La evaluación independiente de la gestión de la pandemia continúa retrasándose y no tiene ni fecha de inicio tras nueve meses de emergencia sanitaria. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas trabajan en un primer informe inicial sobre cómo organizar esta auditoría. En las próximas reuniones del Consejo interterritorial se continuará debatiendo este asunto, pero se va muy tarde y hay pocas concreciones para ser ya diciembre. El informe sobre el que se trabaja provocaría que no se tuvieran las conclusiones de la evaluación antes de una posible tercera ola tras la Navidad y permite incluso que la auditoría se retrase a los últimos meses de la pandemia. 

El pasado 7 de octubre se formó un grupo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS). El grupo, presidido por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, tenía un mes para definir el marco de la evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Este informe llegó un mes tarde ya que se presentó en el CISNS el pasado 2 de diciembre. Según ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se seguirá trabajando sobre este documento con las comunidades autónomas para elaborar el definitivo, pero este miércoles no ha informado de ningún avance en rueda de prensa tras la reunión semanal del CISNS.

El gran problema, sin embargo, no es que el informe se haya retrasado un mes: es que cuando se comenzó a trabajar en esto ya se iba tarde. Un grupo de prestigiosos expertos pidieron el pasado 7 de agosto en una carta en The Lancet esta evaluación independiente. El ministro Illa desde un primer momento trasladó que estaba a favor de esta auditoría, pero cuando pasara la pandemia. Este grupo de expertos publicó el 22 de septiembre otra carta en la misma revista científica explicando que la evaluación era "urgente". El ministro acabó reuniéndose con varios de estos expertos, cambió de opinión tras escucharlos y se comprometió a impulsarla.

Sin embargo, ni las cartas ni la reuniones ni todas las voces que han demandado esto han conseguido que las autoridades sanitarias reconozcan la urgencia de esta medida. "Pedimos la evaluación en agosto. Que no se haya empezado tras cuatro meses es preocupante porque nosotros planteamos dos cuestiones claves para la auditoría: la urgencia y la independencia. El retraso demuestra que la gestión diaria y los problemas se han puesto por delante de la evaluación. Estamos perdiendo una oportunidad", lamenta Joan Carles March, uno de los impulsores de la carta publicada en The Lancet y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Los expertos se reunieron el 1 de octubre con el Ministerio de Sanidad. Pese a que ya era tarde, valoraron positivamente que se pusiera en marcha a la semana siguiente el grupo de trabajo del CISNS para establecer el marco de la evaluación. El tiempo de trabajo de un mes ya les pareció muy largo, pero los dos meses que se ha tardado lo valoran como "exagerado". De hecho, este grupo tuvo una segunda reunión con Sanidad y lamentaron ya aquí que se trataran más temas que tenían que ver con la gestión de la pandemia que con la evaluación. Los retrasos finales suponen un mayor problema porque provocaría que, si hay tercera ola tras la Navidad, se tenga que afrontar sin el conocimiento que aporta esta evaluación.

El borrador del informe sobre el marco de la evaluación, al que ha tenido acceso Público, aún se está debatiendo y es muy ambiguo. Deja en el aire incluso que el Consejo Interterritorial pueda atrasar la auditoría a los últimos meses de la pandemia: "Cabría considerar al menos dos escenarios para este proyecto de evaluación. Uno de los escenarios permite realizar la evaluación posterior a la finalización de la pandemia. Aunque exista esta posibilidad, al no ser esta la situación en la que se encuentra la pandemia en España, no es objeto de este proyecto definir los términos de una evaluación a posteriori. Esto no impide que así lo decida el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

La otra opción es la prometida por Sanidad, la evaluación con la pandemia en curso: "En este escenario es necesariamente de menor escala y alcance, se realiza un período más corto de tiempo y su propósito es identificar rápidamente las acciones que puedan mejorar la situación actual en respuesta a los desafíos identificados", indica el documento. El informe propone "un plazo aproximado de cuatro meses para el desarrollo de todo el proceso y la entrega del informe final", contando estos meses desde el momento en el que se conforme otro equipo de trabajo, pero tampoco hay fecha para esto.

March insiste en que estos plazos retrasan demasiado esta evaluación y la dejan en un segundo plano. Señala que sería importante ponerla en marcha con urgencia para tenerla preparada ante cualquier situación como una tercera ola: "Si no se pone encima de la mesa nunca será prioridad. Se habla más de la gestión que de la evaluación, como en los meses atrás. En septiembre se podría haber definido este proceso y en octubre podría haber empezado para afrontar retos existentes ahora como la Navidad", indica a Público.

Tampoco hay ningún experto independiente trabajando sobre el marco de esta auditoría ahora. Ni siquiera se ha decidido aún las personas que formarán parte en un futuro. El único grupo de trabajo es el derivado del CISNS con miembros del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Según el informe inicial, en el Consejo Interterritorial se decidirá un "equipo de planificación y coordinación de la evaluación" que estará formando por 3 o 4 profesionales, un equipo de "evaluadores especializados por áreas de conocimientos que serán las personas encargadas de levar a cabo la evaluación independiente y una "Secretaría Técnica" que de soporte a los evaluadores especializados. Según ha podido saber Público por fuentes del CISNS, no se prevé que el equipo de planificación y coordinación lo encabecen "independientes", aunque sí el de los evaluadores.

En este sentido, March también lamenta que la Secretaría de Estado de Sanidad no les haya mandado el documento a él ni al resto de grupos expertos que impulsaron esta medida. El experto fue el mediador entre Sanidad y este grupo para pactar las dos reuniones y, aunque destaca que hay "buena relación", insiste en que le "sorprende" que no lo enviaran para que el informe cuente con la opinión de independientes: "Marca un cierto grado de lejanía porque nosotros nos reunimos con la idea de ayudar a que este proceso avanzara". El experto ha pedido una reunión a la Secretaría de Estado antes de Navidad para tratar esto y que los profesionales puedan aportar al marco de la evaluación.

Este grupo ya planteaba en su propuesta seguir un modelo para la elección de los evaluadores como el planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Proponían escoger a dos personas "independientes" que lideren la evaluación, que no trabajen en el Gobierno ni tengan interesen en competencia y que sean académicos españoles que trabajan en el extranjero o expertos de organizaciones internaciones como la OMS o los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Tanto las personas que seleccionan los miembros del equipo de evaluación como los evaluadores deberían ser independientes, según los expertos, para garantizar "un proceso exitoso".