Los 30 escándalos del PP pendientes de juicio que el PSOE echa en cara a Feijóo en pleno 'caso Cerdán'
Amaño de adjudicaciones públicas, cobro de sobornos, planes urbanísticos ilegales, tráfico de influencias, financiación irregular, incluso omisión de socorro y homicidios imprudentes; también uso de fondos reservados para operaciones parapoliciales. Un decálogo de presuntos casos de corrupción y negligencias que afectan a cargos y gobiernos del PP pendientes de juicio oral.
Madrid--Actualizado a
La tensa jornada vivida este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados entre el presidente del Gobierno y el líder de los populares a cuenta de la corrupción ha devuelto imágenes del pasado, de un pasado plagado de investigaciones judiciales por tramas de corrupción que salpicaron a miembros del PP y de su Gobierno y que desembocaron en la primera condena a un partido político, cuando estaba en el Ejecutivo, en 2018, como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel. El fallo precipitó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy y la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez.
Hoy, cuando se inicia una investigación judicial por un caso de presunta corrupción que alcanza al Gobierno socialista, el presidente Pedro Sánchez ha recordado que en los próximos meses se celebrarán juicios por casos de corrupción del PP. Estos son los 30 casos pendientes de juicio que afectan al partido de Feijóo y a varios de sus gobiernos regionales.
Desde los sumarios más recientes, como el que se instruye en València por la mala gestión de DANA por parte del Govern del PP en la Comunitat Valenciana y las 228 personas fallecidas mientras el presidente Carlos Mazón celebraba una comida sin atender el teléfono al último juicio por la trama Gürtel, que se celebrará el próximo mes de noviembre.
'Gürtel', el abecedario de la corrupción
El corazón de la corrupción del PP, el caso Gürtel, se conoció en 2009 cuando el entonces juez Baltasar Garzón desarticuló la trama de corrupción política más grave de la democracia, según se desprende de las condenas que ya ha cosechado en todo este tiempo. La trama, encabezada por el empresario Francisco Correa, al frente de un holding de empresas de organización de eventos, se valió de sus contactos en el PP para instaurar una red de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP. La investigación judicial, repartida en múltiples piezas separadas, ha concluido con condenas de cárcel para exalcaldes, exconcejales, y miembros de aquellos ejecutivos regionales. Son tres las condenas al partido por lucrarse de 'Gürtel', y aún queda un juicio pendiente.
El próximo mes de noviembre se cerrará por fin este largo proceso judicial que ha investigado una década de corrupción del caso Gürtel, entre 1999 y 2009. Se juzgará a Francisco Correa y a varios abogados que dieron cobertura legal a la trama, acusados de fraude fiscal, blanqueo, falsedad documental y asociación ilícita. Les acompañará en el banquillo Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, considerado lugarteniente de Correa.
El novio de Ayuso y los protocolos de la vergüenza
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está procesado por defraudar a Hacienda 350.000 euros. Un caso que la presidenta madrileña ha politizado, al mostrarlo como un ataque a su persona y que ha desembocado en la primera investigación a un fiscal general del Estado.
En cuanto a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia por culpa de unos protocolos que impidieron su traslado a los hospitales, hay tres altos cargos del Gobierno de Ayuso imputados por omisión del deber de socorro. Dos juzgados los que de momento han abierto causas por estos hechos, uno en Madrid y uno en la localidad de Leganés. La jueza de este juzgado ha solicitado que se unifiquen las dos causas en el juzgado de la capital.
Las guerras sucias del Ministerio del Interior
A la diversidad de casos de corrupción y de presuntas negligencias que salpican al PP y a sus gobiernos se une una de las anomalías más serias de la democracia, la creación de una brigada política dentro de la Policía para espiar y neutralizar a oponentes políticos y salvaguardar al PP. Así desde el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en el gobierno de Mariano Rajoy, se desarrolló presuntamente una trama para arrebatarle al que había sido tesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas de la financiación irregular del partido. Es lo que se conoce como caso Kitchen, que se juzgará en mayo de 2026, con el exministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, en el banquillo de los acusados, entre otros.
Las cloacas de aquel Ministerio del Interior también han llegado a la Audiencia Nacional, en una investigación del juez Pedraz sobre el espionaje que sufrieron los diputados de Podemos en 2016.
El Gobierno de Murcia, a juicio
La desaladora de Escombreras, en Cartagena, supuso un sobrecoste para las arcas públicas de la región de 74,1 millones de euros, según Anticorrupción, y fue el reflejo de un modelo de gestión, con gobiernos del PP en la región, marcado por los desmesurados planes urbanísticos que el Tribunal Supremo acabó tumbando. Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia entre 1995 y 2014, presidente de honor del PP de Murcia, y ex vicepresidente del Parlamento Europeo (2014-2019), está procesado por este caso. El juicio se celebrará en 2027.
