El fiscal Ignacio Stampa (Madrid, 1973), destinado en la Fiscalía Provincial de Madrid, cierra un capítulo importante de su vida y de su trayectoria: el contencioso contra la Administración de Justicia por la investigación de la Fiscalía en su contra que le dejó fuera del caso Villarejo y sin plaza en Anticorrupción. Una nueva sentencia le da la razón. Es la sentencia definitiva, que reconoce que desde la cúpula de la Fiscalía se instó la "prolongación innecesaria" de una investigación en su contra, en el marco del caso Tándem o Villarejo, que le "causó el natural daño moral". 

Fija la Audiencia Nacional una indemnización para él de 4.000 euros, en un inédito pronunciamiento que corrobora, en parte, las denuncias de este fiscal sobre la operación para apartarle del caso Tándem o Villarejo.

"La Justicia ha declarado que Dolores Delgado [exfiscal general del Estado] y Álvaro García Ortiz [actual fiscal general] me perjudicaron", dice Ignacio Stampa en el arranque de la primera entrevista que concede después de la sentencia. Es Público el medio elegido, un diario que destapó los entresijos de la operación diseñada por el comisario José Manuel Villarejo para perjudicar la investigación que desde la Fiscalía Anticorrupción le acorralaba. Stampa y su compañero Miguel Serrano eran los fiscales anticorrupción al frente de la denominada macrocausa Tándem.

Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional le da la razón aunque no profundiza en la materia. "El tribunal no ha querido entrar en el fondo; aunque da con la clave, que es la dilatación ilegal. Pero no se pronuncia sobre por qué lo hicieron y qué consecuencias tuvo. No obstante, es una resolución inédita, muy importante", dice Stampa.

Este fiscal, que llegó a Anticorrupción en 2016, en comisión de servicios, procedente de la Fiscalía de Lanzarote, se quedó sin una plaza fija en Anticorrupción cuando investigaba a Villarejo y a otros mandos policiales de la llamada brigada política, y también a empresas del IBEX que contrataban a estos policías, en una operación para apartarle que inició el comisario Villarejo y que se extendió a la Fiscalía General del Estado cuando estaba dirigida por Dolores Delgado. 

Un bulo en el origen

El 27 de octubre de 2020 Stampa no cosechó ni un solo voto de los miembros del Consejo Fiscal para ocupar una de las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción, "en base a que en ese momento se les ocultó que ya habían sido archivadas las diligencias de investigación penal que habían sido abiertas contra mí por una denuncia de Vox", cuenta el fiscal, que añade: "¿Cómo iban a querer a un fiscal manchado por un posible delito de revelación de secretos?".  

En la denuncia se le acusaba a Stampa de una posible revelación de secretos en la pieza Dina de la causa Tándem o Villarejo, debido a una hipotética relación sentimental con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez; una relación que resultó inexistente.

Cuando Villarejo apretó el botón de la máquina de los bulos, Stampa y Miguel Serrano llevaban tres años y medio investigando Tándem, incluyendo la pieza Dina, sobre el robo del móvil de la asesora de Pablo Iglesias, causa en la que Podemos está personado. "A Villarejo se lo puso muy fácil el abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. Por rencillas personales con Marta Flor, me metió a mí en medio. Y Villarejo aprovechó para hacer un montaje. No hay nada que acredite la pretendida relación personal, pero él usó todo aquello que iba diciendo Calvente para fabricar la acusación de revelación de secretos, que es algo que siempre nos estuvo imputando de manera falsaria para tumbar la causa", indica Stampa. 

Intereses personales

La pareja de Dolores Delgado, en aquel momento fiscal general del Estado y antes, ministra de Justicia, es el exjuez Baltasar Garzón, "íntimo amigo del comisario Enrique García Castaño", implicado en Tándem, igual que otros policías y mandos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). "Es obvio que Garzón es el abogado de García Castaño. Pero Dolores Delgado lo niega", dice el fiscal. 

