Hay ganas, pero no hay dinero. Así se resume el mensaje que Hazte Oír busca irradiar entre sus seguidores para tratar de conmoverles en lo más profundo de su corazón, y también de su bolsillo. El lobby ultraderechista, que suele alardear de sus presupuestos millonarios, está inmerso en la búsqueda de efectivo contante y sonante para, básicamente, atacar al Gobierno con todos los medios a su alcance.

El grupo de presión que dirige el abogado Ignacio Arsuaga promete una "ofensiva total" a partir de las próximas semanas. Entre sus ideas está "denunciar a Sánchez y al PSOE por corrupción", querellarse "contra los 177 diputados que previsiblemente votarán que sí a la ley de amnistía" y "presionar al PP para que hagan todo lo posible por detener la ley de amnistía en el Senado".

La declaración de guerra de Hazte Oír apunta también al escenario internacional: el lobby plantea "presionar al Parlamento Europeo para que apliquen a España el artículo 7 del Tratado de la Unión", la cláusula de suspensión prevista para todo aquel socio de la UE que infrinja "de forma grave y persistente" los principios de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales".

Anuncia, además, que presionará al Tribunal Supremo "para que interponga una cuestión prejudicial ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la ley de amnistía, para impedir su aprobación por ser contraria al derecho europeo".

La hoja de ruta de Hazte Oír se cierra con la idea de "aumentar la movilización ciudadana promoviendo protestas contra Sánchez por toda España" e incluso "promover una gran movilización del sector agrario que paralice la economía para poner a este Gobierno entre la espada y la pared".

Buscando dinero

Sin embargo, los ultras aseguran que no tienen dinero suficiente para hacer todo esto, por lo que vuelven a apelar a sus simpatizantes para que hagan donaciones. "A día de hoy, nuestro presupuesto no alcanza para llevar a cabo todas estas acciones", indica el lobby.

El grupo de presión lanzó el primer mensaje de esta campaña de recaudación de fondos para golpear al Gobierno el pasado 30 de enero: entonces indicaron a través de su canal de Telegram que necesitaban reunir 30.000 euros antes de que acabara febrero. Al parecer, el llamado tuvo éxito: dos días después, Hazte Oír rebajó la cifra a 9.000 euros.

"Ver los números de nuestro presupuesto para el próximo año me quita el sueño", escribió Arsuaga en otro mensaje difundido a finales de 2023. El lobby asegura que sus actividades son financiadas única y exclusivamente por donaciones de sus seguidores, mientras que los números de sus cuentas anuales suelen reflejar cifras millonarias. 

Medio millón en "donativos"

Según refleja la memoria correspondiente a 2022 (la última disponible), sólo ese año Hazte Oír destinó 1.127.045 euros a campañas, unos 100.000 euros menos que en 2021 –cuando gastó 1.230.239 euros en tal concepto–, mientras que recibió 1.097.600 euros a través de las cuotas de sus 5.430 socios –quienes pueden elegir cuotas que van desde los siete hasta los 300 euros– y otros 515.626 euros a modo de "donativos".

Según ha podido verificar Público mediante la consulta de memorias anteriores, desde 2018 –año en el que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy– este lobby ha gastado más de siete millones de euros en campañas. En ese mismo periodo ha recibido, en total, 6.342.196 euros a través de las cuotas de sus socios y otros 2.691.000 euros en concepto de donativos.

Campañas millonarias

Hazte Oír nació en 2001, pero no hizo público el estado de sus cuentas hasta 2008. De acuerdo a los datos recopilados por este periódico, desde entonces ha recibido 25.690.971 euros a través de cuotas de socios y donativos, mientras que gastó 20.717.194 euros en todo tipo de campañas.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó a este grupo la declaración de asociación de utilidad pública, lo que implicó reconocer su supuesto carácter de "interés general". Gracias a esa medida, Hazte Oír accedió a una serie de beneficios que incluían la exención del pago del Impuesto sobre Sociedades, el IBI o el Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otros.

El PP se negó a revocar dicha resolución incluso tras los hechos registrados en 2017, cuando el grupo dirigido por Arsuaga saltó a la prensa por sus acciones tránsfobas a través del autobús del odio. En febrero de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez retiró aquella declaración de utilidad pública y puso fin a los beneficios.