Si algo quedó claro Mariano Rajoy en su declaración en el juicio al procés es que él sólo era responsable de la "dirección política" -eso, y que "nunca" aceptó hablar siquiera del referéndum-. Esta ha sido la tónica de todos los primeros espadas de su Gobierno, que han vertido sobre los mandos operativos toda responsabilidad del criticado operativo policial del 1 de octubre de 2017.

El elenco de cargos políticos de su Ejecutivo que ya han comparecido como testigos ante el Tribunal Supremo en estas 13 sesiones de juicio es variado, pero todos ellos dicen desconocer cualquier detalle sobre un dispositivo y unas actuaciones policiales inéditos: a la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se sumaron esta semana el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, e incluso el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Y, frente a las 2 horas y media de declinaciones del "no sé” o “no me consta" de Zoido –“Yo no di la orden”-, Nieto sí pudo responder preguntas. Al menos, hasta que concluyó el cómodo interrogatorio de Fiscalía y llegó el turno de los abogados de las defensas, con Xavier Melero (letrado de Joaquim Forn) especialmente contundente. Salvo Nieto, y con muchos matices, los cargos políticos no salieron del desconocimiento, y hubo que esperar a la comparecencia de los responsables de los operativos para lograr respuestas.

Fue el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Gozalo quien aclaró, por fin, que las armas desaparecidas de los coches de la Guardia Civil en la protesta del 20 de noviembre de 2017, frente a la Consellería de Economía de la Generalitat, disparaban en realidad pelotas de goma -"Carecían de munición convencional"-; fue él quien aseguró, ante la ya conocida pregunta del abogado Jordi Pina (letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull), que los agentes no usaron gas pimienta el 1-O –si bien no concretó qué gas se utilizó, o qué daños causaba.

Y fue Sebastián Trapote, comisario de la Policía Nacional al frente del operativo del 1-O, hoy jubilado, quien pudo recitar de memoria el número de agentes heridos, localidad por localidad. Entre las cosas que el Ejecutivo no sabía, en teoría, reveló que la Guardia Civil llevaba "desde 2014" investigando el procés , tres años después de la llegada de Rajoy a La Moncloa. "Tenemos historia, historia acumulada y mucha inteligencia básica, claro", que diría Gozalo.

El hueso más duro de roer para las defensas, el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador policial del operativo, dijo desconocer gran parte de los detalles de este dispositivo, qué armas usaron los agentes, o si propinaron o no golpes en la cabeza a los ciudadanos. En lo que coincidían los tres mandos es en señalar hacia abajo, hacia los jefes de zona que decidieron dónde, cómo y cuándo entrar o salir de los colegios o cargar contra los ciudadanos concentrados -aunque digan que "técnicamente” nunca hubo cargas"-. Ellos tampoco podían explicar en detalle el porqué de cada una de las actuaciones, pero sí defendieron a capa y espada la actuación de los agentes: "Enfrentamientos con ciudadanos no hubo en ningún caso", llegó a asegurar de los Cobos.

Y compartieron con los cargos políticos del Gobierno que ellos tampoco habían visto imágenes de agresiones injustificadas a manifestantes, la ausencia total de autocrítica. "La Policía no se dedica a golpear de una manera gratuita", en palabras de Trapote.

Cada uno a su manera, los tres cumplieron su cometido y regalaron a la Fiscalía el relato de violencia que esta esperaba. Los tres dispararon en mayor o menor medida contra los Mossos, fuera por su "obstrucción física" a la labor de los policías y guardias civiles, o por su pasividad.

Sólo Trapote quiso bajar el tono, evitando responder a la pregunta de si el dispositivo de los Mossos estaba pensado para el "cumplimiento" o la "obstrucción" de la orden judicial de impedir el referéndum. "Hacen un dispositivo enfocado a, sobre todo, salvaguardar la seguridad colectiva", afirmaba el comisario jubilado. Gozalo, a su vez, golpeó el relato de la supuesta organización de la resistencia contra los agentes: dijo no haber apreciado una organización concreta, con reparto de papeles, para hacerles frente en los colegios: “Tampoco hace falta un máster”.