La amistad entre Delgado y Garzón con Villarejo está probada por conversaciones grabadas por el comisario, algunas aportadas a la causa Tándem. El bufete de abogados del exjuez, ILOCAD Baltasar Garzón Abogados, representó en su día a varios imputados en la causa, entre ellos el comisario Enrique García Castaño [la audiencia Nacional ha archivado su imputación por sus graves problemas de salud] y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

"Los episodios más graves que han ocurrido en el caso Tándem conciernen a Enrique García Castaño y a Garzón —indica —. Es evidente que desde el momento que vemos que Carlos Salamanca (excomisario de Barajas y socio de Villarejo) es defendido por el despacho de Garzón, muy al principio, entendemos que vamos a tener problemas". 

Vox denunció que los fiscales del caso habrían filtrado información a la abogada de Podemos y se abrieron diligencias de investigación, que concluyeron en archivo, pero se ocultó presuntamente este archivo a los miembros del Consejo Fiscal.

"Mi demanda planteaba que desde la Fiscalía General se ordenó alargar una investigación contra mí de manera ilegal. El propio fiscal que me investigó desde el principio [Carlos Ruiz de Alegría] dijo que no había indicios y que había que archivar, pero de forma espuria se alargó para que yo llegara con la condición de investigado al Consejo Fiscal que tenía que decidir sobre las plazas para Anticorrupción", recuerda Ignacio Stampa. 

El papel de Álvaro García Ortiz

Dos veces recibió el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz [actual fiscal general del Estado], la propuesta de archivo de la investigación abierta a raíz de la denuncia de Vox contra Stampa. Y dos veces Álvaro García Ortiz, a la sazón en aquel momento, mano derecha de la fiscal general, sugirió al fiscal jefe de Madrid practicar más diligencias, como consta en la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón al fiscal Stampa.

De aquella manera, se alargó "innecesariamente" la instrucción de una investigación que arrojaba nulos indicios de criminalidad, según consta en la documentación interna de la Fiscalía a la que pudo acceder en su día este diario. 

"Todo fue un montaje de la propia fiscal general —continúa Ignacio Stampa—. Y ahora lo ha dicho un tribunal: que alargó la investigación ilegalmente. Es de una gravedad inédita que se reconozca que se me perjudicó a propósito"

Así se dilató la investigación

Hasta siete pleitos ha tenido que impulsar este fiscal madrileño para que desde la Fiscalía General le aportaran la documentación de su expediente, que llegó a estar declarada "materia secreta", por orden de Delgado. Todos los procedimientos los ha ganado Stampa, que ahora tiene que decidir si recurre al Supremo esta sentencia en busca de un pronunciamiento más rotundo sobre los ilícitos de los que se considera objeto, cuenta a este diario.

Parte de la documentación a la que finalmente pudo acceder Stampa son correos electrónicos cruzados entre el fiscal jefe de Madrid de entonces, Jesús Caballero Klink, y García Ortiz, que muestran cómo la mano derecha de Delgado sugería nuevas diligencias de investigación a cada propuesta de archivo, incluso la repetición de varios interrogatorios.

"No tienen alma"

"Hay retrasos de la Justicia que son normales pero para que digan que es indemnizable tiene que ser muy grave; para que hayan dicho en la Audiencia Nacional que sí que fue ilegítimo el retraso es que el asunto es muy gordo, es un varapalo inédito para la Fiscalía. Es que es muy grave que un tribunal confirme que la cúpula de la Fiscalía me perjudicó a propósito", zanja Ignacio Stampa.

El fiscal indica que "no solo me echaron y me machacaron el prestigio, sino que encima estaban dispuestos a que yo me alejara otra vez de mi familia, yéndome a Canarias de nuevo. No sabían que en diciembre de 2018 ya había ganado la plaza en Madrid. No tienen alma".