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Respuesta a la sentencia Los movimientos sociales, en alerta por la criminalización del derecho a la protesta que supone la sentencia del ‘procés’

Critican el precedente que genera la sentencia del Tribunal Supremo sobre la desobediencia civil, que tipifica como sedición la desobediencia de un mandato judicial. Hablamos con la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y Fridays for Future sobre cómo puede afectar el texto judicial en su acción política.

Los Mossos d'Esquadra han desalojado varios manifestantes que bloqueban la Gran Vía de Barcelona. / EFE-Toni Albir

La condena del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas ha sido criticada por la dureza de las penas, pero también por la tipificación del delito de sedición, que puede tener consecuencias más allá del movimiento soberanista. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha hecho público un manifiesto donde sus miembros se autoinculpan como activistas que utilizan aquello que ahora el Tribunal Supremo empieza a calificar de delictivo: "Desde la PAH, hace más de 10 años que ejercemos la desobediencia civil diariamente para frenar el drama que suponen los desahucios en este Estado. Por eso, vemos con preocupación el retroceso de nuestros derechos que significa la sentencia a los presos y tomadas políticos catalanes".

Varios juristas expertos en la defensa de los derechos humanos han manifestado a Público su preocupación por la facilidad con la que cualquier acto de desobediencia civil puede ser calificado de sedición, antes de aplicar otros tipos delictivos más leves. La sedición se castiga con penas de entre ocho o diez años, o de entre diez y quince años si se trata de personas constituidas en autoridad. Este sentimiento es compartido por la PAH, pero también por otras organizaciones sociales que apuestan por la acción no-violenta y la desobediencia civil.

“La sentencia es un ataque y una vulneración a la defensa de los derechos civiles y las libertades”, Lucía Delgado (PAH)

"Siempre hemos sido conscientes de lo que hacíamos en todo momento. Cuando estamos ante la puerta de una vivienda que será desahuciada, ponemos nuestros cuerpos para que no se vulnere el derecho a la vivienda", explica la portavoz de la PAH en Catalunya, Lucía Delgado, reafirmándose en este tipo de acción política. A pesar de saber las consecuencias, Delgado muestra su preocupación por el precedente que marca el Supremo contra esta forma de lucha: "La sentencia es un ataque y una vulneración a la defensa de los derechos civiles y las libertades". Añade, además, que considera que la cantidad de años que suman los presos políticos "es un despropósito".

El movimiento en defensa del derecho a la vivienda ya sabe qué es la represión policial, como la que se vivió la semana pasada en las calles de Barcelona durante una jornada de protesta en contra de varios desahucios. Delgado explica que, de momento, en Catalunya no han vivido una gran persecución judicial contra el movimiento, como sí que ha pasado a Madrid: "Es una locura. Lo que no puede ser es que el derecho a la vivienda quede vulnerado”.

Ocupaciones de multinacionales

“Esta sentencia es un precedente peligroso de cara a criminalizar derechos básicos, como el de manifestación o de acciones de denuncia que nosotros usamos. Y no solo para denunciar, sino como una herramienta de transformación”, explica María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). El activista, miembro de una de las organizaciones que ha puesto en cuestión los privilegios de las eléctricas en Catalunya, cree que señalar las herramientas de las luchas sociales es lo mismo que dejarlas desarmadas ante los poderes económicos y políticos: “Entendemos que vivimos en un sistema desigual. Por un lado tenemos los ciudadanos y, por el otro, las grandes multinacionales con un altavoz mucho más grande de poder. Nosotros probamos de equilibrar esta balanza con acciones de desobediencia pacífica”, explica.

La APE, por ejemplo, ha optado por la ocupación de sedes de grandes empresas, como la de Agbar, para reclamar la condonación de la deuda de familias que no podían pagar el suministro de agua. Agbar denunció tres miembros de la Alianza, a pesar de que, mediante una mesa de negociación y mediación, pudieron parar el proceso contra ellos. Estas son acciones que también han emprendido otros movimientos por la vivienda, como la misma PAH en entidades bancarias, o incluso el Tsunami Democràtic, cuando hace más de dos semanas ocuparon varias sedes de CaixaBank para denunciar los vínculos con el tejido económico que "financia la represión".

Cortes en las vías para denunciar la emergencia climática

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"También somos críticos con la sentencia porque coarta la libertad de manifestación y de expresión. La desobediencia civil es una forma democrática más para mostrar discrepancia", explica Guillem Chirino, uno de los portavoces del movimiento Fridays for Future (F4F), que ya mostró su preocupación por la decisión del Supremo por las redes sociales.

Para el ecologista, este tipo de posicionamientos judiciales ponen en peligro formas de protesta muy comunes, también durante la Huelga Global por el Clima, realizada el 27 de septiembre: "Hicimos cortes en la Meridiana, cortes en vías para paralizar la ciudad. Nosotros podemos quedar en el centro de la represión, también, si se aplica esta sentencia hasta el final".

Chirino recuerda, en especial, el 7 de octubre, cuando F4F confluyó con el movimiento Extintion Rebelion en Madrid para volver a hacerse eco de la lucha contra la emergencia climática: "Se utilizaron la fuerza de cuerpos policiales para parar manifestaciones y cortes de las vías. También actuaron contra periodistas, y cuando cargaron contra nosotros ya no estaban para grabarlo". De momento, la acción no violenta no ha comportado la desobediencia "de mandatos judiciales", tal como reza el texto, pero su apuesta por esta forma de protesta es clara. Por eso, les preocupa que el poder judicial ahora coloque la espada de Damocles sobre los activistas: "Parece que se utilicen los procesos judiciales cuando la gente se moviliza para mostrar discrepancia con el actual sistema político y judicial".

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