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Infancia Libre Arranca el juicio contra María Sevilla, acusada por la fiscalía y su expareja de la sustracción de su hijo

El Ministerio fiscal solicita una pena de cárcel de 3,5 años y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad, mientras que la acusación particular (su expareja) eleva la pena de prisión en un año y exige seis de retirada de la patria potestad. La defensa de Sevilla pedirá la libre absolución al entender que no se da ninguno de los elementos para que exista delito. 

María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, tras declarar ante la Fiscalía el pasado 29 de noviembre
María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, tras declarar ante la fiscalía el pasado 29 de noviembre.

Marisa Kohan

Este jueves primero de octubre arranca el juicio contra María Sevilla, acusada de un supuesto delito de sustracción de menores, al haber desaparecido con su hijo en marzo de 2017. A finales de ese mismo año un juzgado concedió la custodia del niño al padre, pero para entonces María Sevilla se encontraba en paradero desconocido.

Tanto la acusación particular (ejercida por la expareja de María Sevilla) como la Fiscalía piden en sus escritos de acusación que se la juzgue por sustracción de menores, aunque las penas que solicitan difieren ligeramente. Mientras el Ministerio Público pide tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad, la acusación particular solicita que la pena de cárcel sea de cuatro años y medio (cuatro por sustracción y seis meses por abandono familiar) y que la retirada de la patria potestad sea por un período de seis años. Su expareja exige, además, una indemnización por responsabilidad civil de 18.000 euros.

El abogado de María Sevilla, Vicente Tovar, explicó a Público que pedirá en el juicio la libre absolución para su defendida. A su entender no se dan ninguno de lo elementos para que exista un delito, "no hay ni tipicidad [es decir que el delito no encaja en los tipos penales], ni hay antijuricidad, ni culpabilidad", afirma. "No hay delito porque lo que estaba haciendo María era proteger a su hijo, y para que se pueda condenar el delito tiene que ser antijurídico y este no es el caso porque la protección es una eximente", añade Tovar.

Antecedentes de un caso enrevesado

En 2012 se interpone la primera denuncia contra la expareja de María Sevilla por presuntos abusos sexuales hacia su hijo. La denuncia no la inicia Sevilla, sino que se interpone a petición del Ministerio Fiscal debido a las manifestaciones del menor sobre los posibles abusos cometidos por el padre.

Diversos informes pediátricos y psicológicos a los que ha tenido acceso Público (tanto de parte como de organismos públicos) afirman la veracidad del relato del niño y la posible existencia de dichos abusos. Sin embargo, tras diversas vicisitudes, la denuncia fue sobreseida por falta de pruebas y se archivo provisionalmente hasta que se aportaran nuevas evidencias. En un juicio en diciembre de 2017 el tribunal acabo por conceder la custodia al padre, pero en ese momento María Sevilla ya se encuentra en paradero desconocido.

En la madrugada del 30 de marzo de 2019, un numeroso grupo de policías pertenecientes a la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla irrumpió en la casa donde residían María Sevilla, su hijo, su pareja actual y otra hija en común, a las afueras de Cuenca, cumpliendo una orden judicial. En ese momento el menor, que entonces tenía once años, fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad con cargos a las pocas horas y con una orden de alejamiento de su hijo.

La detención de María Sevilla, altamente mediática, fue la primera de una serie de actuaciones de la Policía Judicial que se desarrollaron en cascada en los dos meses siguientes y que tuvieron gran impacto en los medios en tiempo real, según se detenían a otras madres. Todas ellas ligadas de una u otra forma a la organización Infancia Libre. Y todas presentadas por los medios de comunicación como madres secuestradoras, a pesar de que sus casos no eran similares y algunas no estaban en paradero desconocido ni habían incumplido órdenes judiciales en relación a visitas.

En el momento en que desapareció, María Sevilla era la presidenta de la asociación Infancia Libre, una organización que según sus estatutos se había creado para dar apoyo de familias que denunciaban abusos sexuales hacia los hijos y que abogaba por cambios legales para proteger a niños de estos delitos.

A raíz de estas detenciones, la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados elaboró un informe en el que acusaba a Infancia Libre de ser una organización criminal. Para ello entrevistó a diversos padres que afirmaban ser víctimas de las mismas prácticas. El informe llegó a contener el nombre de unas 20 mujeres a las que se acusaba de interponer denuncias falsas y de seguir el mismo modus operandi . El informe se entregó a la Fiscalía para que valorara abrir una investigación penal.

El informe, que aún permanece secreto pero del que se han ido desvelando algunos datos, acusaba a la asociación presidida por Sevilla de ser una organización criminal, cuyo objetivo consistía en que un grupo de madres se habrían conchabado para presentar denuncias falsas acusando a sus exparejas de abusar sexualmente de sus hijos con el fin de quietarles la custodia. Según el informe, tres profesionales de la sanidad pública y al menos una abogada formaban parte de esta banda.

Tras varios meses de intensa investigación, la Fiscalía archivó el informe policial afirmando que no existía ningún "dato objetivo" que llevara a asegurar que la organización funcionaba como una trama ilícita. Es más, el escrito afirma que no consta dato alguno de que se haya incoado "un posible delito de denuncia falsa", por parte de la asociación o de sus miembros.

De hecho, ninguna de las detenidas relacionadas con lo que se dio en llamar el caso Infancia Libre, ha sido acusada de presentar denuncias falsas ni se han detectado casos de estas falsedades en ninguna de la veintena de mujeres incluidas en el informe e investigadas por la Fiscalía.

El juicio que arranca este jueves estará influenciado públicamente por el escándalo mediático que supuso toda la investigación policial. Sin embargo, no existe ningún juicio a la organización como tal, sino a los posibles delitos o acciones que hayan cometido sus integrantes individualmente. Las únicas imputadas hasta la fecha son María Sevilla y Patricia González que también permaneció durante varios meses en paradero desconocido con su hija y a la que la fiscalía imputa también un delito de sustracción, aunque su juicio aún no tiene fecha.

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