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Indignación en el Ministerio de Igualdad por el rechazo de Justicia a indultar a María Salmerón

La ministra Irene Montero ha asegurado que el indulto "era necesario" porque "debemos proteger a mujeres e infancia de la violencia machista cuando aún están vivas"

La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), durante la presentación del libro 'Verdades a la cara' del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias.-
La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), durante la presentación del libro 'Verdades a la cara' del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias.-. Juanjo Martín / EFE

La indignación es mayúscula en el Ministerio de Igualdad ante la decisión del Gobierno de no conceder el cuarto indulto a María Salmerón, la mujer que ha vivido más de 20 años de calvario judicial por negarse en repetidas ocasiones a que su hija visitara a su padre, condenado por violencia de género. Salmerón se divorció por los malos tratos que sufría cuando su hija Myrim apenas tenía unos meses de vida. El padre fue condenado en 2008 a 21 meses de prisión, aunque nunca tuvo que cumplir la pena, ya que no acumulaba delitos penales  previos y la condena era inferior a dos años. Consiguió que se fijara una régimen de visitas cuyo incumplimiento ha motiva este periplo judicial.

Salmerón había recibido hasta tres indultos, todos con gobiernos del Partido Popular, aunque el último, otorgado en 2016, fue revocado por el Tribunal Supremo en 2018, una de las razones en la que se basa el Ministerio de Justicia en su propuesta de no indultarla.

La ministra Irene Montero, a través de un mensaje en Twitter, ha asegurado este miércoles que las condenas impuestas a María Salmerón por este motivo "no serían posibles hoy con la Ley de Infancia", ya que esta "suspende las visitas con maltratadores y prohíbe el falso SAP [Síndrome de Alienación Parental]".

"Por eso era necesario el indulto. Debemos proteger a mujeres e infancia de la violencia machista cuando aún están vivas", ha añadido Montero.

La decisión del Ejecutivo se ha conocido este miércoles, pese a que la reunión del Consejo de Ministros, en la que se aprobó la propuesta del Ministerio de Justicia de no darle la medida de gracia a Salmerón, se celebró el martes. Un indicativo de que la medida no se habría llevado a debate entre los miembros del Ejecutivo.

Igualdad siempre se había mostrado favorable a conceder el indulto a Salmerón. La propia Montero ha mostrado su interés por el caso de Salmerón y otras víctimas de violencia machista con regímenes de custodia compartida de sus hijos con un padre maltratados. Por eso, la decisión de no indultarla se ha recibido como un jarro de agua fría en el Ministerio.

La primera reacción llegó la mañana de este miércoles por parte de la secretaria de Estado para la Igualdad y contra la Violencia Machista, Ángela Rodríguez Pam. En un acto público en Salamanca, Rodríguez ha señalado que esta decisión es un "fracaso del sistema judicial".

"Lo que está sucediendo en este país con las madres protectoras es un fracaso del sistema judicial. No puede ser que una madre que intenta proteger a sus hijos e hijas de un maltratador, y que, por tanto, va a hacer lo que sea posible para que sigan vivos y vivas, sea condenada por la justicia y sea criminalizada. Si tenemos que indultar a estas mujeres, también tenemos que llegar a tiempo para evitar que entren en la cárcel", ha asegurado.

Salmerón llevaba esperando desde 2020 a que el actual Gobierno se pronunciara sobre su última petición de gracia por otra sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, que le impuso nueve meses de cárcel y una indemnización de 3.000 euros como responsabilidad civil por un delito continuado de desobediencia a la autoridad con la agravante de reincidencia. No obstante, el mismo juzgado había suspendido la ejecución de al condena hasta que el Gobierno se pronunciara sobre la última solicitud de indulto.

Justicia ha fundamentado su propuesta rechazarlo "por imperativo legal". Se basa en que la ley exceptúa el indulto para condenados que hayan reincidido en algún tipo de delito, salvo que el tribunal sentenciador o el Consejo de Estado vean "razones suficientes" para concederlo. En este caso, los informes del Tribunal que la condenó, de la Fiscalía y del perjudicado han sido desfavorables y Salmerón no ha satisfecho las responsabilidades civiles, indican fuentes del Gobierno, lo que ha obligado al Ejecutivo a denegar la medida de gracia.

Tras sus declaraciones a la prensa, la secretaria de Estado de Igualdad ha sido aún más explícita en su cuenta de Twitter. "No compartimos la decisión de no indultar a María Salmerón. De haberse juzgado el caso con la ley de infancia aprobada, nada habría sucedido. Un padre maltratador no puede ser un buen padre. Que María entre en la cárcel es un fracaso de las instituciones", ha escrito.

Más contundente ha sido la reacción de Victoria Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que considera que no indultar a Salmeró es una victoria de quien maltrata. "Es un gran triunfo de la violencia de género que un hombre que la maltrató desde la boda, fue condenado a prisión que no cumplió, y consiguió un régimen de visitas contra la voluntad de su hija, vea a su víctima en prisión por desobediencia", ha escrito en su cuenta de Twitter. "El indulto sirve cuando la justicia yerra, ya sea una o más veces", ha añadido.

También ha criticado la decisión la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, que ha asegurado que la futura entrada en prisión de Salmerón es "un mensaje terrible para las mujeres de este país y para sus hijos e hijas". A través de Twitter, ha añadido que "quien ha decidido denegar su indulto debe rectificar. Es responsabilidad de la Justicia y del Gobierno protegerla. 
Ningún maltratador es un buen padre".

Una norma de "152 años de antigüedad"

La Asociación de Mujeres Juezas de España también ha lamentado esta decisión del Gobierno. En un comunicado, la organización considera que "se ha truncado" la "única oportunidad que quedaba para restaurar las disfunciones provocadas por el propio sistema". Critica la "aplicación rígida de una Ley decimonónica por parte del ejecutivo" y se pregunta "cómo es posible que no se haga una interpretación más flexible de esta norma de 152 años de antigüedad", sobre todo después de que se haya modificado el Código Civil para evitar que los hijos de un progenitor condenado por violencia de género tengan que exponerse a un régimen de visitas o custodia compartida con ellos.



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