Los letrados del Congreso de los Diputados han facilitado este lunes que PSOE, PP y Vox voten en contra de abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre las "presuntas ilegalidades" del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. 

Obviando el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el pasado lunes asumió la investigación al padre del jefe del Estado -para aclarar su implicación en el cobro de 80 millones de euros como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas -, los servicios jurídicos de la Cámara Baja recomiendan a la Mesa que no tramite la creación de esta comisión.

Los informes de los servicios jurídicos no son vinculantes, pero, dado el equilibrio de fuerzas en el órgano de gobierno de la cámara, la posición de los letrados reforzará a todos sus integrantes -menos a los tres de Unidas Podemos, previsiblemente- para votar en contra, impidiendo por tanto su constitución. Las peticiones llegan a la Mesa del Congreso este martes.

La Fiscalía del Supremo investiga las actividades de Juan Carlos de Borbón una vez abdicó, al entender que fue entonces cuando dejó de estar protegido por la prerrogativa de la inviolabilidad real, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución. De las dos peticiones de creación de comisión registradas, la segunda, impulsada por Unidas Podemos y las fuerzas que avalaron la primera, acota claramente que toda investigación al padre del jefe del Estado estaría necesariamente acotada al periodo posterior a su abdicación, cuando, según Fiscalía, dejó de ser inviolable. 

Sin embargo, los servicios jurídicos de la cámara sostienen ahora que "las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad" son "absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes".

Cualquier hecho que ataña a Juan Carlos de Borbón durante su reinado aparece expresamente vedado en esta petición de investigación parlamentaria, pero los letrados insisten: aunque las actividades del rey "hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado".

"Cabe entender que pretender una investigación sobre las mismas vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado, que despliegan sus efectos de forma permanente", reza el texto.

De hecho, el mismo informe de los letrados reconoce que el texto planteado por más de 70 diputados acota la investigación "a hechos acaecidos con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos de Borbón". También tilda de "genérico y abstracto" el planteamiento inicial de creación de esta comisión, 

El criterio de la Fiscalía "tiene un simple carácter interno"

En paralelo a la actuación del Ministerio Público, la Fiscalía de Suiza también investiga las finanzas del emérito, que nunca antes habían sido objeto de estudio en España. Sin embargo, los letrados razonan que el hecho de que la Fiscalía del Supremo haya tomado la decisión -"de naturaleza preprocesal"- de investigar, "tiene un simple carácter interno de ordenación del trabajo, pero no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo o la forma del asunto, ni del Ministerio Fiscal ni, menos aún, de ningún órgano jurisdiccional". 

Por todo ello, los servicios jurídicos del Congreso entienden que la decisión de la Fiscalía no "modifica" la situación del emérito en cuanto a las posibilidades de que pueda ser objeto de una investigación parlamentario. Pero, además, esgrimen que si "en un futuro" se modifica la situación del emérito en base a una decisión del Supremo, ello  "no tendría que tener de forma necesaria una repercusión directa y automática en la calificación que haya de hacer la Mesa sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación de esta naturaleza".  

Las actuaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo se centran en "delimitar o descartar" si se han producido hechos susceptibles de tener relevancia penal después de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo, en junio de 2014. Que el Supremo abra la puerta a investigar hechos que tuvieron lugar en un periodo concreto de la vida del monarca (el posterior a su abdicación) alentó la posibilidad de que el criterio de la Fiscalía pudiera extrapolarse al Congreso, un supuesto que no comparten los servicios jurídicos de la Cámara.

Es la tercera vez en la legislatura (iniciada el 3 de diciembre) que se rechaza la apertura de una comisión de investigación que incluya las finanzas del rey emérito. Desde la primera propuesta hasta la última, los grupos que han buscado indagar en esta cuestión han tratado de delimitar las pesquisas parlamentarias para sortear el rechazo de los servicios jurídicos del Congreso.

La diferenciación entre periodos de "inviolabilidad" y periodos en los que Juan Carlos I no gozaría de esta prerrogativa constitucional es fruto de estas "delimitaciones" que los grupos han ido acotando en cada propuesta. En este sentido, algunos expertos jurídicos del Congreso entendían que no solo se podrían investigar hechos que tuvieron lugar después de la abdicación, sino también aquellos hechos cuyo origen se situara en el periodo en el que Juan Carlos de Borbón era rey, pero que tuvieran efectos en periodos posteriores a la abdicación.

Los letrados de la Cámara cierran esta posibilidad y dan prioridad al 'origen' del hecho y no a sus posibles efectos posteriores: si tuvo inicio en el periodo anterior a la abdicación, aunque tengan "proyección" en una etapa posterior, "se remontarían al periodo de tiempo en el que era el jefe del Estado y traen causa
del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél".