Que el Congreso parece resistirse a abrir cualquier debate crítico sobre la monarquía se remonta al principio de la legislatura, pero esa resistencia se pondrá a prueba este martes con la llegada a la Mesa de la Cámara de dos peticiones para abrir una investigación que afecta a las finanzas de Juan Carlos I. El 5 de enero, en pleno debate de investidura, se produjo la primera gran bronca del nuevo ciclo político en el hemiciclo, una bronca que fue a cuenta de la Corona y que motivó la intervención de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

La portavoz de Bildu en el Parlamento, Mertxe Aizpurua, se refirió durante una de sus intervenciones al discurso que pronunció Felipe VI el 3 de octubre de 2017, tras la celebración de la consulta del 1-O. En su discurso, la diputada vasca tachó de "autoritarias" las palabras del monarca, lo que encendió las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos, que entre golpes y abucheos pidieron a la tercera autoridad del Estado que retirase las declaraciones de Aizpurua del Diario de Sesiones. 

"Hubo otras épocas donde no se permitían las criticas al Gobierno o a otras instituciones del Estado; por suerte, esas épocas han pasado. Hoy disfrutamos de una democracia plena y, precisamente para garantizar esa democracia plena, tenemos que garantizar la libertad de expresión en el interior de esta Cámara, y eso es lo que va a hacer esta Presidencia", aseguró Batet, zanjando las protestas de la derecha.

Pese a las palabras de la presidenta del Congreso, hace apenas una semana, la diputada de la CUP Mireia Vehí se refirió durante una intervención en el Pleno a la campaña impulsada por algunos sanitarios para rechazar el premio Princesa de Asturias concedido por su labor frente a la emergencia de la covid-19. En la campaña, los profesionales pedían a la monarquía que devolviese "lo robado", palabras en las que Vehí se apoyó para emplear el término "ladrones".

El vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, retiró estas palabras del Diario de Sesiones, pese a que la diputada insistió en que las quería mantener. La resistencia a las críticas a la monarquía en el Pleno también se extiende a las iniciativas legislativas que tienen como objetivo investigar algunos de los supuestos escándalos de Casa Real.

La Mesa ha vetado hasta en dos ocasiones, gracias a los votos de PSOE, PP y Vox, una petición para abrir una comisión de investigación sobre las finanzas del rey emérito a raíz de las pesquisas que han iniciado los tribunales suizos sobre el presunto dinero oculto de Juan Carlos I. En ambas ocasiones la decisión del órgano de gobierno del Congreso ha estado avalada por los servicios jurídicos de la Cámara, que han apelado a la "inviolabilidad" del rey recogida en el artículo 56 de la Constitución.

Sin embargo, el reciente giro producido en los tribunales españoles respecto a este asunto puede terminar desarmando el aval jurídico en el que se ampara parte de la Mesa para rechazar la apertura de una investigación parlamentaria al rey emérito. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar a Juan Carlos I por ser eventual destinatario de posibles comisiones ilegales del denominado AVE a La Meca.

La abdicación abre una vía para investigar a Juan Carlos I

En concreto, el Supremo quiere "delimitar o descartar" si se han producido hechos susceptibles de tener relevancia penal después de la abdicación del emérito en su hijo, en junio de 2014. Que el tribunal quiera delimitar si han tenido lugar presuntas irregularidades fuera del "periodo de inviolabilidad constitucional" podría abrir una vía para que también tuviera lugar una investigación parlamentaria, según han precisado fuentes jurídicas del Congreso.

Estas mismas fuentes han explicado que la inviolabilidad no afecta ni a hechos que tuvieron lugar después de la abdicación, ni a hechos que tuvieron lugar antes, pero cuyos efectos se extienden a periodos posteriores a junio de 2014. En base a esta nueva clave se han registrado dos comisiones de investigación que incluyen la posibilidad de indagar en las finanzas de la Corona y su relación con los contratos del AVE a La Meca.

La primera, registrada por ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PNV, Más País, CUP, BNG y Compromís, tiene como objeto investigar "la trama vinculada a las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí". Esta investigación se dirige de forma 'directa' a la Corona y a sus finanzas, así como a las declaraciones de la aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre este asunto.

La segunda, impulsada por Unidas Podemos (y a la que también se han sumado estos grupos) propone la creación de una comisión de investigación sobre "las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público". El objeto de la comisión no incluye de forma directa al rey emérito, pero entre sus principales objetivos está la de averiguar todo lo relativo a la supuesta transferencia de 100 millones de euros del régimen saudí a una cuenta de Juan Carlos I en Suiza, un dinero que podría estar relacionado con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca.

Esta petición incluye un argumentario jurídico preventivo (derivado y amparado en la apertura de la investigación de la Fiscalía del Supremo) con el fin de evitar que los servicios jurídicos del Congreso recurran de nuevo a la inviolabilidad constitucional del rey emérito para rechazar la apertura de la comisión.

"A la vista de las últimas informaciones que afectan al objeto de la comisión y que apuntan a la posible comisión, entre otros, de delitos de blanqueo de capitales por parte del ex jefe del Estado, no resulta descartable: que los hechos vinculados a estos ilícitos no contaran con el debido refrendo al que la Constitución Española vincula la inviolabilidad consagrada en el artículo 56.3; que los mismos se hubieran ejecutado con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos I o que se estuvieran ejecutando actualmente, lo cual los excluiría de manera aún más explícita del ámbito de la inviolabilidad regia", reza el texto.

Y añade posteriomente: "respecto de los hechos que pudieran afectar a la persona del rey emérito, la comisión limitará sus trabajos a hechos acaecidos con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos de Borbón, de modo que no sea de aplicación el artículo 56.3 de la Constitución sobre la inviolabilidad".

Según fuentes jurídicas del Congreso, esta argumentación puede cerrar la "vía del rechazo" a los letrados de la Mesa, por lo que el aval jurídico para denegar la apertura de la comisión podría desaparecer, lo cual sería un paso muy importante para el futuro del órgano. Sin embargo, la decisión definitiva es de los miembros de la Mesa, donde el PSOE, el PP y Vox tienen mayoría. Si sus representantes decidieran votar en contra en base a criterios distintos al de la inviolabilidad, la comisión sería, de nuevo, rechazada, y se cerraría otra vez la puerta a una investigación parlamentaria sobre las finanzas de la Corona.