La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este martes los tres últimos reales decretos-ley impulsados por el Gobierno en funciones. Estas normas incluyen medidas para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook, recursos para luchar contra los destrozos de los temporales de este verano y el reparto de 5.500 millones para Comunidades Autónomas y ayuntamientos por la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019.

La aprobación de este último decreto ley en el último trimestre del año y en precampaña ha conllevado duras críticas de la oposición, que ha acusado al Gobierno de "tirar la casa por la ventana" ante el nerviosismo electoral, si bien han explicado el voto a favor en la necesidad de acabar con el "secuestro de recursos" a comunidades (4.682 millones, les tocan en este reparto) y ayuntamientos (821).

Ante estos reproches, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que ante "la parálisis", el Gobierno ha dado respuestas "en el momento en que ha sido posible" y lo ha hecho de manera "responsable" y ante una situación "inédita" como es "la no aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de un gobierno en funciones".

Montero ha dejado claro que en ningún momento la prestación de servicios públicos en comunidades autónomas ha estado comprometida ni la actualización de las entregas a cuenta está vinculada "a ningún tipo de chantaje, como algunos quieren trasladar".

"Clamoroso electoralismo"

En el debate, el portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha considerado que el real decreto ley es el "colofón de una tragedia" en varios actos y ha acusado al Gobierno de recurrir en este asunto a "la manipulación y las medias verdades".
Garcés ha señalado que el "primer acto" va desde el 1 de enero hasta las elecciones del 28A, período en el que, según el PP, ya se podía haber aprobado y el "segundo acto", con un Gobierno constituido hasta la convocatoria del 10-N cuando el EJecutivo se escudó en un informe de la Abogacía del Estado "que no aparecía, y no tenemos".

Por su parte, el portavoz económico de Cs, Marcos de Quinto, ha asegurado que el decreto "no es una solución si no un mero parche" y ha reprochado al Gobierno la "bochornosa gestión" que ha puesto de relieve su "hipocresía" con cambios de criterio "según les convenía" y el "ventajismo político" exigiendo una investidura gratis a cambio de desbloquear los fondos.

Desde Unidas Podemos, el diputado Antón Gómez-Reino ha acusado al Gobierno de "faltar a la verdad" y de "clamoroso electoralismo", si bien ha justificado el voto a favor de su grupo en la necesidad de acabar con el "secuestro" de recursos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.