Un total de 61 migrantes han sido encausados por el ministerio fiscal marroquí tras la masacre vivida en la valla de Melilla. La defensa ha solicitado la puesta en libertad provisional de 33 de ellos haciendo alusión a su estatuto de refugiados.

La segunda sesión del juicio se ha celebrado en el juzgado de Primera Instancia de Nador, donde se ha concedido un aplazamiento hasta el día 12 de julio para dar más tiempo a los abogados para preparar la defensa. Los migrantes, en su mayoría sudaneses que huían de la guerra, han comparecido por videoconferencia para confirmar sus nombres.

El ministerio fiscal marroquí los imputa por delitos de "organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos", además de injurias, uso de violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños a bienes públicos.

"Solicitamos de la Fiscalía juzgar en libertad provisional a estas personas, la garantía es su estatuto de refugiados", alegó ante el juez Mbarek Buyereg, uno de sus abogados. Una petición a la que está previsto que el ministerio público responda con brevedad.

La defensa de los migrantes acusados estaba compuesta por letrados voluntarios de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la ONG GADEM, especializada en ayuda a los migrantes. Además de observadores de estas dos asociaciones, también acudieron a la sesión representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal).

El CNDH ha formado una delegación exploratoria para estudiar si las autoridades marroquíes respetaron los derechos humanos de los migrantes en su intervención, en la que según las fuentes oficiales murieron al menos 23 de ellos. Las organizaciones humanitarias y los migrantes que vivieron la tragedia sostienen que han sido más. Muchas familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos y si aún continúan con vida. Según narran los supervivientes, las autoridades marroquíes "los mataron y los dejaron morir" y a muchos de ellos los mantienen retenidos sin ningún motivo.

Una intervención en la que según las imágenes publicadas en exclusiva por 'Público', los gendarmes marroquíes cruzaron a suelo español para practicar devoluciones en caliente. En ella, fueron arrestados 1.500 migrantes, de los cuales 61 han sido procesados. El resto fueron alejados y puestos en libertad en ciudades del centro y el sur de Marruecos. Muchos de ellos heridos y abandonados a su suerte, subsisten entre cartones en las calles con la única condición de mantenerse alejados de España.

A los 28 migrantes restantes a la espera de juicio se les achacan crímenes más graves como organizar la entrada y salida de personas "de forma habitual", lo que supone elevar el delito al tráfico de seres humanos. También serán juzgados por secuestro y retención de agentes para usarlos como rehén y otros delitos violentos.