Patricia Villarino aún recuerda el día en que, siendo muy niña, su abuela, sentada con ella a la entrada de su casa, fijó la vista en alguien que pasaba frente a la vivienda. La mujer se quedó mirando a aquel hombre y le dijo:

– Mira, nena, ¿ves a ese señor de allí? Fue el que fusiló a mis hermanos.

Patricia es periodista, y hace unos meses descubrió que su bisabuela, Rosa Franco Vázquez, fue una de las presas políticas de la cárcel de Celanova, en Ourense. Su delito: ser madre de dos chicos reclutados a la fuerza por los golpistas del 36 y asesinados por desertar. "La abuela me contaba cosas que entonces no entendía y que ahora sí comprendo", relata.

A su bisabuelo, Antonio González Rodríguez, también lo encarcelaron. En julio de 1936, al poco del golpe de Estado, había tantos detenidos en la comarca que los fascistas tuvieron que convertir la antigua cárcel del partido judicial en penal para mujeres. Muchas eran republicanas declaradas, pero la mayoría fueron recluidas por ser madres, esposas, parejas, hijas o hermanas de varones a los que los golpistas consideraba enemigos. Algunas fueron encarceladas con sus hijos e hijas pequeñas.

La abuela de Patricia recorría a pie los 30 kilómetros de pistas y caminos forestales que separan Ourense de Celanova para llevarles comida a sus padres. Tenía 15 años cuando los detuvieron. "En la cárcel les cobraban por alimentarlos", rememora. No recuerda los nombres de sus tíos abuelos, pero sí que los conocían por los apodos de O Pote y O Canela y que fueron fusilados en Talavera de la Reina (Toledo) después de que los capturaran tras haber desertado de las filas franquistas para unirse al ejército republicano. 

Morir de pena

"Mi bisabuelo murió poco después, de pena, como se decía entonces, por la muerte de sus hijos. Ahora mi madre quiere que investiguemos para saber dónde enterraron sus cuerpos y recuperarlos", narra.

Patricia se enteró de la historia de sus bisabuelos cuando el Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova empezó a indagar en los escasos registros documentales sobre la prisión de mujeres, que estuvo abierta entre el verano del 36 y abril del 38. "Fue un período muy corto y queda muy poca información", explica Hixinio Araúxo, portavoz del colectivo. El pasado 23 de noviembre, celebraron un acto de homenaje y descubrieron una placa que recuerda a aquellas mujeres en el lugar donde estuvieron presas, un edificio de piedra que hoy alberga los juzgados de la comarca.

Sólo entre el verano del 36 y el 31 de diciembre de 1937, el Comité de Celanova ha documentado al menos 99 prisioneras y cinco menores que pasaron por allí. Aunque seguramente fueron muchas más, pues no existen registros de los nueve primeros meses tras la guerra ni de septiembre y octubre del 37. Estaban hacinadas, según se desprende de la misiva que el jefe del penal envió al director de la prisión provincial de Ourense en agosto del 36, a los pocos meses de que la cárcel entrara en funcionamiento como penal femenino:

"Tengo el honor de participarle a usted que en esta prisión no cogen más reclusas porque existen 33 y la cabida es para 12".

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Una de las presas de las que no hay documentos, pero cuya familia sí recuerda que estuvo prisionera, fue María del Valle Lozano, madre de Manuel Gómez del Valle, que había sido detenido por colaborar en la organización de la resistencia al golpe de Estado. María fue al Gobierno Civil para interesarse por su hijo y la detuvieron allí mismo. Tras pasar por Celanova, la trasladaron a la cárcel de Bande en febrero del 37, y la mataron a tiros unos meses después junto a Salud Torres Díaz.

Salud era militante de las juventudes socialistas, y había sido procesada tres años antes por hacer "propaganda incitando a la sedición militar". Fue capturada junto a su hermano y traslada a Celanova, y asesinada sin juicio en agosto de ese año. Tenía 25 años. A él también lo mataron.

"Ideas disolventes, blasfemias y bailoteos inmorales"

También paso por la cárcel de Celanova Remedios Frías Carballo por ser madre de Alfonso Gayoso Frías, organizador del PCE en Ourense, y quien siguió señalada por ello según cuenta la historiadora María Concepción Álvarez Gómez, que afirma que en 1941 el párroco de su pueblo, A Valenzá, reclamó que la cantina que regentaba Remedios fuera clausurada "por continuar siendo centro de propaganda de ideas disolventes, de blasfemia pública y de bailoteos procaces e inmorales".

Otra historiadora, Rosa Cid Galante, recuerda el caso de Florinda Ortega Pérez, madre del alcalde republicano de A Gudiña, Felicísimo Pérez Ortega, huído a Portugal al comienzo de la guerra. Su madre fue detenida, ingresada en Celanova y juzgada poco después acusada de auxilio a la rebelión. La absolvieron, pero pasó en la cárcel hasta junio del 37. Se exilió en Chile en 1940, donde murió seis años después.

Cid recuerda también a Estrella Alberte, encarcelada a la semana del golpe por el simple hecho de contar con antecedentes penales; a Ernestina Grande, que fue a prisión porque su marido fue acusado de inflitrar ideas marxistas en la comarca y fusiliado por ello; a Rosa Blanco, que fue detenida y condenada a 12 años por ocultar a un fugitivo; idéntico delito por el que fue procesada Divina Valle, a quien se le impusieron 15 años por auxilio a la rebelión... Y así hasta al menos un centenar de mujeres.

La comarca de Terra de Celanova, formada por diez municipios con unos 17.000 habitantes, fue una de las zonas muy afectadas por la represión fascista. Después de la guerra, las tropas de la Bandera de Falange de Marruecos, de las primeras en entrar en Madrid y al mando de Joaquín Ríos Capapé, eligieron Celanova como lugar de descanso para celebrar su victoria en la guerra. Mataron a decenas de personas, y levantaron una gran cruz de piedra en un monte cercano para dejar testimonio de su paso por la zona. Las organizaciones memorialistas han tratado de que sea eliminada, pero de momento no lo han logrado.

Uno de quienes se opuso a esa iniciativa es el exalcalde José Luis Ferro Iglesias, del PP, ahora diputado autonómico y quien ha sido noticia hace unos días por negar en el Parlamento de Galicia que en el campo de exterminio de San Simón, en Redondela (Pontevedra), donde los historiadores han documentado centenares de asesinatos de presos republicanos, se hubieran producido muertes.