El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta. La nueva normativa, liderada por el Ministerio de Transformación Digital de Óscar López, "aumentará los requisitos de transparencia y obligará a publicar las agendas institucionales y viajes de los altos cargos y máximos responsables públicos". 

Entre las principales novedades, según ha destacado López durante la rueda de prensa ofrecida en Moncloa, destaca que por primera vez en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), se regula un régimen de infracciones y sancionador al personal alto cargo vinculado al incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia. 

Para ello se refuerza al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dotándole de la potestad de imponer multas coercitivas de 600 a 1.000 euros.

Mediante la ley se amplían las obligaciones de publicidad activa en cuanto a las agendas institucionales y viajes oficiales de los responsables de las administraciones y su sector público institucional. Incluirá asta llegar al nivel de subdirectores generales. Del mismo modo se informará del número y condiciones retributivas del personal eventual y de los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo.

Otro aspecto que incluye la ley es el fomento de la participación ciudadana "a través de instrumentos novedosos como las auditorías ciudadanas y los pactos de integridad".  Respecto a las primeras, permitirían a los ciudadanos participar junto a la Intervención General del Estado y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal.

Por otro lado, los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir junto con sus ofertas y como condición para su admisión a la licitación el compromiso de suscribir un pacto de integridad "para prevenir y luchar contra la corrupción, así como el compromiso de someterse a una monitorización de todas las fases del procedimiento por las auditorías ciudadanas". 

Del mismo modo, se mejorará la información incluida en el Portal de Transparencia para todo el personal eventual del Gobierno. Dicho personal tendrá también que presentar su currículum, las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, tanto en su toma de posesión como al cese. 

Preguntado López expresamente sobre si la nueva normativa incluye a la figura de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el ministro ha destacado que "no es un cargo público" y "no tiene sueldo público, no tiene firma". "¿Es exigible esto a una persona que no es cargo público, lo mismo que a personas de la AGE? Obviamente no. Pero sí hay control y escrutinio público", ha destacado.

En este sentido ha recordado que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que hacer una consulta a la Oficina de Conflicto de Intereses porque su marido trabajaba en Telefónica. "El PP ha llevado dos veces denuncias a esta Oficina, ridículas y absurdas. Ya hay un cierto control, todos nuestro familiares están sometidos a régimen de incompatibilidades", ha añadido. 

Para López, esta ley demuestra el "compromiso con la democracia y la transparencia" que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. "La democracia vive amenazada por un caballo de Troya ultra. Ante ello la mejor receta es más democracia, transparencia y ejemplaridad", ha destacado el ministro.

Por su parte, Sánchez ha participado al terminar la rueda de prensa en el acto de inauguración de la Cumbre de la Alianza Gobierno Abierto que se celebra esta semana en Vitoria-Gasteiz. "Esta ley va a marcar un antes y un después", ha manifestado.