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Emergencia climática Los litigios climáticos, la herramienta legal que podría salvar el planeta

El movimiento ecologista multiplica sus esfuerzos en los tribunales para conseguir que los gobiernos cumplan con los objetivos del Acuerdo de París para frenar el calentamiento del planeta. La sentencia de un tribunal francés da esperanzas a la sociedad civil española que inició su propio litigio contra el Ejecutivo de coalición en 2020. 

Plantas de carbón en Colonia, Alemania.
Plantas de carbón en Colonia, Alemania. Wolfgang Rattay / REUTERS

La lucha ecologista parece haber encontrado una herramienta eficaz para obligar a los gobiernos a actuar ante la crisis climática: los litigios climáticos. Los tratados internacionales se han convertido en aliados poderosos para el activismo verde que, en los últimos años, ha hecho uso de ellos para llevar a los estados ante los tribunales. El último caso sucedió la semana pasada, cuando un Tribunal Administrativo de Francia sentenció que el Ejecutivo galo era culpable de un "delito ecológico" por no cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 marcados por el Acuerdo de París. Una decisión con precedentes en los Países Bajos, donde la Justicia condenó a la Administración holandesa y obligó a reducir la contaminación vinculada a la quema de combustibles fósiles.

Los litigios climáticos se han multiplicado en todo el mundo más de un 70%, según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 2017 se contaban 884 casos (abiertos y cerrados) en 24 países del mundo y, en 2020, la cifra ascendió hasta las 1.550 demandas ecologistas en 38 países diferentes. España es una de las últimas regiones donde los grupos conservacionistas han decidido acudir a los Tribunales, después de que Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón y Greenpeace presentasen una demanda contra el Gobierno por "inacción" ante la situación de emergencia climática.

"Este tipo de litigios se ha convertido en el terreno de batalla final. Los grupos ecologistas se han cansado de ver cómo las presiones políticas, el activismo ciudadano o las alegaciones a través de mecanismos participativos no se traducen en un incremento de la ambición", explica a Público Jaime Doreste, uno de los abogados ecologistas que trabaja en el litigio contra el Gobierno español. "Pese a todas las críticas que se pueden hacer al Acuerdo de París, al final se trata de un compromiso que los estados asumieron y que tiene una traducción muy concreta y clara, ya que es una fuente de derecho y obligación", agrega.

El texto de este tratado, respaldado por los gobiernos de las Naciones Unidas, fija el objetivo de evitar que el calentamiento del planeta supere el grado y medio respecto a los niveles preindustriales. Para ello, los países se pusieron en consonancia con los expertos del IPCC (panel científico de la ONU) que llamaba a reducir las emisiones un 55% de cara a 2030 y alcanzar la neutralidad climática para mediados de siglo. "Las organizaciones ecologistas estamos acudiendo a la Justicia para que obligue a los gobiernos a cumplir con estos acuerdos", señala Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace. "El problema que tienen la mayoría de los tratados internacionales es que son compromisos no vinculantes, por lo que al final todo depende de la interpretación del derecho internacional y de la propia legalidad de cada Estado", reflexiona la letrada.

Sin embargo, los litigios climáticos tienen una gran capacidad de sortear las barreras jurídicas que suponen las rubricas no vinculantes. Tanto es así, que los casos europeos se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, que establece que cuando los gobiernos no actúan frente al cambio climático están desprotegiendo algunos derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, a la salud o incluso a la propiedad privada. "Este es un argumento muy potente", dice Ruiz-Huerta, que menciona cómo las emisiones de gases de efecto invernadero, además de acelerar el calentamiento del planeta, suponen una amenaza para la salud pública. Esta misma semana, la Universidad de Harvard señalaba que una de cada cinco muertes en el mundo tienen que ver con la contaminación de los combustibles fósiles.

No en vano, el hecho de que haya sentencias favorables al activismo ecologista entraña ciertos problemas que tienen que ver con la forma en la que los tribunales pueden hacer que las administraciones cumplan. "El juez puede obligar a que el Gobierno reduzca las emisiones de una forma progresiva, pero no puede decir cómo debe hacerlo", advierte Doreste. Eso no significa, sin embargo, que se trate de casos jurídicos que únicamente persigan vitorias morales y simbólicas: "En el ordenamiento jurídico español, si finalmente se dijera que hay que elevar la ambición para mitigar el cambio climático y el Ejecutivo no lo acatase, estaríamos hablando de delitos de desobediencia".

