Mientras la tramitación de la ley de amnistía sigue su curso con el apoyo de la mayoría parlamentaria del Congreso, la derecha libra una batalla por ver quien propone un Código Penal más duro. Tanto Partido Popular como Vox han presentado este miércoles sendas enmiendas a la totalidad con texto alternativo a la amnistía y sus iniciativas comparten el furor punitivista contra el independentismo. Si la extrema derecha plantea, una vez más, ilegalizar a "los partidos separatistas que amenacen la Unidad de España", el PP, un poco más contenido, pide "disolver" a los partidos que promuevan referéndums de autodeterminación o declaraciones de independencia.

En concreto, la propuesta del PP pasa por la creación de cuatro nuevos tipos penales, recogidos bajo uno más amplio de "deslealtad constitucional", en los artículos 544, 545, 546 y 547 del Código Penal — los artículos  que regulaban el derogado delito de sedición—. Y es en el último de ellos donde se encuentra el principal salto cualitativo de los de Feijóo en su ofensiva contra los pactos del Gobierno con el independentismo.

Este precepto que el PP quiere llevar al BOE impone la pena de disolución a toda persona jurídica — aquí entrarían los partidos— que sea responsable de alguno de los delitos establecidos en el artículo 31 bis salvo que "realice antes de la apertura de juicio oral actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional, en cuyo caso se le impondrá la pena de suspensión de actividades de seis meses a cinco años o pena de multa de seis meses a cinco años". Las causas de ilegalización de formaciones políticas las establece la ley de partidos que PSOE y PP pactaron en 2002. 

Nunca antes los populares habían adoptado una postura tan dura contra las formaciones independentistas: ni lo hizo el PP de Mariano Rajoy en pleno procés en 2017 ni el de Alberto Núñez Feijóo hace poco más de un mes, cuando tumbaron en el Senado una iniciativa de Vox que pedía disolver e ilegalizar a Junts y ERC. Entonces la senadora Yolanda Ibarrola, del PP, defendió que "la disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia" y que el Tribunal Supremo lo rechazaría.

Sin sorpresas, los de Santiago Abascal también vuelven a plantear la ilegalización de los partidos independentistas y, en su comunicado a la prensa, han querido subrayar que ellos sí mantienen esta "reivindicación defendida únicamente por Vox durante años". Un mensaje al PP, que propone hacerlo sólo si se vuelven a repetir las mismas acciones y no en base a las anteriores, explican.

Además, con su texto alternativo a la ley de amnistía, el PP también pide penar con cárcel las declaraciones de independencia. Así, plantean entre cinco y diez años de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años, a "la autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma", de manera ilegal, "declare la independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien".

Y en esta escalada punitivista, la extrema derecha —que hizo pública su propuesta apenas dos horas después que los populares— plantea la creación de un nuevo delito para castigar a quienes negocien "asuntos propios de las Cortes Generales con quienes han sido procesados o sustraídos de la acción de la Justicia" por delitos contra la Constitución, contra el orden público, traición o "independencia del Estado y la paz y la defensa nacional". Un delito perseguido con penas de seis a diez años de prisión, además de una inhabilitación para cargo público de la misma duración, según la propuesta de Vox.

UPN y Coalición Canaria no han presentado enmiendas

PP y Vox han sido los únicos grupos parlamentarios en presentar enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía, una vez UPN y Coalición Canaria, que también se oponen a la tramitación de la medida de gracia para los encausados por el procés, decidieron no enmendar el texto.

El debate de las enmiendas se celebrará la semana que viene y será en el Senado y no en el Congreso debido a las obras que se están llevando a cabo en el hemiciclo de la Cámara Baja. Lo más probable y previsible es que sean rechazadas por la misma mayoría parlamentaria que aprobó la toma en consideración de la ley de amnistía el pasado 13 de diciembre con 178 votos a favor y 172 en contra. Así lo han asumido también en el PP.

Para los populares, apuntó este miércoles Miguel Tellado, portavoz del partido en el Congreso, su iniciativa es solo el "punto de partida" de una ofensiva "política, social y legal" contra la amnistía que centrará sus principales esfuerzos en este arranque de legislatura.