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Derecho al aborto Las Administraciones públicas españolas llevan una década sin informar sobre cómo ejercer el derecho al aborto​

Las organizaciones de defensa de derechos sexuales y reproductivos denuncian que no hay canales oficiales claros para obtener la información más básica ni tampoco han lanzando campañas institucionales estatales o autonómicas. Women on Web denuncia ante la Audiencia Nacional el bloqueo de su web en España. 

Manifestación por los derechos sexuales y reproductivos en Zaragoza
Manifestación por los derechos sexuales y reproductivos en Zaragoza.

Para poder ejercer un derecho no es suficiente con que esté reconocido por las leyes. Además es preciso contar con información clara que oriente a la ciudadanía sobre cómo acceder a él. Esta premisa básica, reconocida por numerosos tratados internacionales, se incumple de forma flagrante en España cuando hablamos  la interrupción voluntaria del embarazo, según denuncian organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

"El acceso a la información es la clave para poder acceder a un derecho y tiene que cumplir cuatro ejes fundamentales: que esté disponible; que sea accesible; que sea aceptable y adaptada al contexto y que tenga calidad. Y analizándolo todo, España no cumple ninguna de estas características", afirma Silvia Aldavert, portavoz de la Associació Catalana de Drets Sexuals y Reproductius. 

Ninguna de las 80 campañas del Ministerio de Sanidad en una década esta vinculada al derecho al aborto.

Esta asociación acaba de realizar un estudio en el que resalta que en más de una década, desde que se aprobó la ley del aborto por plazos en el año 2010, de las 80 campañas informativas que ha lanzado el Ministerio de Sanidad y Consumo  ninguna de ellas ha estado vinculada al aborto. Sí se han llevado a cabo una vinculada a la prevención de embarazos no deseados y otra alertando del consumo de alcohol durante el embarazo, como temas más relacionados. Pero ni una sola destinada a informar sobre cómo acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, afirma la investigación.

El informe, que lleva por titulo El acceso voluntario al aborto en el Estado español: principales barreras, analiza la información existente a nivel global y en diez comunidades autónomas, que representan cerca del 82% de la población total española y resalta que desde otras instituciones los materiales encontrados son también escasos y limitados a folletos informativos. Por ejemplo, se ha encontrado un folleto de la Junta de Andalucía y otro de Catalunya.

Si la información impresa es escasa, la que aparece en las web es casi inexistente. No existe ni un solo espacio institucional que deje clara la situación ni el itinerario que deben seguir la mujeres que quieren abortar y "cuando buceas en las webs de las distintas comunidades autónomas, son imposible de entender. Incluso para nosotras, que somos expertas en el tema", afirma Aldavert.

La falta de campañas institucionales y de información "hace que la sensibilización ciudadana hacia el aborto sea cero", afirman las autoras del estudio, lo que facilita la difusión de muchos tópicos contrarios al ejercicio de este derecho por parte de grupos fundamentalistas.

El informe abunda en que cuando se realiza una búsqueda en Internet usando términos sencillos como "quiero abortar", "cómo abortar" o "aborto voluntario", lo primero que aparece es una página de organizaciones antielección, como la de Red Madre, que aparece en primer lugar en la mayoría de las búsquedas y esto se está permitiendo desde las instituciones. Después de estas webs de grupos contrarios al aborto aparecen webs de clínicas privadas de interrupción del embarazo que, aunque dan buena información, "no provienen de fuentes institucionales". 

Ningún servicio telefónico de  Sanidad de las comunidades autónomas fue capaz de decir explicar en qué semanas se puede realizar un aborto

Tampoco los teléfonos de información institucionales de los servicios de salud de los diez territorios analizados fueron capaces de dar información fiable y adecuada sobre el derecho al aborto. Tan solo una autonomía (Andalucía) dispone de una línea específica sobre salud sexual y reproductiva que da información adecuada. En ninguna otra comunidad existe un teléfono exclusivo y las respuestas que dan son "nefastas", según las expertas. Por ejemplo, ninguna fue capaz de decir correctamente las semanas de gestación en las que se pueden realizar un aborto o cuál es el itinerario que da acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Si esto es así con información básica y sencilla, los problemas de acceso al derecho al aborto se incrementan de forma exponencial cuando las que lo necesitan son mujeres en situación vulnerable, como migrantes en situación administrativa irregular, víctimas de violencia de género o incluso jóvenes de 16 y 17 años que no pueden contar con la autorización parental, tal como marca la ley reformada por el Partido Popular.

"Todos sabemos que existen abortos clandestinos en nuestro país. Los más de 100.000 abortos que se realizan anualmente en España se hacen con la mayor calidad y seguridad que existe en el mundo, pero también es cierto que no podemos obviar que hay mujeres que quedan al margen de poder abortar porque las leyes y su implementación las dejan fuera", señala Aldavert.