Eso sí, a ninguno se le olvidaba disparar contra el exmajor de los Mossos, Josep Lluis Trapero. Si el relato del Gobierno Rajoy pasa fundamentalmente por culpar a la Generalitat de la violencia del 1-O, por justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en respuesta a una declaración unilateral de independencia que ellos ven efectiva -y los procesados simbólica-, el relato de los mandos pasa por criticar la pasividad de los Mossos, organizados de forma impropia, “insuficiente, inadecuada” para un evento de esas características.

“Un fraude”, en palabras de Pérez de los Cobos. Además, Trapero podría responder este jueves, cuando está llamado a declarar ante la Sala del Tribunal Supremo que enjuicia el procés, si bien también está procesado ante la Audiencia Nacional por los mismos hechos, por lo que difícilmente podrá aportar muchos datos.

Irónicamente, no fue el testimonio de la secretaria judicial del 20-S, Montserrat del Toro -y su repetición del término "tumulto" -palabra fetiche de la Fiscalía y el juez instructor, Pablo Llarena-, sino el del exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Manuel Castellví, quien dio al fiscal Javier Zaragoza lo que estaba buscando. Castellví, que fue el último "vip" en declarar, este jueves, aseguró haber advertido al entonces president Carles Puigdemont de que el referéndum podría conllevar una "espiral de violencia". A su vez, siempre con tono inseguro, Castellví aseguró que los Mossos siempre dejaron clara su intención de cumplir con la orden judicial, que no se pusieron de perfil.

Paralelamente, y antes de desatar un incendio en Twitter al publicar un vídeo convenientemente cortado de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y procesado en la causa, el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, hizo viral en redes sociales su "trampa del Fairy". Una técnica que supuestamente emplearon los agentes para atacar a policías el 1-O, que más allá de su anecdótica denominación consistía en una treta para patear a los agentes en la cabeza. Hasta ahora nunca la habían revelado.

A su vez, entre la 10 y la 13 sesión del juicio se colaban los testimonios de pequeños empresarios, propietarios de hoteles y hasta un capitán de la marina. El viaje a Bruselas del número dos de Vox, Javier Ortega Smith, saltándose la sesión de tarde del juicio, en el que los ultraderechistas están personados como acusación popular, quedó en segundo o tercer plano. Y eso que Ortega Smith aprovechó para lanzar un "¡Puigdemont, a prisión!", compatibilizando su actividad contra los independentistas con su labor como acusación, horas antes y después de este mitin en la Eurocámara.

Rajoy, en evidencia

Por otro lado, si la Audiencia Nacional ya puso en duda la credibilidad de Rajoy cuando compareció como testigo por Gürtel, la trama corrupta por la que su partido resultó condenado como partícipe a título lucrativo, y él perdió La Moncloa, en las cuatro semanas de sesiones ha habido varios testimonios que desmentían directamente el del exjefe del Ejecutivo.

El propio Enric Millo reconocía haber conversado con Puigdemont poco antes de la DUI, y cómo el entonces president le preguntó si pararían la maquinaria que activó el 155, en caso de que él convocase elecciones autonómicas y no declarase la independencia. "Haz lo que tengas que hacer", le dijo Millo, recordando que la tramitación del 155 dependía del Senado, y obviando que su partido contaba y aún cuenta con mayoría absoluta en la cámara. Podría haberlo detenido. Rajoy, al parecer, no sabía nada.

Además, el exnúmero dos de Interior aseguró que ofrecieron a la Generalitat un sucedáneo de referéndum, que pasaba por votar en plazas y otros lugares públicos, sin represalias. El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y el procesado Santi Vila, exconseller, también testificaron que hubo negociaciones entre Gobierno central y Govern. Antes de ser desmentido por miembros de su propio partido, que además estaban obligados a decir verdad por comparecer como testigos, Rajoy lo negó todo. Una de sus técnicas preferidas, si bien en este caso el escenario era el mismísimo Tribunal Supremo, y no el Congreso o la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Y también con obligación de decir verdad.