Se trata del segundo expresidente de la región perteneciente al Partido Popular que será juzgado por presuntas prevaricación y malversación, tras la condena de Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio. Precisamente, este está procesado por el caso Guarderías, sobre presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en el municipio murciano de Puerto Lumbreras cuando fue alcalde.
Otro caso pendiente de juicio es Novo Carthago, sobre la urbanización de terrenos cercanos al Mar Menor, en áreas protegidas y no urbanizables. Se espera que a finales de este año se retome la vista oral contra varios exconsejeros regionales después de que fuera aplazada en 2023 por la sobrecarga en la agenda de señalamientos de las secciones penales de la Audiencia Provincial, como se llegó a publicar en la prensa local entonces.
Macrocausa ‘Púnica’
En 2014 la UCO detuvo a 50 políticos, concejales y empresarios de Murcia, Madrid, León y València implicados en una trama de corrupción de adjudicación irregular de servicios públicos y de blanqueo de capitales. Aquella inmensa red, que solo en Madrid supuso unos 250 millones de euros en adjudicaciones irregulares, desveló un operativo orquestado presuntamente por el entonces secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, para amañar concursos públicos que incidía en la financiación del partido.
La entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, llegó a estar imputada en la causa, pero finalmente el juez García Castellón la libró, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pese a existir indicios de financiación ilegal durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
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En la actualidad se está desarrollando el juicio por una de las nueve piezas que aún siguen abiertas por este macrocausa, la pieza Cofely, sobre los contratos públicos, entre 2012 y 2014, a la multinacional Cofely por los ayuntamientos de los municipios madrileños de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco, gobernados por el PP.
Negocios con el patrimonio público
El caso Lezo, con epicentro también en la Comunidad de Madrid, se bifurcó en cinco piezas, pendientes de juicio, sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid a manos del PP, por la utilización de la sociedad pública del Canal Isabel II para la compra de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa, y con el presunto amaño de la adjudicación pública del campo de golf del Canal de Isabel II y con las obras del tren a Navalcarnero. Está procesado el expresidente madrileño Ignacio González, entre otros ex cargos públicos.
Tres nuevos casos de Ayuso
La número tres del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está siendo investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, por contratación pública irregular durante su etapa en el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos. Otros casos que se investigan en estos momentos y que salpican a Ayuso son el caso FP y el caso Judith Piquet. El primero de ellos versa sobre la adjudicación a dedo, a través de contratos menores, al Grupo Virelec, de obras de reformas en centros educativos que debían haber sido licitadas.
Respecto a Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, está siendo investigada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, por la filtración de un parte policial referido a una agresión sexual. La fotografía de este documento interno de la policía local fue usada por Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, para relacionar el delito con la llegada de personas migrantes.
'Operación Borrasca'
Hace unas semanas era detenido Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, junto con el hacker José Luis Huertas Rubio, Alcasec, por integrar una red dedicada a perpetrar ciberataques a organismos públicos y empresas, y vender luego los datos obtenidos. Martínez, procesado por el caso Kitchen,
Una investigación de Público desveló que el Ayuntamiento de Madrid contrató al 'hacker' Alcasec para que auditara sus aplicaciones móviles con la mediación del ex 'número dos' de Interior, Francisco Martínez, procesado en el caso Kitchen.
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El exministro Montoro y los contratos en Andalucía
Un juez de Tarragona investiga si el bufete Equipo Económico, fundado en 2006 por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, usó presuntamente sus influencias en la Administración para beneficiar a sus clientes. El ministro de Hacienda entre diciembre de 2011 y junio de 2018 impulsó la llamada 'amnistía fiscal', que fue declarada inconstitucional por el TC.
Por otro lado, dos juzgados investigan los contratos de la Junta de Andalucía para obras en los centros sanitarios de la comunidad durante la pandemia. Hay dos causas abiertas en este sentido, una, en Sevilla, por los contratos de emergencias y otra en Cádiz donde se investigas los contratos menores, es decir, adjudicados sin licitación pública.
'Caso Elecnor'
El listado de los 30 casos pendientes de juicio contra exdirigentes del PP se cierra con el conocido caso Elecnor, por el que han sido procesados los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, acusados del pago de mordidas a miembros del gobierno argelino para amañar la adjudicación de la construcción de una desaladora y un trazado ferroviario en el país norteafricano a la constructora Elecnor y otras dos mercantiles para las que trabajaban.
El caso lleva nueve años en investigación y a principios de 2025 la Audiencia Nacional rechazó el recurso de los acusados para archivar la causa al apreciar como sólidos los indicios de los delitos de corrupción.
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