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Vetos del Gobierno Los vetos en el Congreso durante el Gobierno de Sánchez: transparencia universitaria y monarquía

Ciudadanos ha registrado una reconsideración a la Mesa de la Cámara Baja sobre el primer veto parlamentario de una ley, una propuesta de su partido que obligaría a publicar los trabajos de fin de máster. Desde Podemos e Izquierda Unida también critican el bloqueo hacia sus iniciativas para investigar a la Monarquía.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pasa ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso. (BALLESTEROS | EFE)

El foco de la semana ha estado sobre el Gobierno con la dimisión de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, y las informaciones que acusaban al presidente del Gobierno de haber plagiado en su tesis doctoral. También se ha criticado los bandazos del Ejecutivo. Entre ellos, aunque no se haya hablado tanto, están los vetos que se han realizado desde el Congreso a iniciativas parlamentarias, a pesar de que los socialistas fueron muy críticos con el bloqueo que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso ante el medio centenar de iniciativas legislativas.

Así, al poco tiempo de que Pedro Sánchez haya acumulado los 100 días ya ha cosechado el primer veto a una ley. PSOE y PP fueron los partidos que sumaron fuerzas en la Mesa del Congreso y bloquearon que la ley de Ciudadanos pasara a trámite. En esta iniciativa se propone, entre otras cosas, que sea obligatorio publicar los trabajos de fin de máster, grados y tesis doctorales. 

Este viernes, Ciudadanos ha registrado en el Congreso una petición de la reconsideración de este veto a la Mesa. En el texto, firmado el portavoz del grupo parlamentario, Juan Carlos Girauta, se expone que el Ejecutivo vetó la toma en consideración de la ley acogiéndose al precepto constitucional que permite bloquear una tramitación acogiéndose al artículo 134.6, que permite bloquear proposiciones que supongan un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

Cs alega que el PSOE vetó la ley por el aumento de gasto, pero el Gobierno explica que es porque no indica la fecha de entrada en vigor

Según expresan desde Ciudadanos, en el informe que le remitieron desde el Gobierno se alega que las medidas propuestas en la ley conllevan la creación de una Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa del Estado que supone "un incremento de los créditos presupuestarios de aproximadamente de 5 millones de euros". Sin embargo, Adriana Lastra, tras la salida de la Junta de Portavoces en la Cámara Baja del pasado martes, alegó que se votó en contra porque la Proposición de Ley "está mal hecha" ya que "no hay fecha de entrada en vigor". La portavoz de los socialistas también ha explicado que han indicado que deben modificarla y que cuando se establezca la fecha, el Gobierno no la vetará.

Al ser la primera razón la única expuesta en la reconsideración a la Mesa, Ciudadanos sostiene que el veto se basa en una interpretación "errónea de la Proposición de Ley" ya que no se justifica la "afectación directa, inmediata, real y efectiva de la iniciativa a los ingresos y gastos contenidos en el presupuesto"la Proposición sólo se limita a instar al Gobierno a la remisión del proyecto de Ley de creación de la Agencia". Una institución en la que inciden que no es posible deducir los gastos "sin conocer qué estructura organizativa que tendrá".

La iniciativa ahora vetada por el Gobierno socialista y que tendrá una segunda oportunidad la próxima semana contemplaba medidas para mejorar la transparencia en las universidades, como la implantación de un software antiplagio o la creación de un Consejo que permitiera presentar de forma anónima sospechas de mal funcionamiento en el ámbito universitario. 

Podemos, que también ha votado a favor de la propuesta del partido naranja y, en consecuencia, en contra del veto del PSOE confirmó su posición a Público ya que, "sin entrar en el fondo de la iniciativa", consideran que no se deben realizar estos vetos. De hecho, Pablo Iglesias criticó en los pasillos del Congreso que el Gobierno del PSOE haya recurrido al veto para impedir el debate de iniciativas de la oposición, llegan a calificar de "inaceptable" que los socialistas recurran a la prerrogativa del veto, máxime cuando el PSOE criticaba al PP por usar esa fórmula para intentar "suplantar al poder legislativo" de "manera ilegítima".

El contexto en que se considera esta ley también es llamativo: los dos partidos que han votado en contra de su tramitación son las dos formaciones que tienen casos de estudios irregulares en dirigentes de su partido. Esto lo hizo notar Girauta cuando se conoció el veto: "El hecho de que el PP se sume al PSOE en esto es significativo. Con nuestra ley no se habría podido dar ni el caso Cifuentes, ni el caso Casado, ni el caso Montón", recriminó el portavoz del partido naranja.  

Las iniciativas para investigar la Monarquía

Preguntas parlamentarias, comparecencias y la comisión de investigación sobre la Monarquía son los otros vetos de la Mesa del Congreso durante el Gobierno de Sánchez. Pablo Iglesias también hizo referencia a esto el pasado martes recriminando que "no es aceptable" utilizar el veto para impedir que se debata sobre la corrupción, ya tenga que ver los títulos universitarios o con la Monarquía.

IU denuncia que la Mesa del Congreso ha vetado tres preguntas de Alberto Garzón sobre Corinna

Este viernes, Izquierda Unida denuncia en un comunicado que la Mesa del Congreso, con el acuerdo de PSOE, PP y Ciudadanos, ha rechazado tramitar tres preguntas que el diputado y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, registró en el Congreso el pasado 6 de septiembre para "aclarar los motivos por los que en 2007 el entonces embajador de España en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión celebrada en Riad, en la que la amiga de Juan Carlos de Borbón se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como ‘representante’ del entonces jefe del Estado". 

La Mesa argumenta este rechazo "por suponer valoración de actuaciones de un Gobierno anterior, lo que versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno". De las cuatro planteadas, se han rechazado tres:

"¿Cuáles fueron los motivos por los que el embajador de España acompañó a Corinna a una reunión con un representante oficial de otro Estado?"

“¿Por qué se permitió que un particular como Sayn-Wittgenstein se presentase como representante del jefe del Estado y abordase cuestiones bilaterales entre ambos países?”

“¿En qué otras ocasiones un embajador o representante oficial del Estado español ha acompañado a reuniones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein?”

Según explican, sólo aceptan que el Gobierno responda sobre "¿qué medidas va a adoptar para evitar que representantes diplomáticos españoles acaben trabajando para empresas privadas cuyos intereses han sido defendidos bajo su misión diplomática?".