La objeción de conciencia está tan extendida que afecta a hospitales enteros e incluso a comunidades autónomas

Entre estas están las habitantes de Ceuta y Melilla, ciudades que no disponen de ningún hospital o clínica que realice abortos y que deben desplazarse a algún lugar de Andalucía para hacerlos. "Si son apátridas o sin papeles será muy difícil que lo logren", afirman las expertas. Si no tienen recursos económicos para hacerlo, también. En Canarias sólo hay dos islas en las que existen clínicas acreditadas. En nuestro país hay ocho provincias en las que no se ha realizado ningún aborto en los últimos 30 años y la objeción de conciencia, que debería ser un derecho individual del profesional, está tan extendida que afecta a hospitales enteros e incluso a comunidades autónomas. Extremadura, Aragón y Murcia, por ejemplo, no realizaron ningún aborto en sus hospitales públicos en 2018, aunque se notificaron interrupciones del embarazo en centros privados. En el conjunto de España, más del 90% de los abortos ser realizan en clínicas privadas concertadas con el Estado. Esta objeción de conciencia, afirman las expertas, necesita ser seriamente revisada porque supone un freno al disfrute de un derecho reconocido en las leyes. La regulación de la objeción de conciencia, así como la obligación de información son dos de los principales aspectos que piden que sean revisados en la reforma de la ley de derechos sexuales y reproductivos que anunció la ministra de Irene Montero.

Denuncian el cierre de la web de Women on Web

En este contexto de desinformación, la organización internacional Women on Web, con la representación legal de la ONG Women’s Link , ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional por el bloqueo de su página web desde inicios del año 2020. En enero de este año y tras la petición de la Agencia Española del Medicamento, diversos servicios de servidores web bloquearon el acceso a esta página desde España. Las organizaciones denuncian que el Estado español no cumple con sus obligaciones de informar correctamente sobre los derechos sexuales y reproductivos, y, además, está activamente bloqueando a la única organización sin ánimo de lucro que estaba proporcionando una información completa y correcta sobre el acceso al aborto seguro en España.

Según las organizaciones, la Agencia Española del Medicamento justificó su petición de cierre aduciendo que Women on Web vendía fármacos que requieren receta médica para abortar. "Pero hay que resaltar que Women on Web lo que hace es proporcionar información sobre derechos sexuales y reproductivos y en todo caso, cuando es contactada por personas que no pueden acceder a un aborto seguro en el sistema de salud pública, las ponen en contacto con un sanitario que evalúa el caso y valora la posibilidad de enviar una receta de misoprostol, una acción que es perfectamente legal en la Unión Europea y en España", afirma Estefanny Molina, abogada de la organización Women´s Link.

Denuncian que en España hay una violación sistemática del derecho al aborto

"Lo que denunciamos es que en España hay una violación sistemática del derecho a la información del aborto legal, y sobre todo de cómo acceder al aborto en la pandemia, cuando muchos territorios han estado cerrados y se hacía difícil desplazarse entre provincias", añade Molina.

"Nos contactan muchas mujeres de España porque desconocen los paso para acceder a un aborto en el sistema público y esa falta de información la suplimos nosotros a través de la web, porque el Gobierno de España no da información de calidad. Women on Web se creó para países en que el aborto es ilegal, pero nos encontramos con peticiones de países en los que es legal, precisamente por estas barreras en el acceso al aborto", denuncia Verónica Fernández, portavoz de Women on Web.

Fernández afirma a Público que el bloqueo ha supuestos toda una sorpresa para la organización. "Es el único país de la Unión Europea que ha bloqueado nuestra página, ni siquiera lo han hecho otros países europeos en los que el aborto es ilegal". Esta portavoz afirma que los único países del mundo que habían emprendido una acción similar están en las antípodas del nuestro, como Arabia Saudí, Irán, Turquía, Brasil y Corea del Sur. "En un país en donde el aborto es legal, no se debería bloquear una web donde se facilita información sobre como acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva. Esto deja a España en muy mal lugar".

La Associació Catalana de Drets Sexuals y Reproductius acaba de poner en marcha una campaña de captación de fondos para poner en marcha un espacio en la web que ofrezca información detallada sobre cómo acceder a este derecho. "Creemos que es imprescindible generar un espacio de información fácil, accesible, veraz y fiable para que todas podamos encontrar la información correcta. La campaña que está activa en la web Verkami, afirma que quiera acabar con la estigmatización del aborto, que sigue siendo una práctica escondida bajo el peso de la moral que la ha convertido en tabú.

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