que lidera Belarra y el de Igualdad, respectivamente.

Dos asuntos de mucha relevancia ideológica para el Gobierno de coalición también están pendientes de su aprobación definitiva en el Congreso. Se trata de la Ley de Memoria y de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La primera se encuentra pendiente de debatir las enmiendas parciales. La segunda todavía está en una fase parlamentaria previa y tiene que llegar a votarse y debatirse en la Comisión de Interior. En ambos casos existen colectivos sociales que han mostrado cierta decepción porque ambas reformas se queden cortas. 

Información clasificada, salud pública o industria

El próximo viernes se aprobará en el Consejo de Ministros una nueva ley de Ciencia, con el objetivo de combatir la precariedad de los investigadores. Y este martes se ha aprobado la nueva Ley del Cine. Entre los objetivos incluidos en el Plan Normativo también destacan asuntos como el de la información clasificada.

La normativa en vigor, sobre secretos oficiales, data de 1968, con el franquismo. La nueva ley "tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales", señalan en el Gobierno. 

En Sanidad destaca intención de crear una ley para desarrollar el Centro Estatal de Salud Pública. Será un organismo público estatal adscrito al Ministerio de Sanidad que ejerza las competencias de vigilancia de la salud pública y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria. 

Por otra parte, Reyes Maroto, a través de su Ministerio, impulsará una reforma de la ley de Industria. La actual es de 1992. El objetivo es "adaptarse a la realidad industrial y económica actual".

Próximos objetivos de Yolanda Díaz

El Ministerio de Trabajo desarrollará un nuevo Estatuto y una ley para favorecer la conciliación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido de una las principales protagonistas de las últimas semanas. Tras la aprobación, in extremis y con polémica, de la reforma laboral, Díaz abordó de forma casi inmediata una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 para este 2022. 

Tal y como publicó este medio, su Ministerio tiene varios ambiciosos objetivos para avanzar durante los próximos meses. Entre ellos destacan la reforma de la ley de economía social, la creación de un Estatuto del Trabajo adaptado para el siglo XXI o la creación de una Ley de Usos y Tiempos en el trabajo destinada a favorecer la conciliación de trabajadores. 

Los socios de Gobierno se quejan de lo que se queda fuera

Por su parte, los socios habituales del Gobierno de coalición como ERC, EH-Bildu o Compromís pusieron ya encima de la mesa su decepción porque el Gobierno no hubiera incluida algunas de las cuestiones que son de su preocupación máxima. 

En este sentido, destacan una la ley de la Corona, anunciada por Sánchez en 2020. A finales del pasado año, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señalaba que se había dejado aparcada por estar ahora centrados en la recuperación económica. Otro asunto que preocupa a los socios son abordar la financiación autonómica, reivindicación histórica de grupos como Compromís. La reforma de los delitos de rebelión y sedición sería otra cuestión de relevancia para grupos como el PDECat, quien apoyó con sus votos la reforma laboral.