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El régimen saudí busca blanquear su imagen con la Supercopa tras ejecutar a más de 100 personas desde enero

Amnistía Internacional advierte sobre las vulneraciones a los derechos humanos tanto a nivel interno como en la vecina Yemen. Pese a ello, España mantiene relaciones económicas y comerciales de primer orden con esta monarquía absolutista.

MBS
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en una imagen de archivo. REUTERS

Sonrisas hacia fuera, terror hacia dentro. Arabia Saudí tiene la capacidad de atraer grandes eventos como la Supercopa de Fútbol de España o cerrar millonarios acuerdos de compra de armamento y, al mismo tiempo, aplicar de forma estricta la pena de muerte, reprimir a opositores o bombardear a civiles en Yemen. No hay literalmente nada que arruine sus vínculos y negocios con instituciones y organismos españoles.

"En general, el país ofrece oportunidades comerciales en sectores muy diversos. Sólo hay que ser enormemente prudente en grandes proyectos y en materialización de inversiones", afirma la Oficina Económica y Comercial de España en Riad en su último informe.

Allí se recoge que Arabia Saudí no tiene Parlamento, partidos políticos o elecciones nacionales, y se destaca además que se trata de "una de las últimas cuatro monarquías absolutas del mundo", basada en "los principios del Islam y en la interpretación extremista wahabita".

La realidad va más allá. Según cifras de Amnistía Internacional (AI), en los tres primeros meses de 2022 han sido ejecutadas más de 100 personas, sobre las que había recaído la pena de muerte. La maquinaria letal del régimen funcionó a un ritmo brutal el pasado 12 de marzo: solo ese día fueron asesinadas 82 personas.

De acuerdo a la documentación obtenida por AI, entre los ejecutados había al menos dos hombres que habían sido condenados a muerte "tras ser declarados culpables de delitos relacionados con su participación en protestas violentas contra el gobierno", aunque alertó que "el número de personas ejecutadas por cargos parecidos podría ser superior".

Torturas a prisioneros

Una de las víctimas, Mohammad al Shakhouri, recibió su sentencia por "presuntos delitos violentos relacionados con su participación en protestas antigubernamentales". "No tuvo acceso a representación letrada durante su detención e interrogatorio y su familia no pudo visitarlo hasta ocho meses después de su arresto", señaló AI.

Al Shakhouri "contó al tribunal que tenía contusiones y fuertes dolores en la espalda, las costillas y la boca tras haber sufrido tortura", a tal punto que "perdió la mayoría de los dientes tras recibir reiterados puñetazos en la cara a manos de los agentes de seguridad".

Asad Ali, otro de los ejecutados, había sido condenado a muerte por el Tribunal Penal Especializado el 30 de enero de 2021 por delitos parecidos. Ali también denunció que había sufrido "tortura física y emocional al ser interrogado mientras se encontraba en régimen de aislamiento, y que su 'confesión' también había sido obtenida mediante tortura", señaló el organismo de derechos humanos.

"Arabia Saudí es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo", afirma a Público Carlos de las Heras, portavoz sobre asuntos relacionados con Arabia Saudí en AI España. En esa línea, lamenta que "hay acuerdos económicos que dejan de lado otras muchas cuestiones". 

"Los resultados económicos no deben primar por encima de los derechos humanos"

La polémica gira hoy en torno al acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para llevar la Supercopa a ese país. El tema que atraviesa redacciones y telediarios no es otro que el papel de Gerard Piqué en ese acuerdo y su carácter de comisionista. Tanto ahora como antes, el hecho de que el torneo se dispute en un país que viola sistemáticamente los derechos humanos queda fuera de debate.

"Lo que pedimos es que las instituciones o empresas que tengan contratos o relaciones comerciales con Arabia Saudí incluyan una serie de cláusulas relativas a la situación de los derechos humanos en el país. Los resultados económicos no deben primar por encima de estos derechos", afirma De las Heras.

Razones geoestratégicas

De la misma manera, la Junta Interministerial que analiza las peticiones de exportación de material militar no suele encontrar problemas a la hora de permitir ventas de armamento a ese régimen. El lobby militar español ha logrado convertirse así en uno de las principales suministradores de Arabia Saudí a nivel mundial, lo que reporta unas inmensas cantidades de dinero.

"La industria española no tiene presente el criterio de derechos humanos: a todo el que quiera armas, se las vende", apunta Tica Font, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Según datos recientes del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)España figura actualmente como el tercer principal suministrador de armamento de la Unión Europea (UE) a Arabia Saudí y el séptimo a nivel mundial. Las operaciones cobraron especial magnitud a partir de marzo de 2015, fecha en la que el régimen de Salmán bin Abdulaziz inició los ataques contra Yemen al frente de una coalición militar.  

Al margen de las razones "puramente comerciales", Font apuntó a motivos de carácter geoestratégico. "Arabia Saudí ha decidido militarizarse, lo que implica grandes incrementos en su presupuesto de Defensa para adquirir armas. Occidente toma parte por Arabia Saudí frente a Irán, así hacemos que lo que toca: venderle armas y no cuestionar nada", describió. 

Operación blanqueo

Por su parte, el portavoz de AI pone el foco en otro asunto clave: la denominada estrategia o visión 2030 del régimen saudí, un documento que establece las pautas de actuación delineadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.

"Allí se establece muchas estrategias, desde cuestiones económicas a la organización de grandes eventos deportivos como la Supercopa. Detrás de todo esto hay una operación de blanqueo: mientras Arabia Saudí se vende al exterior como un país abierto, reformista y moderno, la realidad de los derechos humanos es bastante más preocupante", remarcó.

 

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