El derecho ambiental se reinventa en España

El caso del litigio climático abierto por Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón y Greenpeace es el primero que se da en España, lo cual abre una puerta a para que este tipo de acciones puedan trasladarse a una escala administrativa inferior y la sociedad civil reclame a los poderes autonómicos medidas ambiciosas para reducir las emisiones y descarbonizar la economía. No obstante, en el Estado el movimiento conservacionista ha tendido a reinventarse en los tribunales.

De hecho, no es la primera vez que las organizaciones verdes se apoyan en un tratado internacional. El caso de la prórroga de la central nuclear de Almaraz, la más vieja en activo del país, guarda ciertas relaciones, ya que los grupos que se oponían al alargamiento de su vida se acogieron al convenio internacional de Espoo. Este tratado internacional, grosso modo, concluye que cualquier proyecto industrial que pueda tener efectos transfronterizos debe ir acompañado por un estudio de calidad ambiental, lo cual no se cumple en el caso de Almaraz si se tienen en cuenta los precedentes de catástrofes nucleares y la cercanía de la central con la frontera portuguesa.

La protección del Mar Menor es otro de los grandes quebraderos de cabeza del movimiento ecologista español. La situación crítica en la que se encuentra esta laguna ha llevado a que una comisión formada por ciudadanos, científicos, ecologistas y juristas presentase en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para que el ecosistema cartagenero tuviera el reconocimiento de personalidad jurídica. De esta forma, se reconocería legalmente el "derecho a existir" del Mar Menor, entendiéndose su protección desde la idea de ecosistema y no desde la idea de beneficio humano.

La lucha ecologista, una batalla jurídica

El activismo verde tiene algo de performance. Las escenificaciones teatrales de Extinction Rebellion simulando la desaparición del ser humano o la imagen de algunos miembros de Greenpeace desplegando una pancarta gigante en una grúa frente el Congreso de los Diputados son algunos ejemplos claros. Sin embargo, la historia del movimiento conservacionista español es una historia jurídica; una batalla que trascurre en tiempos que tienden a dilatarse entre recurso y recurso. Estos son algunos de los ejemplos más recientes y emblemáticos:

  • El complejo de lujo de la isla de Valdecañas. En un pedacito de tierra rodeado por el agua del río tajo, se levantó una urbanización privada en el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Desde entonces, el movimiento ecologista, encabezado por la asociación Adanex ha pleiteado en los diferentes estamentos judiciales, obteniendo victorias y recursos incansables por parte de propietarios y el Gobierno autonómico. En verano de 2020, el ecologismo anunció que recurriría la última sentencia que reconocía los daños, pero anulaba las órdenes de derribo de este entramado urbano ubicado en una zona protegida por la Red Natura 2000.

    Madrid Central. El desmantelamiento de la Zona de Bajas Emisiones de la capital española por parte del Gobierno popular de Martínez-Almeida ha dejado numerosos episodios en los tribunales. Después de que el alcalde decidiera aplicar una moratoria que devolvía los coches al centro de la ciudad, el movimiento ciudadano se unificó en una plataforma que organizó su lucha en las calles, pero también en los tribunales. Tras dos recursos de Ecologistas en Acción y Greenpeace, los jueces sentenciaron que la decisión de la derecha madrileña carecía de sentido. El Ayuntamiento, lejos de aceptar el error, acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien ha anulado la medida anticontaminación. 

    La protección del lobo. El acuerdo reciente entre Gobierno y comunidades autónomas para incluir al lobo ibérico dentro del Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial llega tras décadas de pugnas legales. Tanto es así que, unos días antes de que se consiguiera este pacto que pone fin a la caza del mamífero en España, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) interpuso un Recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio para la Transición Ecológica para pedir que se elevara su protección, como finalmente ocurrió.

    El día que el Tribunal Supremo blindó ríos y valles. Las cinco grandes organizaciones ecologistas –SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF– consiguieron que la Justicia pusiera freno a un proyecto del Gobierno, que pretendía anegar un valle para mejorar el suministro de agua de Riegos del Alto Aragón. La sentencia final, emitida en mayo de 2020, no sólo paralizaba el proyecto sino que blindaba frente al hormigón ríos y valles ante cualquier obra de ingeniería. Desde ese momento, cualquier plan constructivo debe justificar científicamente que su desarrollo es más beneficioso para el Estado que la protección del ecosistema en cuestión.

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